Opinión

Pesquerías, sobreexplotación y conflicto: Incopesca bajo  la lupa

En días recientes, representantes de cuatro de las cinco flotas pesqueras han interpelado al Poder Ejecutivo para que atienda nueve de sus urgencias.

En días recientes, representantes de cuatro de las cinco flotas pesqueras han interpelado al Poder Ejecutivo para que atienda nueve de sus urgencias. De esas, una es competencia de Sinac, una del Ministerio de Hacienda, una del Comex, una del Servicio de Guardacostas y las cinco restantes deberían ser resueltas directamente por Incopesca, ente rector del sector pesquero nacional.

Resultado: retirada del diálogo de los pescadores y, de parte del Poder Ejecutivo, frustración ante la incapacidad del Incopesca en ejecutar y resolver. Incopesca no sirve, el máximo jerarca del MAG ha tenido el coraje de expresarlo públicamente y todo apunta a que el Sr. Presidente le está tomando la palabra de reestructurarlo.

Incopesca, insostenibilidad y desastre arrastrero: el estado agónico actual de las pesquerías costeras costarricenses es el resultado de alrededor de cuatro décadas de sobreexplotación pesquera; explotación irracional que desde largo el mismo Estado ha permitido y hasta financiado hasta colapsarlos. La pesquería arrastrera semiindustrial es el ejemplo más visible.

Hoy, el sector arrastrero culpabiliza a la Sala Constitucional de la crisis en su flota, cuando lo cierto es que esta pesquería arrastrera viene desde los años 80 en una espiral autodestructiva de extinción de la renta por la voracidad autodestructiva de su lógica extractiva. De los 77 arrastreros que operaban a finales los 80, al año 2004 quedaban en operación solo 42 unidades y para el año 2013 quedaban ya solo 26 barcos arrastreros operando; o sea, en un periodo de 25 años autoeliminó 2 tercios de sus unidades arrastreras.

Y ya con su recurso meta (camarones) sobreexplotado, en abierta competencia asimétrica esta flota arrastrera recurre al despojo progresivo del recurso meta (pescado) de la flota pesquera a pequeña escala. Al año 2003, en la composición del desembarque total de la flota arrastrera semiindustrial la relación del peso relativo de camarón frente a pescado era alrededor de 70/30, y ya para el año 2012, el pescado y otras especies comerciales representan el 61,5% de las descargas oficiales de la flota arrastrera.

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa recién se le ha dado trámite rápido al Expediente N° 21.478 que busca reactivar la pesca arrastrera declarada inconstitucional desde el año 2013, iniciativa que hasta la academia desaprueba por su deficiente sustento técnico-científico.

Junta Directiva y conflicto de intereses. El aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros con criterio técnico-científico es la misión que se le encomendó a Incopesca desde su creación. No obstante, si en su cuarto de siglo de existencia ha sido incapaz de cumplir con ese resguardo constitucional de un bien de dominio público, ¿dónde puede estar la causa raíz de su inoperancia?

Estudios varios han ya señalado las deficiencias más visibles del ente rector de la pesca: fomento pesquero con enfoque productivista y sesgo inmediatista; ausencia de planificación y planes de manejo de pesquerías; inexistencia de datos e indicadores para toma de decisiones con criterio técnico-científico; carece de poder legal para control-vigilancia de regulaciones pesqueras y administración ineficiente de combustible exonerado para el sector pesca.

Y agréguese la más cuestionable: Incopesca nace con un conflicto de intereses en su órgano máximo de dirección. Su Junta Directiva está compuesta por cinco miembros del sector pesquero y cuatro del Gobierno de turno, quienes por su limitado conocimiento del sector difícilmente pueden refutar/avalar los puntos de vista experto que ostentan los cinco regulados/reguladores.

Incopesca es una costosa estructura burocrática financiada por el erario al servicio de intereses del sector privado, pues, en mayoría, los armadores pesqueros son a la vez  juez y parte en la Junta Directiva. He aquí, desde su gestación, la contradicción estructural de Incopesca de cara a su deber jurídico de velar por la preservación ambiental de los ecosistemas marino-costeros.

En ese marco, mientras persista el modus operandi actual del ente rector de la actividad pesquera, la dotación de mayores recursos económicos y personal o, un edificio nuevo proyectado, son irrelevantes y hasta contraproducentes.

¿Habrá llegado la hora para crear un Ministerio de Pesca y Acuicultura?

Versión extendida con referencias en: http://bit.ly/Reestructurar_Incopesca

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