Todo el personal de la Universidad debe guiar su cargo, responsabilidades y, por consiguiente, sus decisiones en la mejora de la institución y la colectividad que la hace existir. De esta verdad no escapa el acto de votar, en nuestro caso, de manera informada en el proceso electoral de mayo 2020.
Desde hace bastante tiempo se vienen conformando grupos que intentan asumir el despacho de Rectoría, y se perfila una elección con la premisa de “para gustos, colores”. Algunos prometen el inicio de una inquisición sin precedentes y sin medir las consecuencias; otros, sendos proyectos y recetas añejas que poco resuelven y con un potencial de traer más problemas a la Institución. Varios no tienen proyecto académico o pretenden tenerlo sin un equipo de respaldo académico, otros con la intención de conjugar una agenda de consenso, por ejemplo. Esta situación merece una reflexión profunda, en cuanto al camino que nuestra Universidad debe tomar para vigorizarse, actualizarse y reinventarse de cara a los retos y a los sueños de la comunidad universitaria ante la sociedad costarricense.
Tres asuntos me ocupan al respecto de las normas que rigen la elección del rector, los cuales deberían preocupar por el hecho de existir una cantidad inusual de candidatos en esta elección:
Primero: “Las candidaturas pueden hacer propaganda durante los treinta días naturales anteriores a la fecha de la elección. Esta propaganda debe ser presentada en el Tribunal antes de su publicación” [sic]. Esto limita y autoimpone a la comunidad universitaria un límite sin criterio técnico para la evaluación de las propuestas, candidaturas y el minucioso escrutinio de quienes conforman los grupos de campaña; especialmente para una Institución del tamaño de la nuestra, donde las necesidades, la diversidad de personas y el disímil desarrollo entre áreas hace que ese corto tiempo sea insuficiente para asimilar tanta información o la carencia de la misma en las propuestas.
Segundo: “La realización de actividades proselitistas está prohibida antes de esa fecha, salvo las consultas necesarias para definir una posible candidatura” [sic]. ¿Se cumple esto en la práctica? Los grupos poseen redes sociales mucho antes que comience el proceso, se reúnen y confabulan en el anonimato. La corta duración de la campaña hace que las consultas, individuales o colectivas –se interpreten como proselitistas o no– sean más un ejercicio semántico.
Tercero: “La comunidad universitaria debe acatar las diversas normas que emita el Tribunal a fin de garantizar un proceso ordenado, transparente, participativo y democrático” [sic]. Nuevamente, para la Universidad –con 13 facultades, 46 escuelas, casi 45.000 estudiantes y un padrón electoral de más de 2.200 personas–, el corto plazo de la discusión de las propuestas hace materialmente imposible un adecuado proceso informado, transparente y democrático.
La falta de debates con discusiones activas, proactivas y argumentaciones se transforma, debido a la tradición universitaria de evitar el conflicto, en un seudo-proceso participativo, caracterizado por argumentaciones sin contenido, promesas vacías, sin preguntas incómodas y dejando de lado la necesidad de respuestas claras en asuntos vitales a nivel general. Las limitaciones al proceso, con tanto orden rígido y el inicio de consultas colectivas no proselitistas, mucho antes de la inscripción de los candidatos, son las que realmente definen la elección.
Las personas llamadas a votar en esta elección debemos conocer y entender en todas sus dimensiones las propuestas en blanco y negro, el carácter de quienes se postulan, sus trayectorias académicas y administrativas, al igual que las credenciales académicas de quienes los acompañan. Esto en complemento de su proyecto académico para la Institución y las soluciones para los problemas más generales y urgentes que desde larga data ya fueron más que planteados por el colectivo universitario.
Nuestra universidad requiere rescatar la vitalidad de los primeros años para reactivar el colectivo social en la búsqueda de respuestas, soluciones y valores. Nuestros procesos electorales deben ser procesos activos y no meros trámites pasivos; la elección para la Rectoría debe ajustarse al tamaño y las realidades institucionales actuales, que ameritan una buena dosis de información, procesamiento y meditación, que solo se consigue con tiempo. Las autoridades competentes deben actualizar el sistema electoral, de manera que el proceso contenga un periodo mayor de debates, meditación de propuestas, campaña activa y de discusión de ideas, que permita un proceso de mayor calidad en información y propuestas.
