El 9 de julio de 1995, la administración Figueres Olsen, a través de la Asamblea Legislativa, aprobó la ley 7.531 que sustituyó la ley 7.268 y reformó la ley 2.248. Esta modificación fue acompañada por una campaña sistemática que decía que el Régimen del Magisterio estaba quebrado; que para asegurarse una pensión “digna” había que pasarse a la Caja Costarricense del Seguro Social; que en esa institución las cuotas que se iban a pagar eran menores. Y por supuesto, había que sustentar la reforma de pensiones del Magisterio Nacional en los continuadores de la política de mercado de los “Chicagos Boys” que había obrado el “milagro chileno” para privatizar y reducir el gasto fiscal: “En resumen, los regímenes especiales de pensiones no son viables financieramente, su sistema de beneficios es injustificable desde un punto de vista de equidad, su costo para el Estado es enorme y creciente, su impacto en la distribución del ingreso es regresivo, los mismos provocan un efecto de demostración perverso para el resto de la seguridad social y tienen el potencial para desestabilizar la economía del país” (cf. Oviedo, Maritza: “Consecuencias…pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional: EN: AulaDeEconomía.com)
Lo que omitieron los artífices de esos rumores era que los responsables de administrar estos fondos los habían derrochado y que las pensiones del Magisterio no estaban en quiebra. Tampoco dijeron que los docentes y administrativos, del sector del Magisterio y universitarios, se iban a pensionar con más años de servicio y con una paupérrima pensión, ni le dieron la publicidad necesaria al período de “gracia” para aquellos que podrían retornar al Magisterio.
Era la época del compadrazgo entre la saga neoliberal y los políticos parricidas del Estado Benefactor que, con espíritu filantrópico acordaron: liberar la banca, reformar el Código Municipal, establecer la Aresep… y el zarpazo al Magisterio Nacional cuando estaba de vacaciones y pese a que la huelga se extendió por un mes, al final, con trucos, represión brutal incluida, más el entreguismo impúdico de algunos dirigentes sindicales del Magisterio –tiempo después obtuvieron su premio-, la huelga claudicó.
Curiosamente, al mismo Presidente de la Asamblea Legislativa de aquella época del año 1995, Antonio Álvarez Desanti, conjuntamente con otros diputados que repiten en el Partido Liberación Nacional, ahora les toca sancionar el proyecto de ley 17.561, y en un acto de contrición, se comprometió a no seguir avocándolo. Ese proyecto, en resumen, permitiría el regreso de los docentes y administrativos del Magisterio Nacional y universitarios a su Régimen de Pensiones. Sin embargo, no es nada sencillo lidiar con los políticos de la Asamblea Legislativa que un día dicen sí y otro día dicen no, o más o menos: seres elásticos y peritos en su traje de camaleón. Por eso, unos cuantos tenaces e intransigentes del Magisterio Nacional (Eduardo y Marco) – también representan a los docentes de la UNED, UNA, UCR y TEC- que tienen muchos años de acudir a las barras de la Asamblea, insisten y hablan con moros y cristianos para reformar la ley 7.531, y enviarle señales a los directivos de la CCSS y del Ejecutivo que “lanzan” líneas para mantener avocado el proyecto.
Hay más, el regreso implica que los docentes tendrían que pagar las cuotas de su Régimen de Pensiones, es decir, las diferencias son onerosas y, según cada caso, pueden superar los 15 millones o más, y cada uno tendría que valorar si vale la pena o no el añorado regreso. Mientras tanto, cada miércoles estará la pancarta “JUSTA PENSIÓN”.
