La reforma tributaria aprobada en 2018, durante el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, eximió a los libros publicados en el país del impuesto al valor agregado (IVA), pero no a los materiales y servicios necesarios para producirlos.
De esta forma, la exención del IVA fue más una ficción operativa que una realidad, pues incluso los derechos de autor, asimilados a un servicio, fueron sometidos a este tributo, cuyo pago corresponde a las editoriales públicas y privadas.
Como resultado de esta innovación fiscal, se crearon dos situaciones: por un lado, se estableció un proteccionismo económico al revés, que favorece a los libros importados, exentos del IVA, en detrimento de los nacionales.
Por otro lado, se crearon injustificables diferencias entre los productores nacionales de libros, pues mientras las editoriales de las universidades públicas están sujetas a un IVA del 2 por ciento, la Editorial Costa Rica y las editoriales privadas deben pagar un IVA del 13 por ciento.
Así, todos los productores nacionales fueron perjudicados frente a los extranjeros y, entre los nacionales, unos quedaron en una posición más desventajosa que otros.
El impacto de esta aberración fiscal no se hizo esperar: el precio de los libros costarricenses se ha incrementado de manera desproporcionada en el último quinquenio, al tiempo que se reduce drásticamente el número de copias producidas.
Tal situación, que hace medio siglo hubiera provocado un escándalo nacional por desdemocratizar el acceso al libro, ahora parece no preocuparle a nadie, por lo que la pregunta: ¿quién puede comprar libros costarricenses?, tiene asegurada, desde ya, la misma respuesta que recibió el coronel de la novela de Gabriel García Márquez.
