Apenas avanzada la década de los setentas, un grupo de docentes y del personal administrativo nos dimos a la tarea de estructurar un sindicato en la Universidad de Costa Rica que pudiera fortalecer los derechos laborales del personal universitario, ante las constantes denuncias de derechos humanos incumplidos tanto en la labor docente como en el trabajo de las diferentes oficinas de la institución. La titánica tarea llevó mucho tiempo de estudio y conversaciones con la comunidad universitaria, hasta que finalmente se constituyó el Sindeu ( Sindicato de Empleados de la Universidad), en un mini local donde se atendían todos los días múltiples problemas de trabajo de decenas de trabajadores y trabajadoras.
Sin embargo, la tarea no estaba consolidada, necesitábamos un documento que respaldara jurídicamente las negociaciones con las autoridades universitarias, pues los derechos vía reglamentos podían cambiar conforme la administración dictaba o modificaba nuevas normas legales; nace así, en 1976, la primera Convención Colectiva, que regularía las condiciones laborales previo compromiso entre las autoridades universitarias y la representación sindical.
Se inicia entonces una larga cadena de negociación cada tres años, ante el interés de las partes de revisar lo estipulado. Se renegocia la Convención en seis ocasiones, siendo la última en 1996, de ahí en adelante se renovó automáticamente al no ser denunciada por ninguna de las partes. En otras palabras, después de tantos años es la primera vez que la administración universitaria denuncia la Convención unilateralmente.
Las diferentes negociaciones desde la primera hasta la última han sido difíciles y de larga duración, en la que las prórrogas de negociación fueron múltiples, pues no ha sido fácil ponerse de acuerdo en cuanto a la actualización y vigencia de muchos de sus artículos, máxime al tener que acudir el Sindicato a la consulta constante a la afiliación sindical mediante la convocatoria a asambleas. Sin embargo, los docentes y el personal administrativo de la época podemos dar fe de que en todas las ocasiones privó el principio de diálogo, respeto y tolerancia entre el sindicato y las diferentes administraciones de la Universidad para llevar a buen término la negociación; bajo ninguna circunstancia surgió en esos años el convertir la Convención en una reglamentación unilateral, o el enviar por decisión de las autoridades de la Institución el documento al Ministerio de Trabajo sin el aval sindical.
Ciertamente, se han aprobado hasta el momento 57 artículos, entre ellos derechos humanos fundamentales como la equidad de género; sin embargo, los derechos humanos y los derechos laborales lejos de ser paralelos son complementarios, que no signifique el avance sustancial en cuanto a equidad de género un pretexto para ocultar derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad que se han fortalecido a lo largo de los años y en los cuales existe la amenaza de ser estipulados vía reglamento: hablamos de la Comisión de Salud Ocupacional, la Junta de Relaciones Laborales de carácter bipartita, la negociación salarial y la anualidad, y los tiempos sindicales sin los cuales no podría ejercer su labor el sindicato.
Si surgiera la unilateralidad en esta negociación de parte de la Universidad, sería un verdadero retroceso en cuanto al camino recorrido desde hace más de cuarenta años en la negociación de la Convención Colectiva, además de una afrenta para la comunidad universitaria que vería sus derechos laborales disminuidos vía reglamentación universitaria. Esta actitud solo es comparable históricamente con el proceder de muchas de las compañías bananeras en Costa Rica, incapaces de llevar a buen término una negociación.
La Universidad de Costa Rica como institución educativa de carácter autónomo está obligada a una proyección positiva dentro y fuera del campus, mal haría la institución en hacer eco de las voces nacionales que quieren dañar las conquistas logradas durante tantos años por los trabajadores y trabajadoras, mal haría en sumarse a las políticas neoliberales que buscan ir eliminando paso a paso las convenciones colectivas en el país, sumándose a las políticas privatizadoras que unilateralmente silencian la voz del personal bajo su mando.
Las administraciones universitarias fluctúan cada cuatro años, que no sea esta administración la primera que peligrosamente estableció la unilateralidad en la negociación de la Convención Colectiva.
Las universidades públicas declararon el 2017, año de la universidad pública “por la vida, el diálogo y la paz”. Que sirvan las palabras del Presidente de Conare y Rector de la UNED como un estímulo para el reinicio del diálogo entre las autoridades de la Universidad de Costa Rica y el Sindeu: “El Conare busca promover una perspectiva de derechos humanos, basada en la práctica del diálogo, en aras de alianzas mayores, niveles de paz social, con justicia y equidad, en la cotidianidad universitaria y en todos los ámbitos en que esta se proyecte”.
