El concepto de déficit fiscal, déficit presupuestario o déficit público se refiere a la situación por la que los gastos realizados por el Gobierno Central u otras entidades públicas superan a sus ingresos en un determinado período (generalmente un año). Antes este hecho, es necesario que se tomen las medidas pertinentes para sanear las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, conscientes de que existen dos vertientes: la de los ingresos y la de los gastos. Para disfrutar de finanzas públicas sanas se requieren fuentes seguras, especialmente, de ingresos corrientes. Además, se debe contar con una política fiscal clara y sencilla, sustentada especialmente en impuestos directos como el de la renta. Las medidas no deben ser solo en relación con los ingresos, sino también con los gastos, para tener un déficit fiscal manejable
Se determinó un déficit de un 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2016. En el 2017, se cerró con un déficit del 6.1%. Para el 2018, se espera un déficit del 7.1%. Estos datos demuestran que el déficit fiscal se viene presentando hace varios años. Si bien el Gobierno actual no ha colaborado mucho para resolver esa situación, es necesario que se realice un análisis de las finanzas públicas, especialmente, en lo que se refiere al Gobierno central, el cual presenta un déficit importante y casi inmanejable, dado que cerca de un 46% del presupuesto nacional está financiado con créditos e, incluso, con gasto corriente. La deuda del Gobierno central representa un 49.2% del PIB. Esto algunos economistas lo consideran inmanejable, ya que opinan que la deuda no debe debería superar el 40 % del PIB.
La primera medida que debería aplicarse es disminuir la evasión de impuestos y el contrabando, lo que, de acuerdo con estudios realizados, representa entre el 5% y el 7% del PIB. Se podría lograr una disminución del 2% del déficit fiscal si toman acciones más efectivas y se aplican de forma adecuada las disposiciones que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa para combatir la evasión fiscal. Otra medida sería disminuir las exoneraciones que actualmente representan el 5,7% del PIB. El Estado dejará de recaudar cerca de ₡2 billones en el 2018 por beneficios; además, en este gobierno se ha aprobado el mayor número de exoneraciones desde el 2002.
Igualmente, debe realizarse la restructuración del sector público, que, con más de 330 entidades y 900 programas, tiene un accionar poco ágil y no logra los resultados adecuados para mejorar el desarrollo del país. Sobre todo, se debe definir la situación salarial del sector público y establecer una ley de empleo público que instaure el salario único y elimine las diferencias tan sustanciales en los salarios que se pagan en este sector. Actualmente, hay más 1.300 funcionarios que tienen salarios que oscilan entre ₡3 y ₡20 millones. Incluso, se debe limitar el monto de las pensiones de privilegio, lo cual se propuso desde el año 2014. Si bien se aplicó al régimen de pensiones de Hacienda, falta el del Poder Judicial y el del Magisterio.
Unido a esto, se debe reformar la Constitución Política para disminuir los aportes que se otorgan al Poder Judicial, a las Universidades y Municipalidades, para que estén acordes con la situación de las finanzas públicas. Sobre todo, se necesita renegociar transitoriamente el aporte que se otorga a la educación superior mediante el FEES, para que se otorgue un monto más razonable a la situación económica del país. Además, se debe renegociar transitoriamente el aporte al Poder Judicial que está establecido en la Constitución Política y lograr que ese poder sea más austero en la realización de sus gastos. En este sentido, cabe destacar que eliminar el destino específico de algunos ingresos; establecer recursos con finalidad específica o dar un destino específico a parte de los recursos del presupuesto nacional va en contra de una adecuada técnica presupuestaria.
Asimismo, se debe eliminar la compra de vehículos de lujo, restringir los viajes al exterior, disminuir gastos de publicidad y propaganda y gastos protocolarios. Incluso, realizar un análisis de lo que se paga en alquiler de edificios y ver si son necesarios esos alquileres. Cabe destacar que el sector público de Costa Rica requiere una solución de integración y unificación de sus plataformas electrónicas de compras públicas. Su objetivo es propiciar la transparencia y la eficiencia de la contratación estatal, disminuir costos y obtener mejores precios en las compras que se realicen. Por esto, se debe propiciar que todo el sector público utilice el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en el sistema de contratación pública de Costa Rica.
Una vez aplicadas esas medidas se debe definir los puntos relacionados con la reforma fiscal; especialmente, debe procurarse que no sea regresiva y que no afecte más a la clase media y a los pobres. Para esto, se debe sustentar más en el impuesto sobre la renta, lo que incluye el concepto de renta mundial, y transformar el impuesto de ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero dejándolo en el 13 %. Dar un plazo de tres para aplicar el IVA a los servicios, dado que un reciente estudio de la Universidad Nacional explica que, si bien crear el IVA puede ser una solución al déficit fiscal, traerá más pobreza a las clases menos favorecidas si no se hace de manera ordenada.
