Hace tres lustros, quienes aportamos a la recomposición de las reglas anticorrupción que aún hoy rigen en Costa Rica, discutíamos sobre la urgencia de prevenir los conflictos de interés -en cuenta: las puertas giratorias- así como la importancia de sancionar las malas prácticas de quienes oculten sus dobleces, beneficiándose indebidamente a su paso por la función pública.
Así, desde que los conflictos de interés posibilitan corruptelas solapadas y convenientes acomodos que terminan torciendo el interés público, sacrificándolo en los altares del interés privado, ya sea este, gremial, corporativo o meramente individual.
De ahí, precisamente, que baste la potencialidad de algún conflicto de interés para urgir su corrección y sanción. Toda vez que el interés público no admite confusiones impúdicas ni cruces inconfesables, sea con el ánimo de lucro privado o las lógicas partidarias, que todo lo disminuyen a una lógica transaccional.
Así las cosas, los conflictos de interés en la función pública no deben permitirse ni por aproximación. Sea, basta que un conflicto de interés sea potencial, y en ese tanto amenace la integridad pública, para que se adopten medidas preventivas.
Hoy recuerdo con pesar, que llevábamos razón quienes proyectábamos que las “declaraciones juradas” serían provechosas, sí y solo sí, la Contraloría General se decidía a contrastar tales “declaraciones”, recurriendo a la inteligencia artificial, al tiempo que los judiciales apuntaban a complementar, valientemente, ese primer esfuerzo administrativo, echando mano a la figura de los “capitales emergentes” que permite requerir a los funcionarios públicos que mostraran indicios de enriquecimiento sin causa, las pruebas suficientes que salvasen de toda duda versada sobre el origen de esos activos sospechosos.
Entre los funcionarios típicamente más observados por razones consabidas, interesaban los peritos, árbitros, jueces, fiscales, auditores, intendentes, ministros, diputados, proveedores, gerentes, directores y juntas directivas, entre otros símiles que, usualmente, ostentan la más peligrosa licencia pública: la discrecionalidad. Ni qué decir del presidente o su primera dama. Esta última, sin cargo público, pero aún así, con enorme y notoria influencia.
El caso es que todos los que hemos pasado por la función pública, hemos sabido de funcionarios de proveedurías que aceptan regalías nada despreciables, o de directivos con propiedades excesivas o sospechosamente lujosas para un burócrata y hasta de presidentes con vacaciones “gratuitas” y vuelos “donados”, para él, su familia, e incluso su cohorte más cercana o séquito asesor.
Hoy padecemos una pandemia que, desde la salud pública, ha evidenciado falencias específicas, también en la acera de la ética pública. Y ello nos golpea e insulta, como país quebrado en sus finanzas y legitimidades.
Bien haríamos en reconocer también, que una de esas amenazas que podríamos dar en llamar, “crisis secundarias”, se expresa a través de los conflictos de interés, y más puntualmente, de las puertas giratorias (“revolving doors” si atendemos a la expresión de origen) que muy pocos estamos viendo y nadie está controlando.
Algunos casos que urgen revisión y podrían configurar presuntos conflictos de interés, una vez lo determine un juez de la República, o aun antes, las instancias de contralor competentes y sobre los que llamo la atención respetando el principio de inocencia y sin que se tome este inventario como afirmaciones (que no me corresponden desde la llanura), sino solo como supuestos que deberían revisarse.
Rodrigo Cubero, actual presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica, viene de ser funcionario de larga data del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Quién está a cargo de la negociación por parte del Estado costarricense de esta implicante y carísima negociación con el FMI?
Correspondería a una Procuraduría de la Ética Pública (PEP) más oportuna y despierta, analizar en detalle si: ¿Cubero renunció al FMI, o simplemente, pidió un permiso para venir a Costa Rica a incrementar su currículum al frente del BCCR, y de paso, conducir una negociación con sus verdadero (ex)patrón?
Ese presunto conflicto de interés, se las trae y podría invalidar de raíz, toda la negociación adelantada hasta ahora, por un descuidado Ejecutivo “patrio”.
Rocío Aguilar es otro caso que deberían analizar en detalle tanto la PEP como la Contraloría General (CGR), dado su paso por Aldesa, Deloitte, hacienda y ahora las superintendencias. Ese giro tan dinámico muestra serios inconvenientes que deberían cribarse con mucho mayor cuidado, por parte de las entidades de control.
André Garnier no es un caso muy aparte. Sin que podamos decir mucho sobre su rol específico, algo opas a estas alturas de la administración como ministro de enlace entre el sector privado (léase: el gran empresariado) y el gobierno (entiéndase: loncheras y aprendices). Máxime siendo, ese magnate, un actor protagónico en los negocios inmobiliarios, zonas francas, turismo, entre otros. Su papel protagónico, claramente a la diestra del presidente, así como su inexperiencia como empleado público, debería concitar la atención debida. Amén de las dimensiones de su emporio así como su ligamen con ese monstruo de mil cabezas en que se erigió Horizonte Positivo, cuyos despropósitos han sido vinculados hasta a la UPAD.
Román Macaya, copropietario de una empresa de insumos químicos que, presuntamente y hasta donde sabemos, por años ha tenido entre sus principales clientes a la propia CCSS, es un caso aparte, en vista de la riada de recursos liberados, cuan cheque en blanco, a la institución que ahora “preside” con enorme discrecionalidad, en tiempos de pandemia y convulsión política.
Gustavo Segura, el actual ministro de turismo, tiene a cargo la regulación y concesión de beneficios (declaraciones turísticas, inversión en promoción de unas regiones sobre otras, etc.) y viene de ser empleado de los grandes consorcios hoteleros que hoy regula y promociona. Sector al que, muy posiblemente, regresará, una vez termine su nombramiento ministerial. Ya hubo ministros en este ramo, cuestionados por estos giros.
La lista de casos es lo suficientemente amplia como para que, si la PEP o la CGR se hacen de la vista gorda, la Asamblea Legislativa se ocupe directamente mediante una Comisión Especial que investigue los conflictos de interés en la actual administración Alvarado-Dobles. Esto es: develándolos, condenándolos, inhabilitándolos y sobre todo, prohibiéndolos y sancionándolos.
Hemos tenido banqueros privados infiltrados en la banca pública y hasta en el Banco Central o Hacienda. Ni que decir respecto a las Superintendencias, tanto Financiera como de Pensiones.
Pero también abogados comercialistas metidos a ministros de comercio e incluso cancilleres deliberadamente enfocados en la apertura de destinos con mero cálculo económico. Contactos que, al regresar a la llanura de sus bufetes, se dedican sin rubor a explotar en beneficio propio.
Va siendo tiempo de evidenciar estos presuntos conflictos de interés y ponerles término.
¿Quién más se anima a ponerle el cascabel a esos gatos?
La UCR y CONARE financian distintos centros de investigación e institutos que bien harían en hacer a un lado la “encuestitis aguditis”, los estudios meramente normativos y las publicacioncitas inocuas, para tornar su mirada y concentrar los recursos públicos de los que se nutren, hacia lo que realmente importa.
