El acoso sexual en cualquier organización y ámbito de la vida constituye uno de los peores agravios a la dignidad humana. Aunque los principios que guían a una institución de educación superior deben garantizar el respeto a la integridad de todas y todos, en las universidades el acoso sexual es una realidad y se vincula a las diversas relaciones de poder que se establecen en ellas, ya sea por una relación jerárquica administrativa o por una relación marcada por la condición de superioridad que ejerce el cuerpo docente. Muchas universidades latinoamericanas, incluida la Universidad de Costa Rica, se han convertido en espacios propicios para que este tenga lugar.
Las 75 denuncias que se presentaron en los últimos cinco años en la Universidad de Costa Rica (datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual), así como las más recientes (por ejemplo, la presentada en la Sede de Guanacaste), nos reafirman la necesidad de crear una cultura institucional de cero tolerancia al acoso sexual. Solo así quienes integran la comunidad universidad podrán cumplir sus responsabilidades y participar en cualquiera de las actividades en un ambiente de plena libertad, principalmente las estudiantes y funcionarias administrativas que son la mayor cantidad de víctimas por sus condiciones de vulnerabilidad en el ámbito laboral y académico.
Es de capital importancia respetar el debido proceso y resolver las denuncias con la celeridad que corresponde. Los datos aportados por la Comisión Institucional revelan varios casos que han demorado hasta dos años, lo que hace dudar si se ha actuado con pleno apego a la justicia. Igualmente, se debe evitar que las denuncias no sean atendidas en todos sus extremos y que haya casos que deban cerrarse por problemas de procedimiento o retiro de denuncias. La problemática se resume en que solo el 36% de las denuncias presentadas alcanzaron una sanción, porcentaje que evidencia la necesidad de un accionar más eficiente y comprensivo de los diferentes factores implicados.
La administración universitaria debe ser en extremo cuidadosa para no crear pasos, comisiones u órganos que puedan afectar el debido proceso, pues el tema del acoso sexual no admite ningún tratamiento superficial. Se trata, por el contrario, de asegurar el respeto a la libertad y a la vida humana, según se desprende de la Ley 7476 (Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia), y, así, evitar toda conducta de naturaleza sexual indeseada.
La Universidad de Costa no puede permanecer ajena ni ciega a este tipo de conductas discriminatorias y abusivas. Desde ya debe proponerse un cambio de cultura para que en en el futuro inmediato se convierta en una universidad libre del acoso sexual. Este imperativo encuentra justificación en sus propios fundamentos humanistas.
