Privatización de pensiones: Golpe de gracia al régimen de garantías sociales

Considerando que el 60% de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el proyecto de la privatización ha fracasado.

(Informe de la OIT, Diciembre 2018)

“Hora decisiva de las pensiones” es el titular del editorial de La Nación del sábado 6 de abril donde señala que para el 2030 habrá apenas 3.9 trabajadores activos por pensionado, es decir, dos menos del mínimo necesario. Se apunta a la insostenibilidad del régimen de la Caja, si no se hacen ajustes fuertes. Por otra parte, se insiste en mantener y fortalecer los regímenes de pensión obligatoria (ROP) y complementarias. El editorial es coherente con su visión privatizadora de desmejoramiento de beneficios sociales para proteger el capital. Es decir, alimentar la voracidad del mercado financiero que ha convertido a la banca, los seguros y las pensiones en una fabulosa maquila de hacer dinero, que disfraza con apariencia de radiantes “ideas” a la insana avidez de la plusvalía financiera.

Asimismo, vuelve sobre su trillado y malsano discurso de atacar a los mal llamados “regímenes de privilegio”, invitando a sus beneficiarios “a dejar de soñar con futuras garantías, apoyo o rescates financieros del Estado”. La pensión no es un privilegio sino un derecho moral y legalmente adquirido, gracias a un pacto realizado entre el Estado y el trabajador, según mandato constitucional, que garantizaba nuestras pensiones creando un fondo que reinvertiría y protegería de cualquier desviación. Sin embargo, en el caso de las pensiones del  Magisterio, el  Estado nunca creo y capitalizó un fondo; más bien utilizó las cotizaciones como si fuesen parte de su caja única, malversando el destino de esos dineros. Entonces, al parecer, fue más bien el Estado el rescatado. Lamentablemente, hoy también el Estado busca paliar el déficit fiscal irrespetando derechos adquiridos de asalariados y pensionados. De esta manera, el Estado se convierte en una estructura ominosamente perversa, pues cobardemente proyecta en los adultos mayores, la más débil minoría de sus administrados, todos sus vicios: el pillaje de los dineros ajenos, la mentira y la inmoralidad.  Además, las pensiones no son la causa de la crisis fiscal que hoy agobia al país sino los gobiernos y los poderes fácticos quienes siguen sumisamente los dictados irracionales e inhumanos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los verdaderos responsables de esta crisis son los que evaden ilegal e inmoralmente el pago de los impuestos, suma que asciende a dos billones de colones, con lo que se podría cubrir toda la deuda actual.

Cabe preguntarse ¿por qué  el financiamiento de un régimen de pensiones de carácter público, que procura bienestar y seguridad social, se piensa en términos de responsabilidad de los trabajadores activos, precisamente cuando se avizora una reducción cualitativa de estos? De acuerdo con lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado es el responsable de garantizar este derecho humano fundamental de las personas de la tercera edad, tanto en el sistema público como en el privado. Por supuesto que en la concepción de Estado gendarme, que está en la base del editorial de La Nación, la única vía para sostener un régimen de pensiones es seguir la lógica privatizante de debilitar, con ajustes pagados por los trabajadores y reducción de beneficios, los regímenes de carácter social (Caja, Jupema y Régimen del Poder Judicial, entre otros) y fortalecer el sistema privado de pensiones complementarias. Estamos ante la receta fondomonetarista de viejo cuño, que se aplicó privatizando los sistemas de pensiones  en 14 países de América Latina a partir de la década de  1980, y que hoy están de vuelta a los sistemas públicos por su estrepitoso fracaso, como bien lo documenta el reciente Informe de la OIT (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)) ¿Cómo explicar que mientras la mayoría de países se devuelven del camino privatizador, el nuestro pretenda hundirse por completo en el error comprobado?

Si hoy apostamos –y el gobierno, los políticos y la clase dominante insisten en eso– a evitar una crisis económica y social más profunda que la que ya vive el país, es porque las empresas nacionales y extranjeras, que eventualmente estarían interesadas en invertir y con ello generar empleos, encuentran aquí una mano de obra de alto nivel profesional y capacidad creativa, como no la hay en toda la región. Y en su gran mayoría graduados de nuestras universidades públicas, que son las únicas que hacen investigación científico-técnica en la región, están entre las mejores de América Latina y las 600 mejores  del mundo, lo cual es como estar en primera división en el fútbol mundial. No se puede “matar a la gallina de los huevos de oro” simplemente por una mentalidad reducida que no alcanza a proyectar  mejores condiciones de vida para todo el pueblo costarricense, desde lo local y lo regional. Estamos en el siglo XXI donde los países que hacen investigación científica y apuestan al desarrollo científico-tecnológico, cultivando, a su vez,  la ética y la cultura, son los únicos que podrán prosperar. Eso es lo que hace una verdadera universidad: cultivar árboles que tiendan a lo alto con raíces profundas. Quienes hemos entregado nuestras vidas formando a esas generaciones de profesionales  y científicos, y lo seguimos haciendo, tenemos derecho más que merecido a una vejez (pensión) digna y a no ser objeto de escarnio por parte de los poderes mediáticos.

Con posiciones como las planteadas por el editorial de La Nación, en el fondo, lo que se pretende es dar un golpe de gracia al bastión principal del Estado Social de Derecho: el régimen de garantías sociales de un país que hizo la diferencia apostando por la salud, la educación y la dignidad y la decencia en el trato a la clase trabajadora. No será con un discurso populista y de un solo golpe que arrebatarán nuestra institucionalidad y régimen de derecho. Estamos a tiempo para rectificar y no seguir por el camino equivocado de la privatización. Hacemos una excitativa al gobierno, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, a detener este atropello a los educadores pensionados y al Estado Social de Derecho.

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