La pandemia por el COVID-19 mostró la capacidad del ser humano para responder con asombrosa prontitud, científica y operativa, a una situación novedosa: se produjeron vacunas y se lograron distribuir a la gran mayoría de la población en un tiempo corto. Sin embargo, también expuso nuestra vulnerabilidad a microorganismos como los virus.
En Costa Rica, la respuesta a la pandemia por el COVID-19 fue liderada desde un inicio por el Ministerio de Salud. Su trabajo, basado en el conocimiento científico y en datos emanados y analizados por diferentes entidades nacionales, le permitió coordinar la labor de múltiples actores gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil y evitar así el colapso hospitalario y, con ello, una mayor pérdida vidas.
Mientras la Organización Mundial de Salud sigue gestionando la pandemia, una nueva situación se suma al impacto en la economía por el COVID 19: la invasión de Rusia a Ucrania. Esta guerra muestra características pandémicas, se inicia en un lugar determinado y sus efectos se dispersan rápidamente a lo largo y ancho del planeta. Aunque nadie impone restricciones, el alza en los precios del barril de petróleo impacta en el sistema de precios, acceso de bienes y servicios en general, y limita, por costo, nuestra movilidad nacional e internacional.
Otro impacto que tiene esta nueva situación mundial es la escasez de alimentos que son parte de la dieta básica humana y animal. Recientemente el presidente ruso bloqueó la salida de grano de trigo, maíz y cebada de Ucrania y Rusia. Estos países generan un tercio de la producción mundial de estos alimentos. Por su parte, India, el segundo productor mundial de trigo, prohibió las exportaciones de cereales. Un elemento adicional producto de esta guerra y que complica el panorama alimentario es el alto costo de los fertilizantes y productos para el control de plagas y enfermedades, los cuales han multiplicado su precio, haciendo prohibitivo su uso.
¿Podemos como país enfrentar esta situación de crisis alimentaria? En el caso de la pandemia por COVID-19 la atención de esta enfermedad se basó, en una estrategia preventiva, en espera del desarrollo de una solución médica, en este caso las vacunas, que eventualmente se recibieron de las grandes farmacéuticas. En el caso de la crisis alimentaria no recibiremos una solución manufacturada, requerirá de un abordaje primordialmente nacional.
Es claro que este no es un tema con una solución unidimensional, involucra diversos engranajes desde política exterior y nacional, estrategias comerciales, económicas, sociales, nutricionales y agrícolas principalmente. ¿Quién asumirá la coordinación para atender esta situación? La respuesta lógica parecería ser el Ministerio de Agricultura.
Las políticas comerciales, emanadas desde el Gobierno, en el tema de granos básicos, han migrado del apoyo a los productores agrícolas nacionales a una política de mercado, que se mueve de acuerdo con la oferta y demanda, nacional e internacional, favoreciendo a los países con costos de producción menores o con políticas de subsidios a sus productores, fomentando así la importación sobre la producción nacional. El riesgo de estas políticas, y que sus detractores siempre han argumentado, es el impacto sobre el acceso a los alimentos en tiempos de crisis. Esto por cuanto el productor nacional no podría responder ante una situación de crisis porque su sistema productivo se ha desmantelado y ponerlo en marcha requeriría mucho tiempo, un factor no disponible en situaciones de hambre.
La producción agrícola en Costa Rica tiene costos altos, sobre todo en aquellos cultivos en los cuales el manejo requiere de una alta inversión en mano de obra. Pero esto no implica la imposibilidad de cultivar. Hay que encontrar formas de apoyar la producción que contrarresten los altos costos de las cargas sociales tales como incentivos fiscales, que ya reciben otros sectores y con resultados muy positivos, mercados cautivos para la comercialización (comedores estudiantiles e instituciones del Gobierno), financiamiento blando para equipos y maquinaria, capacitación técnica y organizativa entre otras.
Por su parte, el sector académico nacional es un factor fundamental para la respuesta ante esta situación de crisis, tanto en el tema de desabastecimiento como en la identificación de alternativas a los insumos agrícolas más económicas y amigables con el ambiente. Se dispone de variedades mejoradas para nuestras condiciones de soya, frijol, tomate, chile dulce y papaya, así como de raíces y tubérculos como papa, yuca, camote y malanga que pueden constituirse en sustitutos, al menos parciales, de la importación de cereales. Se trabaja en el desarrollo de alternativas para la producción agrícola orgánica y en el desarrollo de productos biológicos para la nutrición (biofertilizantes) de los cultivos, que reducen la dependencia de los fertilizantes químicos y que han mostrado resultados prometedores en cultivos como caña, arroz y cebolla entre otros.
En resumen, la crisis sanitaria y la crisis alimentaria que ya viven algunos países y que toca nuestras fronteras presentan retos similares, pero requieren abordajes muy distintos. La primera se basa en la implementación de una solución generada desde afuera de nuestro país, mientras que la segunda requiere de un abordaje endógeno. En este sentido se propone el desarrollo de acciones conducentes a apoyar al sector productor de alimentos y que redundará en el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país. Se considera que el sector gubernamental debe asumir la rectoría en la atención a esta problemática, identificando a los actores vitales para esta respuesta. Desde la academia, la Universidad de Costa Rica asumirá su rol en este proceso, aportando y generando conocimiento y el apoyo para el análisis riguroso de la información y la toma de las mejores decisiones.
