El Movimiento Reforma UCR XXI, integrado por personas de la Universidad de Costa Rica, comparte con la sociedad costarricense las siguientes reflexiones y posiciones con respecto a la creación de la Comisión legislativa que estudiará las reformas al FEES.
1. A lo largo de la trayectoria de la UCR como institución autónoma, y con casi 80 años de existencia, se ha tenido la vocación de informar a la sociedad costarricense, que es la que financia la educación superior pública, acerca de la manera en la que se emplean los recursos públicos en el cumplimiento de su misión.
Dicha misión se orienta en tres actividades sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social, a nivel de grado y de posgrado, tanto en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio como en las Sedes y Recintos.
2. Creemos en la rendición de cuentas y en la transparencia sobre el uso de los fondos públicos en cualquier institución, incluidas las universidades públicas. Tal rendición de cuentas contiene el análisis y el seguimiento que hace la Contraloría General de la República año tras año.
Por tanto, no nos es ajena y, por ello, debemos aprovechar esta instancia legislativa como una oportunidad para dar toda la información requerida sobre la gestión presupuestaria y también sobre el impacto en el desarrollo nacional de la actividad universitaria.
3. Resulta positivo que, en el pronunciamiento oficial realizado al crearse la Comisión que estudiará las reformas al FEES, se indique claramente que se respetará la autonomía universitaria, tal y como lo establece la Constitución Política.
Esperamos que así sea y sabemos que nuestra comunidad universitaria velará para que el mandato constitucional sea respetado.
4. Esperamos que las distintas fracciones legislativas impulsen una deliberación democrática, ponderada, objetiva, no orientada a destruir, sino a mejorar y a fortalecer la educación superior pública, la cual, en conjunto con otras instituciones públicas claves, ha contribuido a que nuestro país goce del nivel de desarrollo que lo hace destacarse en la comunidad de las naciones.
Por consiguiente, es imprescindible que las distintas fracciones tengan acceso pleno a los indicadores generados por las universidades, para que así puedan efectuar un apropiado análisis y una rigurosa evaluación del desempeño universitario.
Igualmente, es necesario que estas fracciones comprendan el contexto de competencia local y global en medio del cual se desarrolla la gestión de las universidades públicas, algo que hace compleja la retención de su recurso humano altamente calificado.
5. Las personas diputadas de la Comisión no deberían cometer el error de analizar la gestión y la ejecución del presupuesto sin tomar en cuenta los resultados generados en las universidades públicas. En el caso de la UCR, cabe señalar que su investigación representa cerca del 50% de la investigación que se desarrolla en la región centroamericana y cerca del 70 al 80% de la realizada en el país.
No en vano, la Universidad de Costa Rica aparece siempre considerada, en diversos rankings universitarios mundiales, como la mejor universidad de Centroamérica y una de las mejores de América Latina.
6. El impacto de las universidades públicas también debe analizarse en términos de la formación universitaria, tanto en cantidad como en calidad. Dicho impacto incluye la democratización del ingreso mediante el funcionamiento de un robusto sistema de becas y la regionalización universitaria.
Por supuesto, creemos que ambos componentes deberán fortalecerse aún más en el futuro cercano.
7. Las autoridades universitarias deberán ser capaces de explicar, en todos sus alcances, las particularidades y complejidades que supone la ejecución del presupuesto.
Para ello, es preciso hacer comprender que la ejecución de los proyectos académicos, particularmente los de investigación y los de acción social, no tienen un comportamiento anual, sino bianual e, incluso, plurianual.
La incomprensión de este aspecto puede conducir, erróneamente, a creer que la Institución tiene una enorme subejecución, cuando en realidad los excedentes anuales solo reflejan esa característica particular de la ejecución presupuestaria en proyectos de investigación y acción social complejos.
Con esto, se hace un llamado de atención a las personas diputadas y a la Contraloría General de la República para que este foro sea aprovechado para pensar en la manera de mejorar la ejecución presupuestaria en las universidades públicas, y en el caso del sector público en general, para plantear cambios normativos que se ajusten a las nuevas realidades y no a supuestos.
8. Como Movimiento, instamos a toda la comunidad universitaria a realizar un esfuerzo extraordinario para mostrar, objetivamente, el aporte cuantitativo y cualitativo que hacemos al país.
Este es un proceso que debería desarrollar cada unidad académica, de modo que la información de nuestro aporte sea proyectada a toda la población costarricense. Solo así lograremos demostrarle a nuestra sociedad el alcance, la diversidad y la importancia de nuestro quehacer.
En esta ocasión, deberíamos ser capaces no solo de hacer bien nuestro trabajo, sino de demostrárselo, explicárselo y comunicárselo al país.
Este es un momento propicio para identificar y reconocer lo que podemos cambiar y mejorar. Por eso, debemos aprovechar esta coyuntura como una oportunidad de mejora que debe partir de nosotros mismos y no de algunos sectores que, en realidad, no quieren mejorar nuestro desempeño presupuestario y sustantivo, sino que, más bien, buscan debilitar nuestro peso institucional y cultural en el país.
Debemos tener claro que hay sectores que presentan dificultades para aceptar que nuestra Institución ha sido, durante muchos años y de manera consistente, la entidad pública mejor valorada en distintos estudios de opinión nacional.
En este punto, queremos dirigir la atención hacia el tema de la calidad. Es llamativo que hasta el momento, lo que pareciera interesar es el aspecto estrictamente presupuestario y de gasto. Estamos convencidos de que el verdadero tema debe ser la calidad de la enseñanza y de la formación de nuestra juventud en las instituciones de educación superior.
En este sentido, solicitamos a la Comisión legislativa que analice la calidad de la educación brindada por todas las universidades, tanto de las públicas como de las privadas. Estas últimas, que cobran altos montos económicos por matrícula, funcionan sin una adecuada supervisión y regulación que garantice estándares mínimos de calidad, tal como quedó demostrado recientemente con el cierre de una de ellas, o bien en la gran cantidad de estudiantes de la carrera de Medicina que pierden el examen IFOM, utilizado para ingresar a Internado.
La educación universitaria es un bien público. Por ello, es inexcusable e inaceptable, ante el ensañamiento de ciertos sectores contra las universidades públicas, el silencio guardado frente a las universidades privadas.
Ya es hora de que la Asamblea Legislativa se preocupe por hacer algo al respecto e incluya también este tema en el análisis de la Comisión. 9. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad universitaria a seguir de cerca el debate que se llevará a cabo en esta Comisión.
Verdaderamente, esperamos que se respete la autonomía universitaria y que sea un proceso desprejuiciado y transparente.
Ahora bien, en caso de que esto no ocurriera, deberemos cumplir con la obligación de defender dos realidades innegables: el mandato constitucional de la autonomía universitaria y el valor de la educación superior pública como una conquista democrática de la sociedad costarricense.
San Pedro de Montes de Oca, 9 de enero de 2019
*Pronunciamiento enviado por el Dr. Gustavo Gutierrez Espeleta, Catedrático de la Escuela de Biología.
