Después de idas y venidas, correos electrónicos, reuniones presenciales o virtuales, manifestaciones en calle, recién el jueves 17 de junio del año en curso, se dio lo que muchos estábamos temiendo, se aprobó en primer debate, con 32 votos a favor, (12 PLN, PAC 8, PUSC 1, PRN 5, INDEP. 6) el Proyecto de Ley Marco Empleo Público, expediente 21.336.
Si bien es cierto necesitamos una propuesta de Empleo Público, que realmente responda a los equilibrios en materia socio-laboral, este proyecto no reúne los parámetros de eficiencia, eficacia y equidad, por más que lo digan los señores diputados que lo aprobaron. No se observa racionalidad ni proporcionalidad en el texto, lesiona los derechos humanos y los vicios de constitucionalidad son evidentes.
Ahora bien, a mi juicio el texto como un todo tiene sesgos, a continuación, tres ejemplos, a saber:
Erosiona la autonomía universitaria. Si queremos violentar el Estado Social de Derecho, como hacen los países de corte autoritario, empecemos por cerrarles los portillos a las universidades públicas, instituciones sagradas en materia de derechos humanos, de investigación, área social, prestación de servicios a la comunidad costarricense y otros elementos de enorme valía en la construcción y reconstrucción del ser humano; en otras palabras, la esencia del ser.
Lo anterior por cuanto la autonomía, establecida en nuestra Constitución, es de respeto, de acatamiento a las portas. Quitarles a las universidades públicas de un solo plumazo ese carácter de autonomía administrativa (presupuesto, organización y su dinámica) y ponerlas a la orden del Mideplan me parece a todas luces inconstitucional. Es ponerle un bozal, en toma de decisiones al criterio técnico, por ejemplo, en la escogencia de personal, según perfil de puesto. En otras palabras, es como ponerles en la testa “no pueden pensar”, porque aquí está el Ejecutivo de turno, dictándoles qué hacer, al estilo Paco y Lola.
Erosiona el Poder Judicial. Tan sensible y complejo es este tema que la misma Corte Suprema de Justicia informó a la Asamblea Legislativa que el texto en materia Judicial interfiere en su funcionamiento y en su dinámica institucional; es decir, ponerle por encima a Mideplan es como cercenarle sus derechos en su injerencia interna, según la Constitución Política. El estar supeditado cada 4 años al gobierno de turno no es sano para el Estado Social de Derecho, por tanto, en segundo debate se necesitan 38 votos (mayoría calificada). Otro elemento importante al aprobarse el proyecto de Ley en primer debate es que los señores diputados que están en contra de inmediato lo pasaron a consulta a la Sala Constitucional, con abundante argumento jurídico, proceso que tardará menos un mes en dilucidarse.
Erosiona la autonomía de la CCSS. Esta emblemática institución, creada en 1941 y que en 1943 adquirió su carácter de autonomía, tiene un significado social muy arraigado en la colectividad. Su misión es brindar servicios de salud integral a las personas, a las familias y la comunidad, y otorgan protección económica y social de pensiones, conforme la legislación vigente mediante sus principios filosóficos de universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad, promoción de la investigación (CCSS). Así que poner en manos de Mideplan sus lineamientos me parece contraproducente; es atentar contra su autonomía, pues va a afectar el servicio que presta, inclinando la balanza hacia lo privado. Mejor sería reestructurar la figura de la Junta Directiva de la CCSS, actualizarla acorde al siglo XXI, donde los distintos sectores participen en una construcción en la que el diálogo tenga resultados efectivos.
Según mi percepción, el nudo gordiano está en centralizar todo en Mideplan (ente del Ejecutivo que llegará cada cuatro años a meter las manos). Soy del criterio de que es más sano revisar, evaluar, actualizar y reforzar, según corresponda, la figura de la Dirección General del Servicio Civil.
En definitiva, igual sucede con las Municipalidades y otros entes descentralizados, incluyendo el salario global. Es preocupante que los 32 diputados tengan la visión de cercenar un derecho humano, y lo más sorprendente es que no hayan sido capaces de rebajarse sus dietas, haber eliminado al menos los 500 litros de combustible, que representan alrededor de 350 mil colones al mes, dando al menos muestras de austeridad y ejemplo al pueblo que los eligió, en tiempos de pandemia o sindemia, con mucho mayor razón. Todos esperamos que la Sala Constitucional haga justicia a los trabajadores que ya no soportan llevar más susurros y lágrimas en sus bolsillos lucios y rotos.
