La Universidad de Costa Rica fue declarada Institución Benemérita de la Educación y Cultura Costarricense por su contribución histórica al desarrollo de una sociedad democrática y justa, en la cual, la dignificación del ser humano es un pilar de su quehacer cotidiano, abocado a orientar su función sustantiva a la excelencia en favor de la sociedad costarricense.
Bajo este incuestionable antecedente, la dignificación del ser humano es una de las bases que fundamenta nuestra institucionalidad, y cuya defensa únicamente puede justificarse bajo los mismos principios y valores en los que se fundó nuestra Universidad. Por esta razón, no debe verse como un recurso utilitario de uso indiscriminado para intereses personales o de grupos con intereses particulares, ajenos a los principios en los que reposan nuestra gestión académica y nuestro aporte a la sociedad costarricense. Así, el desarrollo de la actividad académica y administrativa se debe ejecutar desde el mismo punto de vista, basado en el respeto personal y colectivo, y en estricto apego de las bases jurídicas en las que fue cimentada.
Nos enfrentamos hoy a una serie de retos y necesidades estructurales de gestión, de resolución de conflictos, de mejoramiento organizacional, entre otros, que deben resolverse en el mediano y largo plazo, por medio de procesos transparentes y justos.
Al tiempo que enfrentamos esos retos, se intenta viciar el rumbo de la institución en su proyección estratégica de la función sustantiva, mediante la manipulación y tergiversación de la información, desviando la atención de las necesidades reales, en detrimento del bienestar de la comunidad universitaria. En esta práctica, se confabulan algunos políticos, funcionarios universitarios y grupos de poder particulares, que impulsan agendas personales e intereses ajenos de la razón de ser de la Universidad de Costa Rica. Es así como se intenta debilitar el tejido institucional, se minimiza nuestro aporte a la sociedad con la intención de anular el esfuerzo de todos aquellos funcionarios que estamos trabajando arduamente bajo un esquema de excelencia en la gestión.
Cabe destacar que el uso de estas estrategias con el fin de crear una aparente crisis de confianza en nuestras estructuras compromete los procesos en la gestión universitaria. La necedad de distorsionar la realidad, en lugar de formular críticas constructivas para forjar soluciones que beneficien y refuercen a la institución dentro de sus ámbitos de competencia, debe causar suspicacia a nuestra comunidad ¿Quiénes se benefician del desprestigio de las instancias universitarias?
Uno de los hechos recientes más lamentables es la postura de algunos grupos al intentar lesionar nuestro sistema de elecciones interno, el cual preserva la pulcritud, transparencia y legalidad de las elecciones de quienes ocupan los cargos de mayor jerarquía y responsabilidad. Por ello, la Comunidad Universitaria debe responder de manera inequívoca y activa en la preservación de las bases en que se fundamenta nuestro Estatuto Orgánico.
Socavar la dignidad y los derechos de un funcionario, o de las instancias que estos representan, – independientemente del puesto que ostenten – por algunos grupos minoritarios que utilizan como pretexto la defensa de la Institucionalidad, contradice los principios fundadores de nuestra Benemérita Institución y, por ende, atentan contra la dignidad y el quehacer de toda la Comunidad Universitaria.
Atribuirse como un derecho el lesionar con sustento en una errónea interpretación de la normativa despachos como el de la Rectoría y sus dependencias, impulsar procedimientos espurios dentro del Consejo Universitario y utilizar sin criterio técnico y de manera desproporcionada los pronunciamientos de instancias como la Contraloría Universitaria, no es un fenómeno local temporal. Los grupos universitarios interesados en contaminar los procesos institucionales se equivocan en pensar que el prestigio de la Universidad y, por ende, de la comunidad universitaria de frente al Gobierno y la Sociedad costarricense se podrá recuperar fácilmente a futuro, esto porque nuestra imagen depende de cuán estables y robustos sean nuestros órganos y de la pureza y legalidad de los procesos a lo interno.
La no aplicación del principio de proporcionalidad en adición a la pretensión de implementar procesos sancionatorios sin marco normativo que los sustente, aunado a la carencia de procesos previamente establecidos que garanticen los derechos individuales y colectivos, no es parte de la doctrina jurídica del Estado de Derecho, ni tampoco encuentra asidero en los principios fundadores de nuestra Universidad.
La comunidad universitaria debe darse a la tarea, hoy más que nunca, de defender y reforzar las bases elementales que dieron origen a nuestra Universidad, apegados a nuestra tradición humanista, en la que la preservación del respeto y la dignidad individual y colectiva es la base de nuestra actividad sustantiva.
