La lucha por la legalización del aborto en América Latina y especialmente en Argentina, han levantado los ánimos sobre la necesidad de realizar cambios en la legislación sobre aborto en Costa Rica, con el surgimiento de nuevos grupos que se han organizado para exigir la despenalización. Esta es una respuesta a los conservadores que dominan gran parte de la Asamblea Legislativa y quienes se posicionan de manera combativa en contra de cualquier avance a favor de las posibilidades de las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos.
Las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional, Republicano Social Cristiano y algunos diputados de Liberación Nacional y de Acción Ciudadana, a través de imágenes de fetos se posicionan en contra del aborto, paradójicamente en este momento no hay en la corriente legislativa un proyecto de ley a favor de la legalización, ni siquiera de ampliación de causales para el aborto impune. Lo único que denota la férrea respuesta conservadora en el legislativo, es el odio contra las mujeres y la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, es decir, expresiones misóginas del patriarcado.
Lo efectivamente real en este momento es una deuda del estado costarricense por regular, a través de un protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo, el artículo 121 del Código Penal que garantiza que las mujeres gestantes, que lo necesitan, puedan tener acceso a la protección de la salud y la vida, y para que los médicos no sean omisos de su obligación de protegerlas.
La realidad es que los derechos de las mujeres los han utilizado los políticos -en su mayoría hombres- como “moneda”, no de cambio sino de secuestro; tanto Luis Guillermo Solís como Carlos Alvarado han negociado con otros actores en contra de garantizarles los derechos a las mujeres para “priorizar” temas que sí “valen la pena”, y que es importante señalar tampoco se están moviendo.
Además, en el contexto actual centroamericano y con una mayoría conservadora en la Asamblea Legislativa, de aprobarse el proyecto de ley heredado por Fabricio Alvarado para equiparar las penas de aborto con las de homicidio, se abre un portillo que pone en riesgo el artículo 121 del Código Penal y que pueden dejarnos más cerca a lo que sucede en El Salvador y Nicaragua donde existe una prohibición total del aborto que lleva a la cárcel a las mujeres más pobres que han sufrido abortos espontáneos.
La respuesta a la pregunta del título es más sencilla de lo que parece y es que en la realidad costarricense actual los valores religiosos y morales, pesan más que los avances científicos y el derecho de las mujeres a la salud y la vida.
