Opinión

Policías del pensamiento en la UCR

Mi artículo “UCR del absurdo”, acerca de la iniciativa en marcha para imponer cuotas bibliográficas a los cursos universitarios de acuerdo al género, originó una sorprendente denuncia y dos tipos de respuestas.

La denuncia fue dada a conocer en Página Abierta por un grupo de extraordinarias académicas que, valientemente, decidieron exponer una situación tan terrible como globalmente desconocida.

Según estas humanistas, hay profesores universitarios que están viviendo una verdadera tragedia porque van a tener que leer textos escritos por mujeres. En consecuencia, ellas claman, con sus corazones en la mano, para que se ayude a esos docentes a superar tan dolorosa experiencia.

Humildemente, me uno a ese clamor y públicamente reconozco mi responsabilidad en contribuir a esa tragedia, ya que en los libros que he editado, he procurado que haya la mayor representación posible de mujeres.

Podría aducir, en mi defensa, que cuando edité esos libros desconocía la existencia de esa tragedia; pero ahora que lo sé, sería indigno atenuar la responsabilidad que me cabe en que varias decenas de peligrosísimos textos académicos y literarios, escritos por mujeres, anden circulando por ahí y aneguen a esos hombres en sus propias lágrimas.

De las respuestas suscitadas por mi artículo, la parte mayoritaria fueron reacciones de estudiantes y docentes que, en vez de contestar a mis puntos de vista con razonamientos, los distorsionaron para poder impugnarlos, recurrieron a falacias ad hominem, y se revelaron como adalides de la censura.

A estas personas, solo puedo decirles que siento mucho que mis palabras las perturbaran tanto, pero más me duele comprobar que su experiencia universitaria no les proporcione todavía los recursos intelectuales necesarios para alcanzar un nivel adecuado de comprensión de lectura,  debatir razonadamente y reconocer la esencialidad de la libertad de pensamiento.

En esta categoría de respuesta incluyo también al Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad (PIIVS), cuya página de Facebook reprodujo una de esas falacias ad hominem. Adscrito al prestigioso Instituto de Investigaciones Psicológicas, el PIIVS tiene como uno de sus objetivos prevenir la violencia.

Con respecto a las respuestas razonadas, destaco la escrita por la profesora de la Facultad de Derecho, Rosaura Chinchilla Calderón, quien fue la única que hizo un esfuerzo sistemático por tratar de dialogar con mis argumentos.

Su respuesta, sin embargo, tiene dos debilidades fundamentales. La primera es que le asigna a mi artículo significados o sentidos que no tiene, para después rebatirlos; y la segunda consiste en que omite considerar los costos institucionales asociados con la imposición de un sistema de cuotas bibliográficas de acuerdo al género.

Uno de esos costos sería que, de prosperar esa imposición, los procesos de revisión de los programas de los cursos van a incorporar –en el mejor estilo estalinista– prácticas policíacas dirigidas a verificar o forzar el cumplimiento de las cuotas.

Debido a las debilidades señaladas, Chinchilla plantea el debate en términos inexactos: ¿campus o claustrum?, cuando el verdadero trasfondo del asunto es: ¿cuotas o libertad académica?

Hoy día, toda persona que ejerce la docencia en la UCR tiene plena libertad para seleccionar la bibliografía de las asignaturas que imparte sin que se le impongan condicionamientos previos de ningún tipo.

Es esa libertad plena, alias libertad de cátedra en el prontuario latinoamericano, la que ahora se propone sacrificar a cambio de un sistema de cuotas que, por añadidura, convertiría a la Vicerrectoría de Docencia, a las decanaturas, a las direcciones de escuela y departamento, y a las coordinaciones de sección, en policías bibliográficos o, sin eufemismos, en policías del pensamiento.

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