En estos días, en las noticias, las redes sociales y WhatsApp parece que solo se discute sobre la emergencia sanitaria, el número de casos, la falta de ventiladores, el uso de mascarillas, los adultos mayores y la crisis económica.
Pero ¿qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Entre los discursos hacia esta población es posible identificar uno que los ubica como posibles “súper contaminadores”, ya que tienen muy pocas probabilidades de enfermar gravemente, pero como “tocan todo” y “no tienen cuidado” pueden propagar el virus con facilidad.
Esto ha llevado a que se posicione un discurso que los considera poco vulnerables frente a la pandemia.
Sin embargo, la emergencia va más allá de lo sanitario y requiere de una comprensión más amplia del concepto de salud pública, que abarque sus diferentes manifestaciones y considere las particularidades que presentan todos los grupos etarios.
Si se amplía la mirada no solo a la atención inmediata de la emergencia, es posible descubrir las diferentes problemáticas ya existentes en nuestra sociedad que la pandemia acrecienta, las cuales colocan a niñas, niños y adolescentes en una condición particular de vulnerabilidad. La virtualización del curso lectivo, según Stefania Giannini subdirectora de Unesco, aumentará la desigualdad educativa en el mundo.
En nuestro país resaltan una vez más las enormes diferencias entre la educación pública y privada, así como la brecha tecnológica presente entre el centro y la periferia. Además, nos recuerda la importancia que tienen los centros educativos como comunidades de sentido, que proporcionan en muchos casos el alimento y la contención que alumnos y alumnas no encuentran en sus familias.
En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo.
Según cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cerca de 250 mil personas reportan actualmente cero ingreso para el mes de marzo, lo que sin duda elevará la cifra de pobreza infantil.
Condición que se agudiza en poblaciones más vulnerables como la indígena, la migrante, en situación de discapacidad o afrodescendiente.
Otra de las situaciones que se presenta en este contexto para la población es el aumento de la violencia física y psicológica.
El Hospital Nacional de Niños alzó el año anterior la voz de alerta ante un incremento en la formas de violencia contra niñas y niños, especialmente de abuso sexual.
Las estadísticas del Poder Judicial indican que este delito se comente en más del 80% por familiares y conocidos de las personas sobrevivientes, por lo que hay muchas niñas y niños que conviven en esta cuarentena con sus agresores. Ahora bien, es importante considerar el efecto emocional del confinamiento en niñas, niños y adolescentes sumado a las situaciones de violencia y precariedad ya existentes.
Como muestra de lo anterior, profesionales en Psicología han señalado que el confinamiento puede tener importantes implicaciones psicológicas para ellas y ellos, pues altera su estado de ánimo y les genera confusión.
El cambio drástico de rutina que implica dejar de convivir con sus pares, sus profesores y algunos familiares les puede generar emociones de tristeza e irritabilidad, las cuales en algunos casos se les dificulta analizar y expresar.
El balance anterior permite señalar lo imperioso de que las políticas públicas que se desarrollen para enfrentar la pandemia consideren las necesidades y las perspectivas de niños, niñas y adolescentes.
Por consiguiente, el balance anteriormente realizado coloca la compleja necesidad de que el Estado costarricense, a la vez que atiende al conjunto de la sociedad ante una situación inesperada y cambiante, particularice en las necesidades poblacionales en este caso, en lo relacionado con niñas, niños y adolescentes.
La labor de los actores políticos, técnicos y académicos en materia debe ser justamente apoyar en esa direccionalidad del quehacer estatal para la mejora en las condiciones de vida de la población.
