Cuando un Estado incumple, en forma premeditada e intencionalmente, sus obligaciones constitucionales se interrumpen, y anulan, en esos actos, los propósitos superiores para los cuales ha sido creado el propio Estado.
Esa es la conclusión dogmática y doctrinal que se deriva del criterio de la Sala Constitucional con respecto al roce de legalidad constitucional de la política pública con el monto para la Educación.
Este fenómeno político-jurídico de un Estado contra el mismo Estado no es nuevo, y una de sus manifestaciones más recientes fue descrita en el Informe del Estado de la Educación 2023, el cual expone que, entre el año 2021 y el inicio de 2023, ocurrió una caída de la inversión per cápita en la educación y que tal disminución hizo retroceder al país una década.
En el año 2006 el país destinó el 5% el PIB a la educación y, para el año 2024 fue de 5,2%. El momento más alto de asignación ocurrió en el año 2017 cuando fue de 7,4% y la proyección para el presente año es de solo 4.8% del PIB.
La caída en los recursos para la educación, indica el informe citado, genera un deterioro de los salarios reales de docentes, maestros, maestras, profesores y personal administrativo y, también, revela el recorte de dineros para programas de construcción y mantenimiento de infraestructura.
El problema de la educación costarricense no solo tiene que ver con la asignación de recursos, sino también con el diseño de la política pública en materia educativa.
Mientras el informe citado indicó que la política pública ha sido incapaz de planificar y ejecutar planes remediales para el día después del apagón y no ha logrado sentar las bases para una recuperación futura, el Consejo Asesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó, en setiembre de 2023, que no existe la “ruta de la educación” ni son evaluables sus resultados.
A estos antecedentes se une el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR, de julio el año anterior, en el que se señaló preocupación por la ausencia de diálogo entre los principales actores de la educación e hizo un llamado a la construcción de la política pública en forma integral y participativa.
Todas estas variables ponen de manifiesto que la magnitud del problema de la educación del país es, catastróficamente, de proporción apocalíptica.
El pronunciamiento de la Sala Constitucional, el Informe del Estado de la Educación, el criterio del Consejo Asesor de la Facultad de Educación y el Consejo Universitario son relevantes, porque, como expresó Miguel de Unamuno: “Todo conocimiento tiene un objetivo final”.
Sin duda es necesaria una estrategia de la educación, la cual debe tener un poder potencialmente constructivo en términos superlativos, superior ante cualquier circunstancia o casualidad. Dicho en otras palabras, debería ser un reflejo de una política pública que, en su naturaleza, desafía y supera las situaciones imprevistas, convirtiendo cualquier crisis en oportunidades de crecimiento y transformación.
He leído todas las propuestas de políticas públicas de educación y la conclusión es la siguiente: si no se entiende el problema, no se avanza en la solución. Esas políticas públicas son algo que podría definir como “intereses fragmentados”, mayormente relacionados con aspectos operativos y un conjunto de “cosas” sin un objetivo estratégico.
Si bien podemos ser especulativos en que algo de lo planteado como política pública podría llegar a ejecutarse y dar algún tipo de resultado, no se está resolviendo la crisis y mucho menos fijando las bases de la solución al apagón educativo, sin usar eufemismos.
Si de ejemplos se trata, en forma muy somera, se puede señalar la falta de claridad en materia de carreras STEAM (acrónimo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y también una mínima comprensión de lo que significa conectividad y banda ancha.
¿Cuál es el objetivo final del conocimiento? La realización del ser humano, la construcción y transformación del país para el bien común, el logro de la justicia, la solidaridad, la libertad plena, la independencia como nación, el desarrollo, ser pilar y reserva moral y ética de la sociedad democrática; todo ello se encuentra descrito ampliamente en diferentes principios y normas de consulta obligada.
En conclusión, debemos trabajar en un plan estratégico de educación que permita crear políticas públicas claras.
