En el artículo anterior se afirmó que, en su forma actual, Incopesca es una costosa estructura burocrática financiada por el erario al servicio de intereses del sector privado, pues, desde la Junta Directiva y con mayoría de miembros, los gremios pesqueros han sido a la vez juez y parte a lo interno de esa figura rectora del sector pesca costarricense.
Además, el costo económico de mantener esta ineficiente entidad estatal al servicio de los gremios pesqueros lo asume el Estado costarricense. Es el que ha tenido que cargar con todo el costo político del desastre ecológico-social de las decisiones, acciones y omisiones del máximo órgano de dirección que tienen en caos las pesquerías costarricenses.
Balance: administración tras administración hacen caso omiso de la raíz de la problemática y en modo bucle; sigue pateándose el tarro hacia adelante. Ningún gobierno de turno, incluido el actual, asume lo que ha de hacerse en primera instancia: ordenar la casa por dentro, reestructurar la entidad rectora de lo pesquero. Cualquier iniciativa, sin antes haber hecho dicha reorganización, es contraproducente; el caso de la reciente renuncia del Presidente Ejecutivo lo confirma.
A diferencia de los anteriores, el jerarca saliente cuenta con un perfil técnico competente en temas pesqueros; incluso, de antemano conocía la mala salud de las pesquerías nacionales. No obstante, asumió que proponer retoques en la Junta Directiva (aumento de miembros del gobierno) es suficiente para dotar a la entidad rectora de “capacidad de gestionar científicamente las pesquerías del país”. Un año fue suficiente para que el estrecho margen de acción real de la inservible figura jurídica de la entidad rectora lo contradijera.
Una vez más: en tanto no se reforme/reestructure el ente rector del sector pesquero, no habrá avance sustantivo alguno. No obstante, al asecho hay dos extremos peligrosos para una visión de sustentabilidad de las pesquerías que deben evitarse: continuar con el enfoque productivista-inmediatista que prevalece hasta ahora (MAG) o el enfoque conservacionista a ultranza de acaparamiento oceánico (MINAE). En ambos extremos, el conflicto sería protagonista.
Incopesca no sirve. No sirve para una explotación sustentable de los recursos pesqueros. El caótico estado del golfo de Nicoya lo atestigua.
Sobreexplotación y golfo de Nicoya: precariedad y latencia de conflictos sociales
Todo augura más confrontación, los gremios pesqueros cada vez agregan más puntos a sus peticiones. Hacen solicitudes para resolver problemas legítimos que irónicamente tienen en las acciones/omisiones de las anteriores cinco Juntas Directivas de Incopesca su principal causa: legislando para sus intereses, los gremios pesqueros son coresponsables de la debacle y caos pesquero actual.
En lo ecológico-social, espacialmente, en toda nuestra jurisdicción marítima el golfo de Nicoya constituye el área más crítica. En términos relativos, en esa zona se concentra alrededor del 75% de los pescadores a pequeña escala de Costa Rica. En la treintena de comunidades de dicha zona pesquera, la actividad constituye el motor que mueve las economías locales. En la mayoría de los casos, la pesca es la única fuente de sustento de las unidades domésticas de estas comunidades ribereñas e insulares.
Estimaciones oficiales dan cuenta de que entre el 95% y 99% de la tecnología pesquera utilizada en las faenas de captura en el golfo está fuera de la norma. Ello por usos y modificaciones técnicas de los equipos de pesca cuyo resultado se traduce en capturas masivas. El uso de malla inferior a las tres pulgadas de luz permitidas, la pesca que utiliza rastras artesanales y la pesca de corvina mediante la técnica de trasmallo encerrador son parte de la cotidianidad pesquera dentro del golfo de Nicoya. Es decir, desde hace muchos años, décadas incluso, en la parte media e interna del golfo los desembarques están dominados por especies juveniles (sin haberse reproducido), fenómeno conocido como sobrepesca en el crecimiento.
Ante tal escenario de gravedad ecosistémica del actual del golfo, la aplicación sobre el terreno de cualquier medida restrictiva por simple reacción a terceros es contraproducente y no hacen más que alimentar el conflicto social latente en este espacio laboral pesquero. Dicho de otra manera, acciones desarticuladas a un Plan Integral de Ordenamiento Pesquero para RECUPERAR el Golfo de Nicoya y que se cimente en un Pacto Social con los usufructuarios son ya inviables sobre el terreno.
¿Qué ha hecho y qué puede hacer Incopesca para hacer cumplir la normativa en el golfo de Nicoya? Nada, ello bajo el pretexto comodín de no poseer autoridad policial. ¿Será mucho pedir un Ministerio de Pesca y Acuicultura? Aunque sea un ministerio sin cartera (tipo ICT) y que de camino que se vayan acomodando las cargas.