Estos tiempos de pandemia que nos aquejan han puesto a prueba las capacidades de nuestro sistema de salud. Afortunadamente, las estrategias y medidas implementadas por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social han resultado exitosas hasta el momento, de forma que como costarricenses, directa o indirectamente, nos hemos visto beneficiados. La prueba fehaciente es que a nivel de nuestra salud las afectaciones son mínimas, sobre todo si comparamos las estadísticas con las de otros países del mundo.
La respuesta tan positiva de la Caja Costarricense del Seguro Social no cae el cielo ni es obra de la pura casualidad. Es el resultado de un modelo de salud solidario que se ha construido históricamente con el objetivo de asegurar el bienestar a la población costarricense, especialmente el de la menos favorecida. También es el resultado de procesos de investigación y educativos que permiten construir soluciones efectivas ante escenarios realmente críticos. La satisfacción y el orgullo son grandes cuando reconocemos lo decisiva que ha sido la mística y el aporte de los profesionales en salud, muchos formados en las universidades públicas.
Es doloroso percatarnos en plena crisis sanitaria de que el Estado le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social más de ¢1,67 billones (Semanario UNIVERSIDAD, 22 de abril de 2020), deuda que ha sido una farsa en el tiempo. ¿Qué clase de Estado o de gobernantes tenemos si no mantienen en orden las finanzas de instituciones esenciales del país? Han utilizado los recursos para otros fines, incluso se han prestado para acciones corruptas. También resultan muy críticos los datos de la morosidad de la Caja, ya que al 31 de marzo de 2020 casi diecisiete mil patronos aparecen en esa condición, y le adeudan a la institución ¢74.182 millones. Muchos de estos patronos representan intereses de importantes capitales en el país.
Es hora de que el Estado se ponga al día con la Caja. Es fundamental que la Caja elimine la morosidad. Las soluciones no deben venir de nuevas imposiciones a la clase trabajadora. El Gobierno no puede ser indiferente ante el desfinanciamiento de la Caja porque su misión es fortalecerla. Y nosotros, como ciudadanía, debemos colaborar en esta tarea, porque protegerla es proteger nuestra vida y la de nuestros semejantes, es continuar garantizando el derecho humano a la salud, en condiciones dignas, justas y accesibles.
