Con motivo de la conmoción causada en la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación por la noticia, desvirtuada, de un aumento en el Impuesto al Valor Agregado, hemos sido testigos de manifestaciones apocalípticas provenientes de los legisladores.
“… en riesgo la democracia de Costa Rica… tenemos la obligación moral para que el debate público esté fundamentado en datos correctos y no en la manipulación y la mala fe. “Las noticias falsas se pueden denominar como corrupción… los políticos no pueden seguir incitando al odio…” (El PaísCR, 1/8/19; LN, pág. 6, 1/8/19)
Menudo polvorín, y digno de mejor causa, porque desde nuestra perspectiva, los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio han recibido, desde hace décadas, una dosis tras otra de noticias falsas y distorsión de información acerca de nuestras pensiones, provenientes tanto de legisladores como de la prensa. Y esa andanada de desinformación sí ha tenido como efecto la creación de un clima de odio, como se puede apreciar fácilmente en redes sociales, donde encontramos “joyas de opinión” referentes a nosotros como: “Malditos de la patria.”, “Deshonestos”, “Élites privilegiadas”, “…parásitos del pueblo costarricense”, “… ladrones con derechos adquiridos sobre lo robado”, “una pensión de lujo es un fraude legal que le produce miles de millones a una casta angurrienta que nunca cotizó para recibir esas sumas” (Facebook, comentarios en títulos “pensionados de lujo”). Y podríamos seguir citando linduras al efecto.
¿Noticias falsas?. ¿Cuántas veces se ha proferido durante años, por parte de prensa y diputados, que nosotros no cotizamos para nuestras pensiones o no cotizamos lo suficiente? Además de que eso no es cierto, resulta que el Estado, como es de dominio público (LR, Pág. 10, 15/4/2005; Semanario Universidad, Suplemento, pág 6, 7/8/2003; E. Robles. 15 años de la Ley de Protección al trabajador. San José: Imprenta Lil : 29, 2015.), desvió a gasto ordinario los excedentes de las cotizaciones del Magisterio desde 1958, y efectivamente lo dejó sin fondo de pensiones; fondo que debía haberse creado por mandato de ley 2248. Y no fueron centavitos lo que se desvió. El Departamento Actuarial de Jupema ha estimado que dicho fondo pudo haber llegado a la suma de ₡5 millones de millones en 2012, suficiente para hacerle frente al pago de nuestras pensiones sin recurrir al Presupuesto Nacional. Y fue precisamente por la ausencia de ese fondo que los legisladores crearon, en 1995, el Régimen Transitorio de Reparto, sin fondo propio, y garantizaron el pago de esos derechos jubilatorios por parte del Estado (Leyes 7531 y 7946), garantía que ahora pretenden desconocer.
¿Distorsión mediante ocultamiento de información? ¿Sabe usted cuánto cotizó el Magisterio para sus pensiones desde 1958? Entre 3 y 6 veces más de lo que cotizaron los adscritos al Régimen de IVM-CCSS. Pero eso no es destacado por los manipuladores de información. Y aún así, se pretende, mediante proyectos de ley, uniformar las pensiones al máximo otorgado por el IVM-CCSS, “sin importar cuánto haya cotizado del beneficiario” (LN, Editorial, 5/1/19).
¿Distorsión directa de la información? Es opinión personal y sin fundamento técnico del Superintendente de Pensiones, por propia admisión (LN, pág. 11 A, 17/12/18 ), y en línea con proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, que la pensión máxima debería ser, al igual que la del IVM-CCSS, cerca de 1,6 millones. Sin embargo, mediante milagrosa transfiguración, ese tope aparece posteriormente en la prensa escrita como la posición oficial de la Superintendencia de Pensiones (LN, pág. 12 A, 18/4/19).
¿Manipulación de información? La prensa y grupos interesados hicieron eco, desde hace años, de las quejas en contra de personalidades políticas con altas pensiones (“políticos pillos hipotecaron el país a su favor”, decía un pasquín en el 2002) (C.R. Loría. Campanada #41, 6/11/2002). Y mediante argucia mediática se etiquetó también a una parte de los jubilados del Magisterio como perteneciente a la clase de “pensionados de lujo”, haciéndolos objeto de escarnio. Eso sin importar que las pensiones magisteriales del RTR que sobrepasan el tope establecido de 3,98 millones representan solo el 1,75% del total (760 de un total de 43.487), y que las deducciones totales para las pensiones más altas llegan ya al 57%. Eso sí, recientemente no tuvieron reparos en catalogar, cual prestidigitadores de la información, como “pensión de lujo” a cualquier pensión que sobrepase 1,6 millones, apelativo que antes estaba “reservado” a pensiones de 5 a 10 millones o más (LN, pág. 12 A, 18/4/19).
¿Fake news?, ¿noticias falsas?, ¡noticias viejas para nosotros! ¿Por qué sí se vale manipular la información acerca de nuestras pensiones e incitar así al odio contra los pensionados magisteriales? ¿Por qué cuando se trata de las pensiones del Magisterio sí se puede dejar de lado “el deber de la sociedad costarricense de rechazar la distorsión y manipulación de la información y buscar la forma de hacer política (al decir del Presidente de la Asamblea Legislativa) siguiendo parámetros de rigurosidad de datos y hechos?”( LN, pág. 6, 1/8/19).
Y si de “parámetros de rigurosidad de datos y hechos” se habla, ¿por qué las verdades históricas y técnicas que mencionamos aquí acerca de nuestras pensiones del Régimen Transitorio de Reparto, están ausentes en los proyectos sobre pensiones actualmente en corriente legislativa? ¿Cómo es posible que con estos proyectos se pretenda, sin ningún fundamento técnico, (pero con abundancia de consideraciones francamente fiscalistas y populistas), cercenar brutalmente esas jubilaciones, alcanzadas en razón de cotizaciones elevadas, méritos otorgadas de acuerdo al bloque de legalidad, avaladas en muchos casos por Juzgados de Trabajo, y ya sujetas a gravámenes varios, como cotización de hasta 16% a un Régimen inexistente, impuesto sobre renta, contribución a la CCSS por Enfermedad y Maternidad, contribución especial solidaria de hasta 75% sobre tope establecido, alcanzando hasta el 57% en deducciones totales?
