Hasta la década de 1970 Chile y Costa Rica tuvieron una experiencia parecida de desarrollo democrático socialmente inclusivo.
A inicios del decenio referido, mientras la sociedad costarricense profundizaba sus políticas sociales y reducía la pobreza a un mínimo histórico del 25% de los hogares, la chilena perdía su democracia y se abismaba en una de las más sangrientas dictaduras militares habidas en América Latina.
Una vez que las políticas neoliberales empezaron a extenderse a la región, su aplicación en Chile se hizo desde un marco institucional totalitario, que dejó a la sociedad chilena a expensas de los grupos empresariales y de las cúpulas militares.
En contraste, en Costa Rica las clases trabajadoras y las comunidades organizadas establecieron, en el contexto de la crisis económica de 1980 y de la recuperación posterior, límites a las pretensiones privatizadoras de los empresarios, de sus aliados políticos y de sus socios internacionales.
Pese a que Chile retornó a la democracia a partir de 1989, tal proceso fue estrictamente vigilado y supervisado por empresarios y militares y, en lo esencial, así se ha mantenido hasta el presente.
La reforma económica neoliberal implementada en Costa Rica, en cambio, fue gradual e incompleta, por lo que el Estado mantuvo el control sobre actividades fundamentales (educación y salud, entre otras), lo que le permitió complementar una política de salarios mínimos tendencialmente creciente (en términos reales) con otros importantes beneficios sociales.
El gráfico adjunto compara, en el período 1987-2019, la evolución de los salarios mínimos anuales en Chile y Costa Rica como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, todo calculado en dólares corrientes de cada año. Aunque Chile ha tenido un PIB per cápita mayor que el de Costa Rica, sus salarios mínimos han sido más bajos que los costarricenses.
Así, ¿Puede haber en Costa Rica una rebelión popular a la chilena? en el año 2018, el PIB per cápita de Chile fue de casi $16.000, mientras que el de Costa Rica ascendió a solo $12.000; pero mientras en Chile el salario mínimo fue de apenas $450 mensuales, el de Costa Rica fue de $520 al mes.
De esta manera, mientras en el 2018 el PIB per cápita chileno era 33% mayor que el costarricense, el salario mínimo en Costa Rica era casi un 16% superior al de Chile.
Así, el celebrado milagro chileno, ahora barrido por la protesta popular, fue construido sobre la base de salarios miserables.
Según se observa en el gráfico, desde finales de la década de 1990, los salarios mínimos anuales, como pro- porción del PIB per cápita, han variado de manera parecida en Chile y Costa Rica, con la diferencia de que en el caso costarricense esas remuneraciones se inscriben en una escala más alta y están más ampliamente influidas por las mejoras en la productividad (aunque, con respecto a esto último, la tendencia predominante es decreciente).
No existe evidentemente una respuesta para la pregunta que encabeza este artículo.
Procesos como los que ahora se manifiestan en Chile son por lo general resultado de la acumulación de condiciones de mediana duración y detonantes de corto plazo.
En Costa Rica, el descontento popular empezó a intensificarse en el año 2018 cuando el Gobierno amnistió fiscalmente a los grandes empresarios e impulsó una reforma tributaria social e institucionalmente regresiva, y económicamente recesiva, cuya regla fiscal, tan inconstitucional como in- necesaria, constituye una amenaza directa para las funciones sociales del Estado.
Adicionalmente, los representantes empresariales en la Asamblea Legislativa han impulsado un proyecto cuyos fines últimos son facilitar la ilegalización de las huelgas y la disolución de sindicatos, y criminalizar todavía más la protesta popular.
Puesto que esas cámaras siempre han mirado a Chile como uno de sus nortes, ahora deberían mirarlo todavía más.
