Negociando con los del fondo

No es el interés de este artículo señalar de manera puntual las acciones de todo lo que implica un acuerdo, sino  algunos principios que deben estar presentes y grandes hitos que deben incluirse. 

Negociando con los del fondo

Welmer Ramos Gonzàlez, Diputado

Sobre la negociación del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF), que muy pronto quiere iniciar el Gobierno de Costa Rica, creo conveniente hacer algunas observaciones a tomar en cuenta.

Todos los países están sufriendo las consecuencias de la recesión global producto del COVID-19. Ningún país saldrá de la crisis de contagios sino se logra una solución global, igualmente la economía mundial está altamente vinculada, lo que obliga a cooperar a todas las naciones para la reactivación. Así, los métodos tradicionales no necesariamente son los adecuados, y dada las necesidades de recursos que requerirá refinanciar el país en los próximos tres años, el FMI apenas apoyaría con el 10% de esas necesidades, pero nos tememos que exigirá tanto como si estuviera aportando en 100%.

Suponiendo que el Gobierno no va explorar otras acciones, entonces es necesario que los objetivos socioeconómicos, a que aspira Costa Rica en el mediano plazo, deban estar claramente expresados en el SAF, sin estos objetivos explícitos el ajuste fiscal será un ejercicio meramente contable y financiero, no un instrumento para darle viabilidad a las legítimas aspiraciones de desarrollo inclusivo de un país. Así, un acuerdo socialmente viable debe, al menos, contemplar las siguientes 15 aspectos y la ruta para alcanzarlos:

  • Una reducción sostenida de la desigualdad. Costa Rica está alcanzado récord de desigualdad en el mundo y este ámbito se corrige por medio de política económica y social. El Coeficiente de Gini de Costa Rica es el mismo antes de impuestos que después de impuestos, lo que refleja que los tributos no son progresivos y que se recaudan mayoritariamente a nivel de rentas medias hacia abajo, mientras que los tres últimos percentiles contribuyen porcentualmente poco. Eso hay que cambiarlo, jamás perpetuarlo. Cada una de las acciones a proponerle al FMI debe ser sopesada por los impactos que implique al respecto.
  • Emprenderse una amplia reforma del mercado. El alto costo de la vida es consecuencia de mercados oligopólicos, monopsónicos, con poder para acaparar todas las rentas de las cadenas de valor, pagándole a pymes precios ruinosos y cobrarles a los consumidores precios abusivamente altos, tal es el caso de: medicamentos, insumos de la construcción, abarrotes, bienes agrícolas, insumos agrícolas y el sistema financiero. Estas fallas del mercado también concentran la riqueza y ralentizan el crecimiento de la economía.
  • Fortalecer los programas para atender la población vulnerable y en pobreza, a la vez que la gestión del Estado se hace más eficiente, por ejemplo: el acceso a la educación, la salud y a los servicios públicos en general se sesgan en contra de los más pobres y contra las regiones de menor desarrollo.
  • Inversión pública o gasto público estratégico sin recortes, la recesión ocasionada por la pandemia no puede agravarse con reducciones del gasto estratégico, hay abundante evidencia del incremento en el costo social y económico de medidas restrictivas de gasto para caer una vez más en los mismos errores del pasado.
  • Los grupos tradicionalmente exonerados y privilegiados deben aportar generosa y patrióticamente para salvar este difícil trance de la historia. Antes hubo políticas públicas generosas donde el grueso de la sociedad aportó transferencias multimillonarias para programas como: Contratos de Exportación, Certificados de Abono Tributario, Incentivos Turísticos, Programas de Fomento Industrial, y varios decenas de exoneraciones fiscales, que permitieron crear un sector empresarial fuerte y diversos, ahora es tiempo de reciprocidad y solidaridad.
  • Implementar la Renta Mundial para cerrar un enorme portillo para la evasión y la elusión. Las empresas provenientes de los países desarrollados saben que esto no les afecta, puesto que los impuestos que no paguen en Costa Rica lo deben pagar en sus países. Además, el 67% de la inversión extranjera que recibe Costa Rica no está sujeta a ningún sistema de exoneración, solo el 33% restante. Lo que sí ocurre es que hay un número importante de empresarios nacionales que utilizan este portillo fiscal para trasladar utilidades de Costa Rica a otros países, con transacciones meramente de papel.

Cabe recordar que en dos ocasiones anteriores la Asamblea Legislativa aprobó esta ley y por razones de forma fue desechada por la Sala Constitucional.

Un estudio del National Bureau of Economic Research, titulado The missing profits of nations de Thomas R. Tørsløv,  Ludvig S. Wier, Gabriel Zucman, investigadores de las Universidades de California (Berkley)  y Copenhagen, muestra que nuestro país puede estar dejando de recaudar hasta un 2,3% del PIB por carecer de esta normativa.

  • Gravar la distribución de Dividendos de Las Zonas Francas. Una ley especial las exonera de la mayoría de los tributos (renta, ventas, municipales, impuestos a la importación, distribución de dividendos ) lo que no se cuestiona en absoluto ni se pretende cambiar, toda reinversión de utilidades que se genere debe quedar con igual normativa a la existente. Lo que no está bien es que la distribución de dividendos sea exonerada en Costa Rica, pues ese impuesto lo cobran los países donde reside el inversor y si el nuestro lo exonera, entonces, no cobrarlo equivale regalar los tributos a otras administraciones tributarias.

De nuevo, ningún inversor extranjero se opondrá a esta medida, así quedó demostrado en dos ocasiones anteriores cuando esto fue aprobado por el congreso, pero sí que tendría resistencia de inversionistas costarricenses que utilizan el régimen para eludir tributos.

  • El Estado de bienestar no debe debilitarse. El COVID-19 es un virus que se ensaña con la desigualdad, afecta de manera desproporcionada a los pobres, por la mala nutrición, por el hacinamiento, por el costo de protección sanitaria, por el uso de transportes masivos, etc.
  • No se debe deteriorar aún más la capacidad de negociación de los trabajadores, ni los ingresos de estos, un ajuste que enfatice en el deterioro de las remuneraciones de los trabajadores provocaría tensiones sociales innecesarias y contraproducentes. Así mismo, se debilitaría aún más la capacidad del mercado interno para empujar la actividad económica.
  • Es necesario dividir el costo del ajuste entre los aportes que están haciendo cada uno de los factores de la producción y clarificar los efectos redistributivos antes señalados.
  • Redefinir el papel del Banco Central y de la política monetaria, que implique al menos los siguientes aspectos:
    1. Un compromiso decidido con el “logro pleno empleo”, más aún cuando la política fiscal está muy comprometida.
    2. Acciones claras y contundentes de eliminar la “ineficiencia” del oligopolio financiero, que eleva el costo de los servicios a toda la sociedad y el Estado y que extrae rentas abusivamente. Para muestra, el reciente Estudio sobre el costo de transar con tarjetas que acaba de concluir el BCCR.
  • Eliminar de una sola vez las puertas giratorias nefastas en el sistema financiero que están generando que los objetivos que se persiguen sean los de los banqueros y no los de la sociedad.
  1. Que el Banco Central presente un mecanismo de refinanciamiento de deudas para los hogares y las empresas que, consecuencia de la pandemia, han perdido capacidad de pago en el mediano plazo.
  • El mundo entero debe beneficiarse de la necesidad de mayor liquidez que persiste y que este mecanismo no debe ser monopolio de los países cuyas monedas sean divisas, por lo que debe hacerse una nueva emisión de DEG, al menos de cinco veces la que tuvo lugar en el 2009. A costa Rica le corresponderían unos $1000 millones, sin condicionamientos de ninguna índole.
  • La deuda del Gobierno Central no es alta, está mal financiada. Japón, Estados Unidos, Italia, entre otros países tienen niveles relativos de deuda pública que cuadruplican y duplican a la nuestra y no tienen problema con ello. La deuda de Costa Rica es de corto plazo y financiada a tasas obscenamente altas, ahí está el problema. Los países de renta media y renta baja deben sacudirse de ese lastre. Con ese fin, urge “consorciar” a los entes multilaterales de la región para lograr sinergias: así FLAR, BID, BCIE; CAF, Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) deben buscar juntos crear opciones de reestructurar pasivos públicos a mayores plazos y tasas inferiores.
  • No vender las empresas públicas pues son claves para la democratización económica del país, que de ninguna manera se deben enajenar, ellas son el remanente selecto que quedan después de 30 años de privatizaciones.
  • Por último, es sumamente relevante que el proceso de consulta a que fue sometido el pueblo costarricense, con el fin de definir las acciones a seguir en este Acuerdo de Servicio Ampliado, se revele el procedimiento de sistematización y de síntesis que se siguió con el fin de generar la transparencia y la rendición de cuentas que el caso amerita.

No es el interés de este artículo señalar de manera puntual las acciones de todo lo que implica un acuerdo, sino  algunos principios que deben estar presentes y grandes hitos que deben incluirse.

 

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