¿Por qué persiste el estancamiento de la pobreza en Costa Rica?

Según la última encuesta de hogares, cuyos principales resultados acaban de ser divulgados por el INEC, la pobreza en Costa Rica se mantiene estancada

Según la última encuesta de hogares, cuyos principales resultados acaban de ser divulgados por el INEC, la pobreza en Costa Rica se mantiene estancada en más del 20% de la población; es decir que más de uno de cada cinco habitantes es pobre, lo cual es así desde hace ya más de 20 años, antes de lo cual los niveles de pobreza siempre fueron más altos. Pero: ¿a qué se debe este estancamiento persistente en nuestro país, mientras otras naciones latinoamericanas muestran una tendencia de reducción? Permítaseme formular algunas ideas a manera de hipótesis sobre los factores que considero más podrían estar incidiendo en mantener el estado de situación actual:

  1. Si bien es cierto que Costa Rica se distinguió en el mundo por aprobar una importantísima y avanzada legislación social en la década de los años cuarenta del siglo pasado, la que a su vez tenía raíces en otros avances a finales del siglo XIX, esta legislación empezó a quedarse “en el papel” a partir de la década de 1980, pues se comenzaron a realizar contrarreformas que buscaban desmantelar a las instituciones públicas encargadas de materializar tal legislación a través de servicios sociales de diverso tipo a la población.
  2. Aunque en la década de los años de 1990 se aprobó un conjunto de leyes orientadas a proteger a diversos grupos sociales específicos, tales como la niñez, las mujeres o las personas con discapacidad, al mismo tiempo se daban programas de “movilidad laboral” en el sector público, que promovían la salida de funcionarios de las instituciones públicas, cuyas plazas eran después cerradas, lo cual no era otra cosa que la continuación de las políticas de desmantelamiento de la institucionalidad social iniciadas en la década anterior.
  3. El debilitamiento de la inversión social directa en los más pobres, sumado al estancamiento del empleo público, especialmente en el sector social, en conjunción con la corrupción de gobiernos sucesivos del PLN y del PUSC, mucho más interesados en pagar favores y mantener clientelas políticas desde 1982 hasta 2014, crearon las condiciones para impedir a miles de familias costarricenses obtener los servicios, oportunidades y condiciones que necesitaban para poder mejorar su situación socioeconómica.
  4. En octubre de 2007, hace 8 años, bajo una enorme presión mediática, política y empresarial dirigida a producir miedo en la población, el país aprobó, en un referéndum en condiciones de enorme asimetría y con una diferencia de votos mínima, un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que simplemente no cumplió sus promesas de incremento de la inversión extranjera directa, aumento de las exportaciones y, según sus promotores, de un automático incremento del empleo y los ingresos de la población. Lo que sí ocurrió fue un aumento del desempleo, el subempleo y la informalidad, junto a un aumento del déficit fiscal en gran medida ocasionado por los impuestos que el país dejó de percibir por las reducciones o eliminaciones de impuestos que dicho Tratado implicó, las cuales no fueron sustituidas por otras fuentes de recaudación, dado que el mismo discurso del miedo a “ahuyentar” inversión privada bloqueó y sigue bloqueando hoy toda iniciativa de crear nuevos impuestos a las grandes fortunas, así como de mejorar los mecanismos para poder luchar contra la evasión fiscal.
  5. Las condiciones creadas por el anterior Tratado dieron una especie de “golpe de gracia” al sector agrícola nacional, especialmente al pequeño productor, que al verse desprotegido por la ruptura de barreras arancelarias, sigue viendo cómo la propiedad de la tierra se concentra cada vez en menos manos, mientras se generan pocos empleos y de pésima calidad, pues presentan condiciones de trabajo inhumanas e incumplimiento de la legislación laboral, en productos como la piña, el banano, la caña o el melón, frente a la mirada permisiva y pasiva de las autoridades de salud, trabajo y seguridad social, que a veces pareciera que con la aprobación de aquel Tratado han asumido como que ya la legislación nacional no aplica, al estar jurídicamente por debajo de este instrumento internacional. Paralelamente, el aumento de la importación de alimentos, incluso de aquellos pertenecientes a la canasta básica, pone al país en condiciones de una peligrosa inseguridad alimentaria que podría arriesgar el abastecimiento tan pronto sobrevenga una nueva crisis internacional.


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