Las herencias coloniales
América Latina heredó de las monarquías fuertes de Europa del sur, una forma de gobierno patrimonial, que, si bien ha tenido su propia evolución, mantiene la esencia de un gobierno al servicio de la élite. En otras palabras, el Estado opera sobre la base de estructuras de poder, basadas en oligarcas que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías.
Esta es la estructura contrasta con la que heredó América del Norte la monarquía constitucional inglesa, bastante disminuida en su poder, gracias a la revolución de Cromwell, por el peso de la burguesía en el parlamento y en sistema legal. Se impusieron nuevos pesos y contrapesos que hicieron valer los intereses de los emprendedores a través de la división efectiva de poderes.
Las “repúblicas” independientes
El patrimonialismo latinoamericano ha tomado diversas formas en el continente, dependiendo del peso socioeconómico de los diversos sectores sociales en la composición de cada país. Pero ha procurado mantener su esencia a través de la legislación y las estructuras institucionales. Dando como resultado gobiernos no incluyentes de amplias mayorías, en los cuales se afianza la desigualdad de oportunidades y se resquebraja cada vez más el tejido social.
Los acelerados cambios promovidos por la revolución científico-técnica provocan la desaparición del trabajo físico y mecánico, que se empotraba laboralmente en la población con bajo nivel educativo. El desempleo en estas condiciones genera un clima de tensión y desestabilización en el tejido social, el cual es aprovechado por nuevo poder de gran envergadura emergente en el continente: el narcotráfico. Esta nueva realidad ha empezado a desplazar muchos gobiernos estatales y municipales en México, Brasil y Colombia, y a transformar países completos en estados fallidos, como los del Triángulo del norte de Centro América.
Como se puede apreciar el origen del patrimonialismo tiene sus raíces en la cultura colonial y en las estructuras sociales desiguales con los pueblos originarios y los esclavos, por las relaciones poder y la concentración de la tierra. De tal manera que, al llegar la independencia de los nuevos estados, en la legislación y la configuración institucional, tuvieron un papel protagónico los hijos de los conquistadores. No existió un contrapeso económico al poder, más allá de las relaciones formales de los antiguos siervos y esclavos. En Ecuador, refiriéndose a la forma en que se aplicaba la legalidad, un dirigente indígena que no les tenía mucha confianza decía que “Las leyes se hicieron para los de poncho”, esto es para garantizar los derechos de los oligarcas.
¿Puede seguir en América Latina con el modelo patrimonialista de estado en el siglo XXI?
Por lo visto anteriormente, el modelo patrimonial clientelista de estado tiene sus días contados ante los desequilibrios sociales y políticos que está generando la desigualdad y el auge de un nuevo sector económico y político, el cual reta a los estados aprovechándose de la desesperación del creciente número de excluidos.
Por primera vez en quinientos años los estados latinoamericanos encuentran un reto en el modelo de desarrollo que no depende, como en el pasado, de su acomodo en las “cortes” de las tradicionales clases patrimoniales, sino que confrontan al Estado y van tomando más posiciones en los gobiernos e instituciones locales. Para este reto disponen de recursos económicos y militares cada vez más numerosos y sofisticados.
¿Cuál es la alternativa al caos y la violencia?
Para evitar el caos que ha empezado a expulsar a millones de latinoamericanos hacia el exterior, hay que aplicar soluciones sistémicas que actúen sobre las causas y no solo sobre los efectos inmediatos. Soluciones que contribuyan progresivamente a romper los círculos viciosos, y estimular la emergencia de nuevos círculos virtuosos que tengan fundamento en las mejores prácticas.
Se trata de una combinación de educación y capacitación organizacional cívica y empresarial, acompañada de una política de descentralización que abra senderos y genere autoridad por sus resultados.
Un pilar fundamental de centrarse en la educación, más allá del esquema tradicional de lo estándar que prepara oficios de toda la vida, y adaptada a la nueva época. Se requiere de una educación cosmopolita, pero enraizada en nuestros países, que propicie el respeto de las culturas ancestrales y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones, que enseñe a respetar las culturas locales y a conocer las nuevas experiencias de desarrollo motivadas por las comunidades indígenas, como las impulsadas en Bolivia.
La organización de las personas y de las comunidades es la vitamina “o” del desarrollo, es la que apodera a las comunidades y personas para participar en la vida cívica. Sin organización cívica la descentralización es un “canto a la bandera” que termina cediendo los espacios cívicos al clientelismo y al narco. Por eso es fundamental una descentralización de la educación y capacitación, así como los servicios de apoyo al financiamiento de proyectos locales que impulsen el encadenamiento y generación de empleo y riqueza en las comunidades.
Sin organización y capacitación no podrá integrarse a la vida económica, comunal y cívica a los excluidos que seguirán participando del juego de una “democracia” con los dados cargados por el un capitalismo de amiguetes, que tejen las leyes y las normativas para su beneficio patrimonial.
El Estado debe favorecer el desarrollo nacional y local, dictando normas que estimulen a los emprendedores nacionales mientras crecen y se posicionan. En todos los países hoy desarrollados han existido momentos de protección de lo local para consolidar sus industrias, así fue en Japón donde se les dio 10 años de ventaja a los industriales, con la condición de que en ese lapso pudieran exportar sus productos. En Israel el Estado le otorga ventajas de diverso tipo a los inversionistas para que en cinco años encadenen la mitad de su producción y servicios con la economía local. Aquí lamentablemente no se ha aprendido de esas experiencias y pretendemos hacer clavos de oro con un proteccionismo chato, que parte del supuesto que los recursos públicos son infinitos.
Revertir el proceso patrimonialista de 500 años requiere de empezar por reconocerlo en “su salsa” y emprender, a través de nuevas políticas, el aprendizaje y estimulo de las mejores prácticas locales e internacionales.
Es una tarea ardua, pero viable y necesaria, con soluciones sistémicas acumulativas.
