“La isla de los hombres solos” es el título de una novela que los costarricenses conocemos bien. Fue escrita por uno de esos “hombres solos” que conoce en carne propia los rigores de la cárcel de San Lucas, el famoso centro penal que funcionó por más de un siglo en la isla del mismo nombre y que es el símbolo de la dureza con la cual, según algunos, debería tratarse a las personas privadas de libertad per se. Si bien el centro cerró sus puertas a principios de los años 90, aún hoy, de vez en cuando, se escucha a algunos nostálgicos mencionar que debería reabrirse, aludiendo simbólicamente a la “mano dura” que el Estado debería aplicar a quienes sean condenados por quebrantar la ley.
Para nadie es un secreto que reabrir San Lucas como centro penitenciario siempre ha sido una quimera, no solo por las onerosas mejoras de infraestructura que significaría ponerlo a punto para que cuente con las características de seguridad indispensables, o por los costos de operación y mantenimiento inherentes, sin mencionar los costos de transporte para los movimientos diarios de entrada y salida, pero más que eso, por lo que está en el corazón de esa propuesta: la negación de los derechos humanos.
En el inconsciente colectivo “San Lucas” no representa justicia, sino que es símbolo de venganza, de maltrato, de lanzar a un lugar “fuera de la sociedad”, nunca mejor representado que por una isla donde la gente que llega no vuelve más; donde los sentenciados van a “pudrirse” para que paguen por sus delitos. Esa era la concepción de centro penitenciario hace varios siglos, y si bien tanto San Lucas como otras prisiones ubicadas en islas han quedado atrás como vergonzosas lecciones en materia penitenciaria, evocarlas hoy en día es un reflejo de una línea de pensamiento que ve en el cumplimiento de la pena un fin en sí mismo, y no un medio que busca que el ser humano trascienda a sus propios errores. Afortunadamente, el sentido común y el progreso están llevando a San Lucas a lo que debe ser: un destino turístico con enorme potencial.
Distanciándose de quienes, simplistamente, ven en la cárcel un fin y no un medio, desde hace varias décadas la ciencia social ha venido evolucionando para que los sistemas penitenciarios en el mundo se conviertan en procesos, y la sola noción de la palabra “proceso” lleva intrínseco movimiento, un fluir, no es algo estancado, sino algo que tiene un comienzo y va dirigido a través de diferentes etapas hacia un propósito.
En Costa Rica, cada persona sentenciada al comenzar el cumplimiento de su condena inicia a su vez un proceso de atención individual, en el cual trabajará sus condiciones personales en preparación para el egreso del sistema penitenciario. Esto incluye atención psicológica, orientación para sus procesos de convivencia y resolución de conflictos, tanto con otras personas privadas de libertad como con funcionarios del sistema, así como para transformar su posición frente al delito o bien, para que formen parte de movimientos culturales que les genere un sentido de pertenencia a la comunidad, para combatir la enajenación y estigmatización que produce la reclusión en una cárcel.
Se trabaja también la atención de su salud, el desarrollo de procesos educativos, que pueden ir desde la propia alfabetización hasta un grado universitario, así como acompañamiento de trabajo social para el desarrollo de una opción productiva que les permita adquirir o fortalecer habilidades laborales; actualmente el Ministerio tiene en ejecución 13 convenios de cooperación con otras instituciones o empresas privadas para este fin, en temas tan variados como moda, producción de ropa hospitalaria, jardinería, reciclaje o acabados de construcción.
Esto es reflejo de poner en el centro de la política penitenciaria a la persona y no al delito que cometió, buscando modificar formas y contenidos de pensamiento, relacionamiento con otras personas y características de afectividad, así como sus preferencias y elecciones respecto del orden social establecido, esto con la intención de crear una nueva posición de la persona privada de libertad frente a sí mismo y frente a la sociedad, para prevenir la futura comisión de delitos.
Si se hiciera una radiografía de la población penitenciaria costarricense se verían factores que se repiten: pobreza, carencias educativas, consumo de sustancias psicoactivas, falta de atención en salud y pocas oportunidades laborales. Más de la mitad de población penitenciaria tiene 35 años o menos, es decir, son jóvenes y forman parte de la población económicamente activa de este país. En el caso de las mujeres, cerca del 85% de las privadas de libertad trabajaba en comercio informal, en actividades como ventas ambulantes, labores domésticas remuneradas y servicios, y se encuentran descontando penas mayoritariamente por temas de narcomenudeo. Si bien cada vez es más frecuente encontrar estructuras criminales cumpliendo condenas, también hay muchas historias de dramas humanos para quienes los centros penitenciarios son un eslabón más en una cadena de vida en la que todo lo que podía salir mal, salió mal.
Con una tasa de 374 privados de libertad por cada 100mil habitantes, Costa Rica es el tercer país de Centroamérica que más encierra, superado únicamente por El Salvador y Panamá; se ubica entre los primeros veinte a nivel mundial y ocupa un no muy honroso segundo lugar en relación con los países de la OCDE, solamente superado por Estados Unidos (655 por cada 100mil habitantes).
En los últimos 10 años la población penitenciaria ha crecido un 78%, siendo que a mediados del 2020 superaba las 16.000 personas, 14% de las cuales son indiciados, es decir, personas sobre las cuales recae la medida cautelar de la prisión preventiva, algunos en esta condición por varios años. A esto se suman 3.000 personas en el sistema semi institucional y 1.700 en modalidad de monitoreo electrónico. Los números crecen cada día: en promedio ingresan mensualmente a los centros penitenciarios del país unas 622 personas.
El crecimiento de la población penitenciaria pasaría desapercibido si no fuera porque los 34 mil metros cuadrados en los que se ubica no han crecido al mismo ritmo, generando que los centros penitenciarios acumulen de manera global a hoy un 27% de sobrepoblación, siendo ésta mucho mayor en algunos centros que representan los casos más críticos, así como también coexisten centros que no alcanzan siquiera a usar todos sus espacios.
Estas disparidades están fundamentadas en gran medida en una colección de órdenes de juzgados de ejecución de la pena que determinan el cierre de los centros y prohíben el ingreso de nuevas personas privadas de libertad, en algunos casos, a pesar de que dichos centros poseen espacios carcelarios disponibles. Esta ha sido una imposición que históricamente ha enfrentado la Dirección General de Adaptación Social, y que limita sus posibilidades de administrar adecuadamente el sistema penitenciario nacional.
Construir infraestructura penitenciaria no es ni rápido ni barato. En las últimas décadas, los aportes más notables en esta materia han sido, por un lado, la creación de las Unidades de Atención Integral con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, proyecto fundamentado en los estándares de infraestructura penitenciaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, de 5 años de ejecución desde su concepción hasta su puesta en marcha, con un costo que superó los 68 millones de dólares, gracias a los cuales se crearon tres centros que actualmente albergan a más de 1.600 personas. Además, trajo aparejado, un modelo de atención que busca potenciar las competencias de las personas privadas de libertad para la vida productiva en sociedad.
Por otro lado, se está llevando a cabo la construcción del proyecto “Terrazas”, en el Complejo Occidente (conocido como Complejo Reforma, en San Rafael de Alajuela), cuya gestación ha conllevado al menos seis años y cerca de 24 millones de dólares, convirtiéndose así en el proyecto de infraestructura penitenciaria más grande con fondos públicos que ha acometido el Ministerio de Justicia y Paz en décadas, y que traerá al sistema unos 1.200 espacios carcelarios. En esa misma lógica de las órdenes judiciales que se han recibido, algunas exigen la construcción de nuevos centros penitenciarios en menos de un año, siendo evidente que ello no va de la mano con la realidad material de generación de este tipo de infraestructura.
En materia de producción de leyes, la tendencia en las últimas décadas ha sido creciente en aquellas que tipifican nuevos delitos que llevan asociadas penas privativas de libertad, se establecieron también penas mayores y se crearon los tribunales de flagrancia, pero no se acompañó, a su vez, de una tendencia proporcional en la asignación de los recursos presupuestarios para acoger todos los nuevos ingresos que ello ha traído y sigue trayendo diariamente al sistema penitenciario.
Esta realidad explica, en gran medida, los datos de sobrepoblación ya mencionados; además, deja ver una preferencia social por la cárcel como medio para el pago de las penas, a pesar de que es evidente, nacional e internacionalmente, que mayores tasas de prisionalización no son sinónimo de erradicación de los delitos porque, de serlo, sería de esperar que no se tuvieran nuevos delincuentes o que nadie más quebrantara la ley.
Hay un riesgo social en las promesas de más encierro sin base en resultados objetivos, que solo alimentan el odio entre los habitantes de un país. Vista esta realidad, se impone un llamado a la reflexión acerca del modelo social, criminal y penitenciario que se quiere para Costa Rica, si es que se propone al derecho penal como la alternativa preponderante para la solución de los conflictos sociales.
Atender a esta creciente población penitenciaria, en las condiciones materiales actuales, no sería posible si no fuera por la vocación de servicio del talento humano técnico y policial con que cuenta el Ministerio de Justicia y Paz; no obstante, queda inevitablemente al descubierto la acumulación de una deuda histórica que clama por más personal. Hoy en día, por ejemplo, un profesional en Trabajo Social atiende a 126 personas privadas de libertad, uno en Psicología a 228 y uno en Educación a 505.
Pero no solo es una deuda de cantidad, sino también de calidad, entendida como mejores espacios y opciones para su crecimiento profesional, capacitación y preparación científica, pero principalmente, una permanente sensibilización sobre el propósito que cumple el sistema penitenciario costarricense.
Es por esto que el Ministerio trabaja en la capitalización de la experiencia de los funcionarios que tienen años, o incluso décadas de servicio en la institución, así como en el fortalecimiento y evolución de la carrera técnica y policial penitenciaria de las nuevas generaciones, que tenga al diálogo, la empatía y la disciplina como sus principales herramientas de trabajo, para salvaguardar la seguridad de las personas y el cumplimiento correcto de las penas privativas de libertad de cada una de las almas bajo nuestra responsabilidad.
Es entonces como en este contexto de realidad material, voluntad, vocación, experiencia y limitaciones, que el trabajo del sistema penitenciario ha dado sus frutos en medio de la coyuntura de la pandemia por el Covid-19, logrando mantener por más de cuatro meses en cero los casos de contagio del virus a lo interno de los centros penitenciarios, a pesar de que el virus ya había llegado al país; para el momento en que se registró el primer caso del virus en población penitenciaria, Costa Rica estaba entre los únicos tres países del continente que no registraban aún contagios, y a la fecha permanece entre los tres países con menos casos positivos (un 1,6% del total de la población).
Esto no es obra de la casualidad, sino de la planificación que se inició desde el mes de febrero, producto de la cual la institución cuenta con protocolos trabajados y revisados en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, tanto para la prevención, el traslado como para la atención de un potencial contagio masivo.
La clave fundamental en esta contención ha estado, por un lado, en el aislamiento de los nuevos ingresos al sistema (muchos de los cuales llegan con su prueba Covid positiva en mano), así como de los privados de libertad que salen a hacer diligencias médicas o judiciales, a cuyo regreso al centro deben cumplir también un periodo de aislamiento preventivo; y por otro lado, del trabajo constante con el personal penitenciario y los funcionarios de la institución para que asumamos las medidas sanitarias de prevención no solo durante la permanencia dentro de los lugares de trabajo, sino en los ambientes personales y comunitarios fuera de los horarios laborales.
Nada que tenga que ver con el trabajo en el sistema penitenciario es sencillo, pero no por ello se deja de hacer con convicción y con corazón. Sobre la mesa hay muchas brecha que cerrar ya mencionadas y otras, como por ejemplo, estudiar a fondo la reincidencia para identificar los vacíos que pudieran estar asociados con falencias del sistema; la conformación de un programa robusto de asistencia post penitenciaria, que ayude al egresado en el proceso de incorporación comunitaria, o bien, la creación de un estándar costarricense que defina los parámetros de diseño para todas las obras de infraestructura penitenciaria que se desarrollen en el país, con base en las mejores prácticas internacionales, todo esto sin quitar de la mirada la necesaria articulación con los entes responsables de la política penitenciaria y la política criminal, que permita coordinar acciones coherentes entre los tres poderes de la República, así como la fundamental iluminación del alma del sistema penitenciario en la conciencia nacional, vista desde la responsabilidad y no desde la venganza; visto como la oportunidad de inserción social y no como la condena a pudrirse.
Como reza nuestra Política penitenciaria, ciertamente más allá de las restricciones asociadas al descuento en prisión con respecto de la libertad de tránsito, las personas privadas de libertad se encuentran cobijadas por los mismos derechos que cualquier otra. De ahí la trascendencia de que, como sociedad y como Estado, logremos hacer valer esta verdad como una apuesta social a presente y a futuro, con la certeza de que el sistema penitenciario nunca puede ni debe ser “una isla de hombres solos”.
