Recientemente se creó el cantón 82: Río Cuarto, que no alcanza ni los 15,000 habitantes, es un distrito que había quedado aislado de su cantón de origen, ubicado en el Valle Central; ojalá no se le ocurra a algún político municipalista promover el cantonato de Vara Blanca de Heredia, que tiene el mismo problema. Lo interesante es que Río Cuarto no es el cantón menos poblado del país, sino Turrubares de San José, con 6,020 habitantes (a julio 2014). Si tomásemos el criterio de población mínima para crear cantones como Río Cuarto, tendríamos unos 375 cantones en todo el país, lo cual generaría un caos de gestión municipal, que ya es una realidad con las 82 municipalidades que tenemos.
La manipulación política y grosera de nuestra División Territorial Administrativa ha generado una gran cantidad de cantones o municipios no viables económica ni políticamente. No es extraño oír a nuestro presidente Carlos Alvarado advertir que existen unos 40 cantones que nunca han tenido un diputado, pero lo que resulta inexplicable es que un diputado, elegido constitucionalmente por una provincia, no rinda cuentas ante la totalidad de cantones o municipios de esa provincia, una discusión que da para más.
En este escenario, tenemos un conjunto de Municipalidades que podemos agrupar en tres grandes tipos de municipios:
1) Las usurpadoras que, ante el vacío constitucional para la gestión de bienes y servicios provinciales, se arrogan el rol de cabeceras de provincia en términos de solicitud de presupuesto y capacidad de endeudamiento.
2.) Las inviables, que desgraciadamente siguen proliferando, deben su existencia a criterios e intereses político-electorales.
3.) Las viables política y económicamente, identificables en los estudios de áreas de influencia como regiones o subregiones, formulada en la década de los 70 por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) con criterios geográficos.
No es la primera vez que escribo sobre esta situación. Cuando escribí mi libro Costa Rica: Geografía del futuro, con aporte de valiosos mapas que sustentan las propuestas, expliqué mi visión o imagen objetiva de la Costa Rica deseada para el corto, mediano y largo plazo, en términos de espacios subnacionales, para nuestra Administración Pública. Habría que reconsiderar el criterio demográfico para construir y gestionar al menos nueve provincias –tema olvidado en nuestra Constitución Política, que incluyó la autonomía municipal y las instancias de gestión para “los intereses y servicios locales en cada cantón”, pero olvidó la gestión regional o provincial.
En la década de los setenta, se propuso la regionalización para Costa Rica del geógrafo alemán Helmuth Nuhn. El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) generó órganos y herramientas importantes dentro de un programa de “democratización geográfica”, pero no obtuvo los resultados esperados debido a un régimen municipal no apto para un sano proceso de desarrollo provincial o regional. Con el tiempo fuimos renunciando a ejercer el sagrado derecho de planificación nacional, atendiendo eventos e incidentes, propios de la falta de políticas de Ordenamiento Territorial regional y local, con entidades como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), propia de Estados en situación de guerra o incapaces de planificar con enfoque sistémico.
Teniendo claro el concepto de “región”, como un espacio subnacional, organizado en torno a una cabecera o capital económica y políticamente viable, y haciendo un ejercicio similar al del inicio de este artículo, que considere como parámetro demográfico la población del cantón de San José, el más poblado del país (con 318,444 habitantes a julio del 2014), tendríamos una situación o imagen objetivo muy diferente y realmente viable en lo político y en lo económico. Tendríamos un estado administrado por unos 15 cantones, que más se parecerían a provincias, regiones o ligas de municipalidades.
Espero no escandalizar a nadie diciendo que no creo en el régimen municipal, que también tiene aspectos positivos y rescatables, sólo dejo planteados los problemas de la génesis de cantonatos o municipios que, lejos de favorecer el desarrollo regional y local sistémico planteado en la Ley Nacional de Planificación N.° 5525, cada vez lo alejan más del deber ser de nuestro Ordenamiento Territorial nacional y subnacional con criterios geográficos.