En los años previos a la aprobación de la nueva Ley de Premios Nacionales (2014), hubo polémicas interesantes entre representantes de ramas artísticas y activistas culturales con relación a la pertinencia de eliminar, modificar o incorporar premios en el proyecto de ley en discusión. Aprobada la ley, algunos sectores quedamos complacidos con la incorporación del Premio de Gestión y Promoción Cultural, pues abría la posibilidad de reconocer el trabajo de colectivos que durante largos períodos han venido gestando y promocionando la cultura, en su concepción más general, o en ámbitos específicos del arte, en comunidades periféricas o distantes de los límites de la capitalidad nacional. Resultaba previsible tal reconocimiento con la mera lectura de la descripción del premio precitado: “trayectoria de personas físicas o jurídicas dedicadas al estímulo y el desarrollo de proyectos culturales. Estas labores incluyen el trabajo de campo necesario para el fomento de la organización y participación social para la consecución de los recursos necesarios para la expresión, la recuperación, la producción, la valorización, la revalorización, la identificación y el intercambio de fenómenos culturales”.
Queda claro en la redacción que dicho reconocimiento podría ser asignado a personas físicas o jurídicas, sin embargo, en el resto de esta, la especificación de las labores, en particular aquellas que dicen del “trabajo de campo” y de “la organización y participación social” para hacer posible la consecución de recursos en los distintos ámbitos del fenómeno cultural, convocan principalmente al trabajo de organizaciones y colectivos. No interesa al suscrito poner en duda las razones del premio a la persona concreta que lo recibiera en el año 2015, pues tanto méritos como legalidad lo sostienen. Más allá de eso, habría que preguntar por qué razón, un jurado específico no parece alejarse de una perspectiva que, sin duda, junta elementos de la mentalidad liberal propia del estado nación, entre otros: individualismo, capitalidad y arte mayor.
La inauguración del nuevo premio en Gestión y Promoción Cultural no se distancia del reconocimiento al individuo por encima del colectivo como fue (y lo sigue siendo en algunos casos), la tónica de una historiografía liberal; por ejemplo, poner a los personajes políticos por encima de los movimientos sociales. En esa dirección, tampoco resulta extraño que se privilegien los fenómenos culturales que acontecen en los límites de la capitalidad en desmedro del arduo trabajo que se realiza en zonas rurales y urbano- periféricas, en las cuales tanto infraestructura como recursos están muy por debajo de lo asequible en San José. A lo anterior habría que sumar la interrogante sobre cuánto se estiman las prácticas artístico-culturales en comunidades periféricas y rurales frente a la hegemonía cultural metropolitana que predefine qué es arte de mayor calado y arte menor.
El objetivo de la opinión presente es reflexionar sobre la conveniencia y justicia de reorientar los criterios de selección y valorización del Premio de Gestión y Promoción Cultural, de los futuros jurados, hacia zonas y fenómenos artístico-culturales que han estado fuera del foco de atención no tanto por la calidad de su trabajo y de sus productos como por la predominancia de una mentalidad que excluye la complejidad y riqueza de otras manifestaciones de la sociedad costarricense. Basta mencionar el trabajo de organizaciones tales como Amubis, Guanared, Casa Poesía, El Guapinol y Agruca en distintos lugares del país, cuya relevante contribución todavía tarda en ser reconocida.
