La provocación sigue siendo uno de los mecanismos mediante los cuales se ataca a las universidades públicas. Esto fue evidente en la comparecencia de los representantes de la Federación de estudiantes del ITCR, FEITEC, en la Asamblea Legislativa el lunes 27 de mayo.
En el contexto de una serie de preguntas técnicas, políticas y prejuiciosas, por cierto, algunas con pésima formulación, y más allá de si los estudiantes contestaron con la rigurosidad que lo hubiera hecho una autoridad universitaria especializada en materia administrativa, fue evidente la saña con el objetivo de sembrar discordia entre las universidades públicas.
Los estudiantes fueron presionados con preguntas tendenciosas y prejuiciadas contra la inversión en educación pública. El Diputado Rodríguez Steller, por ejemplo, hizo una pregunta valorativa y juiciosa sobre la distribución del FEES, tratando de establecer que la UCR es acaparadora pues recibe el “60% del FEES”. El diputado fue manipulador y tergiversador con respecto de las carreras en las que se especializan universidades. “Elevó” al TEC por las ingenierías, y atacó a otras por “…el divorcio que ha habido de algunas universidades que gradúan muchas carreras que sencillamente hay un divorcio total entre lo que está demandando el mercado y lo que están graduando las carreras”. Preguntar si “es justo que una sola universidad se lleve el 60% del pastel” del FEES, lo primero que demuestra es absoluta ignorancia y mala intención, repito con el ánimo de poner a pelear a las universidades. La distribución del FES es un arreglo entre todas las universidades. La respuesta del Presidente de la FEITEC, Carlos Mario Boschini, fue la adecuada, pues las universidades responden a distintas necesidades que atienden según sus cualidades. Las definiciones de política interna en el ITCR, por ejemplo, se trazan en las instancias correspondientes, y lo mismo ocurre con las demás universidades públicas.
Ya el Plan fiscal le restó a las universidades 10.000 millones de colones, casualmente para atender centros o recintos regionales, que los diputados ahora intentan “victimizar”. Si bien no se pueden negar las limitaciones que hay en todas las universidades en distintos campos, resultan cortísimas las nociones sobre la visión, la función, la utilidad, las necesidades a las que responden nuestras universidades como parte del sistema estatal en un Estado social de derecho.
Por ahora valga recordar que la discusión con respecto de los salarios en las universidades públicas está vigente desde hace años. Incluso en el ITCR la Rectoría denunció primero y luego, con el Sindicato, renegoció la Convención Colectiva. Los ataques por despilfarros y altos salarios han sido y siguen siendo parte de las provocaciones contra las universidades que, vistas en el contexto que corresponde, son parte del ataque al Estado social. Las universidades deben, y ya se han dado pasos en esa dirección, revisar y redefinir la eficiencia y la eficacia de sus inversiones, pero nunca plegarse al deseo de muchos de liquidarlas o convertirlas en maquilas que generen sus propios ingresos. Hacerlo como complemento es una cosa y obligarse a depender de eso es otra.
Carlos Mario Boschini, eso sí, adelanta una peligrosa sentencia sobre pluses “que van creciendo de manera desmedida, de forma exponencial y peligrosa”. Sin duda ése es un asunto de debate permanente. La “masa salarial” debe crecer en la medida que sea necesario para atender las obligaciones con lo/as empleado/as de las universidades y evitar la precarización del empleo. Por ahora, quisiera dar el beneficio de la duda (por el contexto y la presión), esperar aclaraciones del Presidente de la FEITEC y que en el ICTR se dialogue en las instancias que corresponde, sobre cómo invertimos los recursos que recibimos. Si somos universidades no se puede esperar que nos convirtamos en U-empresas. Fuimos creadas para formar gente sensible socialmente, especialistas en todos, entiéndase bien, en todos los campos del saber, de la ciencia, la tecnología, las artes, el deporte, la salud, las humanidades, etc.
Sobre los salarios en el ITCR es indispensable tener una versión actualizada de las autoridades. Mientras tanto, podemos recordar una publicación de CRHoy titulada “76% de la planilla del TEC gana menos de ¢1,5 millones”
(https://archivo.crhoy.com/76-de-la-planilla-del-tec-gana-menos-de-%C2%A215-millones/nacionales/), en la que se indica que el ITCR “…presume de un una situación salarial “razonable y justa”. Según el más reciente informe, el 76% de sus trabajadores gana menos de ¢1,5 millones mensuales. Los demás empleados ganan entre ¢2 millones y ¢5.5 millones”. Sólo hay 2 salarios mayores a los ¢5 millones mensuales.
El electorado del ITCR, ahora ante la elección en segunda ronda de nuevo Rector, debe leer con todo cuidado los discursos de ataque y tendencia privatizadora de las universidades, no importa si son internos o si vienen de afuera. Los candidatos deberían definir claramente su posición. Dialogar, consensuar y sin duda defender las universidades en cualquier instancia y espacio: Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, Banco Mundial, calles, o donde sea, es lo que corresponde, y ello incluye evitar la pérdida de garantías laborales de cualquier tipo, incluidos los salarios justos según las tareas realizadas. No perder la orientación y unificar criterios dentro de las universidades es fundamental para asegurar que nuestro sistema de educación pública se fortalezca en vez de perecer ante las amenazas constantes de sus enemigos. Lo que sí nos ha faltado, empezando por las altas autoridades, es beligerancia para defender la educación pública superior.
