Puesta la ley…

Lo ocurrido en Salitre, el lamentable asesinato de Sergio Rojas, la violencia de los finqueros y la displicencia del Gobierno, dan mucho que pensar.

Lo ocurrido en Salitre, el lamentable asesinato de Sergio Rojas, la violencia de los finqueros y la displicencia del Gobierno, dan mucho que pensar. Tema complejo que trataré de condensar según mi experiencia y observaciones en los territorios indígenas. Creo que lo que está en disputa no es el suelo sino el subsuelo.

En 1977 salió la ley indígena N.6172. Si no ha sufrido modificaciones, en su artículo 6 hay un párrafo que dice: “Los recursos minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo de estas reservas son patrimonio del Estado y de las comunidades indígenas. Los permisos otorgados para la explotación minera caducarán en el término fijado originalmente en las concesiones y solo podrán ser renovados o prorrogados mediante autorización dada por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai)”. Después de esta ley vino la concesión petrolera otorgada a MKJ Exploration que firmó  Elizabeth Odio, Ministra de M.A Rodríguez. José María Figueres se fue con un mapa de Costa Rica dividido en 24 bloques para enseñarlo a los petroleros de Texas. Petroleros mexicanos (Pemex) y el ICE hicieron trabajos de prospección en  Campo Diablo, Bribri, y Harken exploró el mar de Limón. Cierto que el ex presidente Pacheco declaró una moratoria petrolera pero esta se puede levantar.  ¿Y qué hay en el subsuelo? Dice Luis Ferrero en su libro Talamanca el espacio y los hombres, que ya en el siglo XIX W. Gabb reportó petróleo, oro, cobre y carbón mineral en  la cordillera de Talamanca.

Si el Gobierno, a través de un Ministerio, firma  las concesiones  mineras y petroleras, y Conai (también del Gobierno), tiene facultad para  renovarlas y prorrogarlas, entonces las y los habitantes de las reservas indígenas no tienen ningún derecho sobre el subsuelo. Y si quienes viven en los territorios  indígenas,  no son indígenas protegidos por organismos internacionales, sino que son, por ejemplo, los finqueros precaristas de Salitre, a estos -blancos- el Estado costarricense los podría desalojar sin dificultades legales de ningún orden, o  tal vez la misma empresa concesionaria los pueda ocupar como mano de obra barata.

Puesta la trampa, una alianza entre los monstruosos capitales del extractivismo  y la no menos monstruosa corrupción local, no está fuera de lo posible. 


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