En dos gobiernos anteriores se cayó la reforma fiscal por procedimientos incorrectos señalados por la Sala IV. En el trámite del proyecto actual de reforma fiscal o de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya el Poder Judicial indicó que sí se afecta su accionar o su independencia, por lo que el proyecto necesita de 38 votos para su aprobación.
Algunos estudiosos de la materia legislativa indican que si un proyecto requiere 238 votos para su aprobación, no se le puede dar trámite por la vía rápida. Se pide a los costarricenses que acepten la reforma fiscal y que no los va afectar.
Aunque es necesaria la reforma fiscal para paliar el déficit fiscal, no lo elimina y pasaran por lo menos cuatro años para que sea un déficit manejable. Es importante señalar que la reforma fiscal va a disminuir en un 2% el déficit fiscal, pues se estima que al finalizar el 2018 este será de un 7,2 % del PIB. Se vienen presentando una serie de acontecimientos que llaman la atención.
Se nombra en las juntas directivas de los bancos a personas que no son expertas en banca y finanzas, porque no se aplican las disposiciones que se aprobaron recientemente sobre nombramientos de miembros de juntas directivas de los bancos. Se nombran políticos en puestos diplomáticos, sin tener carrera diplomática, ni experiencia en el campo diplomático.
Se decide en la Asamblea Legislativa no cobrar el IVA a las zonas francas y se le incrementan las exoneraciones. Se realiza una campaña de divulgación sobre el plan fiscal que costó muchos millones.
Se realizó pago de intereses de la deuda pública, sin contenido presupuestario, en contraposición a lo que establece el artículo 180 de la Constitución Política en el sentido de que el presupuesto es el marco de acción.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reconoció que ha autorizado el pago de ¢48.000 millones para el vencimiento de deuda interna del país, correspondiente a los meses de junio y julio, sin tener la autorización presupuestaria del Congreso para ello, según información publicada en la prensa nacional. Ese monto es parte de los ¢600.000 millones del vencimiento de la deuda, que no se informó y que obligó a esta administración a solicitar a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario por esa cantidad.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue aprobada por vía rápida en la Asamblea Legislativa y actualmente se encuentra en discusión en el plenario legislativo.
Lo que no se hizo en 20 años en materia tributaria y de contención del gasto público se quiere hacer en un año. Me parece que no es una estrategia adecuada, pues si bien el proyecto considera aspectos muy positivos como el concepto de renta global que va a permitir que cada persona pague según su nivel de ingresos y lo referente a la regla fiscal que limita crecimiento de los gastos.
Me llama la atención que aspectos que fueron excluidos de la reforma fiscal se están incluyendo en proyectos de ley, como el cobro de impuestos a cooperativas grandes y el cobro del IVA a las zonas francas; así como el cobro del IVA a los servicios, incluyendo la canasta básica.
Me parece que falta un mayor equilibrio sobre a quienes se va a recargar más la reforma fiscal; por lo que se debe contar también con una política fiscal clara y sencilla, sustentada especialmente en impuestos directos como el de la renta.
Las medidas no deben ser en relación con los ingresos, sino también en los gastos, para tener un déficit fiscal manejable.
