El proyecto de ley de empleo público que discuten los diputados en el Congreso costarricense amenaza con quitarles a las universidades públicas la posibilidad de mantener su propia administración, independiente del Gobierno Central, tal como lo establece la Constitución Política de la República en su artículo 84. Según esta ley, las universidades tendrían ahora que regirse por un sistema de salario global único para toda la administración pública, quedando así amarradas al Gobierno Central. ¿Tiene sentido? A primera vista puede que la idea de sistema salarial público único suene bien, ya que se podría creer que a ella subyace el principio de “a igual trabajo igual salario”. Lo que pasa es que la naturaleza del trabajo académico no es igual al que hacen otras instituciones, ya que cada sector de la administración pública tiene sus propias particularidades que deben ser consideradas.
Por ejemplo, según el sistema actual de las universidades, el ascenso en el escalafón de la carrera académica no es automático, sino que se basa en sistemas de puntajes sobre los méritos académicos, tales como las titulaciones de grado y posgrado en universidades oficialmente reconocidas, el dominio de lenguas extranjeras, la producción científica y la experiencia laboral universitaria, entre otros aspectos. Específicamente, en el rubro de producción científica es importante señalar que publicar en una revista académica no es fácil, pues se requiere pasar por rigurosos filtros de calidad, lo que en muchos casos puede tomar años desde el momento del primer envío hasta el momento de la publicación. Además, una comisión de pares expertos evalúa los trabajos publicados y les asigna un puntaje de acuerdo con una valoración de su calidad, que toma en cuenta el nivel de excelencia de la revista, el control editorial y el impacto en términos de citaciones de sus publicaciones. Este tipo de controles de calidad no se dan en las instituciones ejecutivas del Gobierno Central y podrían verse debilitados en las universidades si se establece un solo régimen salarial en toda la administración pública. Se produciría el efecto no deseado de lesionar la búsqueda demostrable de la excelencia académica y uno de los objetivos del trabajo universitario: la producción de conocimiento científico.
La división de poderes es consustancial a la vida en democracia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las universidades públicas?, ¿qué poder detentan? Las universidades públicas encuentran su mayor fuente de poder en su capacidad de dedicarse a la producción y difusión del conocimiento basado en la investigación rigurosa, lo cual las diferencia de otras instituciones sin especialización en investigación. La autonomía de las universidades es central para garantizar que la producción y difusión del conocimiento no esté bajo el control del Gobierno Central, lo cual les impediría discrepar de este, especialmente en momentos críticos de debate social y político, y en temas álgidos y delicados de la vida nacional.
Sin autonomía universitaria, la libertad de cátedra, otro pilar de la integridad académica, desaparecerá. Sin libertad de cátedra, los profesores perderían la capacidad de reflexionar libre, responsable y críticamente, y más bien se llenarían de temor de disentir de los intereses en el Gobierno Central, pues esto pondría en peligro su propia continuidad laboral en un sistema centralizado. No hay voces libres sin autonomía.
No estoy aquí defendiendo privilegios exagerados ni desequilibrados, ni salarios de lujo. Al contrario, me opongo a ellos y defiendo la meritocracia y el trabajo eficiente y eficaz, así como la rendición de cuentas y el perfeccionamiento de los sistemas de escalafón basados en el trabajo y la calidad. Me opongo a los salarios de lujo en la administración pública y creo que debe discutirse un techo máximo razonable, basado en el equilibrio financiero, la sobriedad y el sentido común. También, considero que a mayor salario, mayor debe ser el pago de impuestos, como ocurre en todos los países democráticos con sistemas fiscales progresivos.
Considero que aplicando principios inteligentes, como estos que correlacionen la excelencia en el servicio público junto al vital equilibrio financiero, es que el país podrá salir avante frente a los grandes retos actuales y futuros de una mejor forma, nunca recortando salarios simplemente por recortarlos, lo que solo vendrá a debilitar la calidad de los servicios públicos, que es esencial en la reactivación nacional ante la pandemia.
Que quede claro, no existe país en el mundo que se haya podido desarrollar sin un sector público robusto y esta pandemia ha dejado clarísimo que, sin este, Costa Rica no hubiera tenido ni de lejos la buena respuesta que ha logrado. Los sistemas salariales deben operar en función de la calidad del servicio, nunca en función del recortismo puro y duro, como lo pretenden diversos sectores del poder económico y político.
Dado lo anterior, creo que en efecto se debe reformar el empleo público, pero no simplemente al alza ni a la baja, sino en función de mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades nacionales, donde no haya ni salarios de hambre ni salarios de lujo, odiosos extremos que solo debilitan la paz social y perjudican la calidad de los servicios.
Las universidades públicas sin autonomía estarán atadas de manos para lograr sus objetivos y su misión social, y para evitar esto es crucial que puedan mantener y mejorar la razonabilidad de sus sistemas salariales, que deben siempre mantenerse lejos de los extremismos de las gollerías injustificables por un lado y del recortismo irracional por el otro.
