Iniciamos un nuevo gobierno. Este cambio es producto de una campaña política en la cual sobraron los ataques y las promesas, algunas más coherentes que otras. Pero, finalmente, todas fueron eso: promesas. Entonces, ¿en que se basaron los candidatos para generarlas? Pues claro está, en su afán de conquistar al electorado según las necesidades y prioridades de todos los sectores que pudieran: empresarios, personas desempleadas, productores, académicos, exportadores, funcionarios públicos y privados, mujeres jefas de hogar y un larguísimo etcétera.
Ahora bien, sería imposible que cualquier candidato(a) pudiese traducir todas aquellas necesidades y prioridades por sí solo(a), ya que debería saber de todo: seguridad ciudadana, economía, prestación de servicios de salud, agronomía, ambiente tecnológico y ciberseguridad, finanzas públicas y otro larguísimo etcétera. Por eso, a la hora de diseñar una propuesta de propuesta de gobierno y presentarlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, debió apoyarse en quienes mejor lo asesoran para no incurrir, como en otras ocasiones, en las más puras falacias que después de cuatro años no se cumplieron y, ahora sí, busquemos una excusa; que si fue culpa de la pandemia, de la guerra en Ucrania, de la regla fiscal, del hackeo a los sistemas de gobierno, o del aparente anquilosamiento de la burocracia pública; en fin, cualquiera sirve para justificar los incumplimientos.
Entonces, vamos aterrizando. Los puestos sujetos al nombramiento del Presidente resultan clave para cumplir lo prometido. Pero no se trata de nombrar con base en currículums rimbombantes, que contienen títulos con denominaciones que, o no entendemos, o peor aún, nunca han ejercido o aplicado lo estudiado dentro de la función pública.
Para muestra un botón: un Ministro de Obras Públicas y Transportes, sus Viceministros y el resto de su personal de confianza deberá conocer la existencia de la Ley de Planificación Nacional, la Ley de Concesión de Obra Pública, la Ley de Simplificación Tributaria, la Ley de Administración Financiera de la República, la Ley General de Contratación Pública, la Ley General de Control Interno, por citar al menos las más necesarias de conformar su Biblia jurídica de consulta diaria. Dicho reconocimiento es una responsabilidad ineludible de la jerarquía pública, ya que, será este entramado legal el que permitirá o impedirá materializar aquellas dichosas promesas de campaña.
Un(a) jerarca público conocedor(a) de su campo generará estrategias para, a pesar de, o con apoyo de las leyes vigentes, dirigir su nave y dar la cara ante la ciudadanía, la Asamblea Legislativa o la Contraloría General de la República por lo realizado total o parcialmente.
Eso se necesita para ser un buen Presidente: disponer de un equipo conocedor de sus funciones, responsabilidades y del servicio público al que se deberá por los próximos cuatro años
