Hace rato que la Corte Suprema de Justicia es un organismo gravemente enfermo. De cara al procedimiento disciplinario contra los miembros de la Sala Tercera que ordenaron archivar una causa contra dos diputados de la Asamblea Legislativa, se tuvo la oportunidad de atender al paciente y empezar a recuperarlo. Pero en una votación dividida, según la información parcial con que contamos, una minoría (10 votos) terminó por imponer una sanción menos que simbólica: llamada de atención escrita.
Contra todo precedente de la misma Corte respecto de jueces ordinarios y en casos similares, contra toda evidencia, con los elementos de prueba constantes y sonantes a mano, se ha impuesto una mal disimulada impunidad. Cabe entonces, a pesar del frustrante resultado final, preguntarse cómo lo impensable se ha vuelto desesperadamente cierto.
La explicación debe buscarse, en primer lugar, en un sistema disciplinario con serias deficiencias de diseño, empezando por ser Corte Plena la encargada de ejercer la disciplina sobre sus propios miembros, por ser el procedimiento por completo secreto y obligar a mayorías calificadas (15 votos) para poder sancionar.
En segundo término, hay que indagar explicaciones en el sistema de elección de magistrados y magistradas. Con los años, ese régimen ha mostrado cada vez más sus falencias y debilidades. Candidatos y candidatas que logran su elección cabalgando sobre el lomo de prometer la defensa o combate de ciertas tesis, necesarias para ciertos poderosos amos; o prometiendo participar en ciertas causas que les salvarán el pellejo a ciertos otros de esos mismos amos. La independencia judicial ha dejado de ser una virtud para convertirse en una peligrosa cualidad y ha sacado del juego a los mejores para dar oportunidad solo a los mediocres. Cada vez son menos las gentes que se respetan dispuestas a participar en los concursos ante a la Asamblea Legislativa.
Lo “inexplicable” tiene también que ver con cuatro o cinco propietarios que han llegado a la magistratura gracias al “cartel del lobby”, del que precisamente forman parte activa algunos de sus compañeros, cuestionados en esta oportunidad. Es decir, le deben la magistratura a una maquinaria que con la mayor impudicia manipula procedimientos, pasa por encima de las reglas más elementales (como inflar candidatos y desinflar otros con puntuacionesarbitrariasen las entrevistas ante la Comisión de Nombramientos), o hasta resultan electos sin haber participado en el concurso.
Por supuesto que el resultado final también tiene que ver con la fórmula de escogencia de los magistrados y magistradas suplentes, que tienen que contar con la venia de los titulares para formar parte de las nóminas que designa por último la Asamblea Legislativa. Su condición es provisional y precaria, difícil de sostener posiciones realmente independientes y valientes. No hace mucho, una generación completa de suplentes de la Sala Tercera, entendió cuál era la nueva realidad y decidió no volver a aspirar a esos cargos. En esta ocasión, cuatro o cinco suplentes han tenido que pronunciarse en la causa contra sus compañeros titulares de Sala y hay claros indicios de que no se atrevieron a llevar la contraria.
A esta altura se puede ya sumar y entender que hay una importante base de entre 8 y 10 votos para que los resultados sean los que han sido.
Pero hay más. Un factor de fondo y de carácter profundamente ideológico gravita en todo lo que está sucediendo. En el ámbito penal y ante el incremento de la violencia en una sociedad que no se atreve a hurgar en las hondas raíces socio-económicas que la motivan, una fuerte apuesta por intentar resolver el tema con pura represividad se ha ido imponiendo. Elemento esencial de esa estrategia es socavar los principios fundamentales del derecho Constitucional y de Derechos Humanos, convirtiendo las libertades y garantías en malas palabras, y no en los vehículos indispensables que son para la sana convivencia democrática. Hoy día, al igual que sucede con la independencia, la promesa de ser un juez respetuoso de las garantías se ha convertido en un lastre y no enla virtud indispensable para el funcionamiento del sistema democrático republicano.
Esa tendencia se muestra descarnadamente en jueces, del más alto nivel, dispuestos a tratar sin piedad a los de “pata en el suelo” y, en cambio, con guante de seda, a los delincuentes “dorados” o de “cuello blanco”. Esa ideología es la que explica el caso del archivo del expediente de los diputados Guevara y Morales, a golpe de tambor, en cuestión de días y sin reparar en la prueba incriminatoria. Esa ideología en extremo conservadora ayudaría a entender igualmente una larga lista de asuntos también encarpetados en la Sala Tercera, el día que algún investigador decida hacer el estudio de esta triste realidad.
La democracia costarricense ya no está para lujos. Se imponen las reformas legales y constitucionales que permitan a la ciudadanía enterarse qué argumentos y razones se dan para establecer si se ha cometido alguna falta por parte de un alto juez de la República, así como se ha vuelto imprescindible conocer cómo vota cada quien y que no haya refugio en la sombra del anonimato. Se impone asimismo un rediseño general del Poder Judicial, con medidas a fondo que empiecen por separare tajantemente el gobierno y administración de las funciones jurisdiccionales y que no haya una cúpula donde se concentra tanto poder que termina generando las disfunciones que estamos viviendo y padeciendo.
A futuro el panorama es turbio. ¿Qué capacidad de liderazgo podrá tener un cuerpo enfermo, empantanado en el más absoluto descrédito? ¿Volverá a imponerse suspensiones y despidos a los jueces ordinarios cuando cometan errores graves en la apreciación de la prueba o en la interpretación de las normas? ¿Volveremos a la Edad Media con un derecho para los de abajo y otro derecho para los estamentos privilegiados?
Los al menos 10 votos de la vergüenza, que a ciencia cierta jamás sabremos de quiénes son, se complementan con uno o dos decisores cuyas motivaciones últimas serán un misterio más. A propósito de éstos, es inevitable evocar la leyenda histórica de un César exclamando, mientras es asesinado por los complotistas: “ ¿ Y tú también, Bruto?…”
El autor es exmagistrado y exv vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia
