El 10 de Mayo de 1933, en Alemania, los Nazis iniciaron la quema de libros. Cuarenta años después en Chile, el General Augusto Pinochet da orden a su soldadesca la quema de libros, saqueo de librerías y cierre de editoriales, entre ellas la editorial Quimantú, donde el escritor costarricense Joaquín Gutiérrez fungía como director. Todo esto ocurrió durante el golpe de Estado que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, y llevó al presidente a la muerte el 11 de Setiembre de 1973. Sumado a la barbarie anterior, la dictadura militar impone un gravamen a la venta de libros en el año 1976.
El 23 de setiembre de 2017, con la democracia devuelta en Chile y por iniciativa de La Sociedad de Escritores de Chilenos, se le nombra a una pequeña plaza, ubicada entre las calles Paraguay y Lira en Santiago, como La plaza del libro; se instala una placa como recordatorio de esa funesta fecha del año 1973.
En Costa Rica en el mes de octubre del año 2017, el gobierno de Luis Guillermo Solís, propone entre sus medidas fiscales un 4% de impuesto al valor agregado (IVA) a la venta de libros. Todo suena irrisorio, en un país que gasta el 8% de su PID en educación y presume de ser el país más culto de Centroamérica, llevar adelante esta aberrante medida solo encamina a los pueblos a una total ignorancia.
Estas medidas fiscales no las merecen los costarricenses, hecho que solo han realizado dictaduras que han oprimido a sus pueblos. Esperamos que no haya que poner dentro de una década una placa en un parque en San José, que diga: aquí se leyó el último libro en Costa Rica.
