A finales de la década de 1950, el Estado comenzó a promulgar leyes y decretos ejecutivos relacionados con el ámbito de la cultura, los cuales se convirtieron en la génesis de un armazón legal que configuraría los lineamientos de una política cultural por los próximos cuarenta y cinco años. Así, se constituyó una red de normativas que contribuyó con el establecimiento de instituciones culturales, con el desarrollo de la labor creativa de los artistas y con la formación de un público que acogería la producción cultural. En la década de 1970 se perfilaron tres cimientos jurídicos que fueron fundamentales para estructurar y conformar dicho ámbito en los siguientes años. Uno consistió en avalar leyes que permitieron la instauración de entidades necesarias para la promoción de la cultura y el arte; otro se aseguró que contaría con las edificaciones donde ubicaría instituciones como los museos que se estaban instaurando; el tercero fue determinar los presupuestos e impuestos con los que se financiarían dichas instancias.
Así, en 1974, se dispuso la creación del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, el cual fue inaugurado hasta 1980. Su propósito era honrar y conservar el patrimonio relativo al héroe nacional y a la gesta heroica del 56; se le asignó el edificio de la antigua cárcel de Alajuela. En 1977 se fundó el Museo de Arte Costarricense, con el interés de conservar, divulgar y estimular las artes plásticas costarricenses. A este se le otorgó el inmueble del primer aeropuerto internacional de Costa Rica, conocido como Aeropuerto de La Sabana. En 1991, se creó el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en una casa que fue propiedad de este expresidente de la República. En ese mismo año se instauró el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, complejo que alberga al Museo de los Niños, el Auditorio Nacional, la Galería Nacional y el Complejo Juvenil. Dos años después, se le asignaron los inmuebles de la antigua Penitenciaria Central de San José. En 1993, se promulgó un decreto para instaurar el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el cual se situó en la antigua Fábrica Nacional de Licores (Fanal). A este interés por conservar y darle albergue al patrimonio cultural del país, cabe agregar el museo más antiguo del país: el Museo Nacional de Costa Rica. Este fue creado en 1887 y en 1950 se ubicó en el Cuartel Bellavista.
En Costa Rica, solo tres edificios han sido construidos con el fin específico de acoger un museo. En 1982, se inauguró la edificación de los Museos del Banco Central de Costa Rica, en donde se instalaron las colecciones de oro precolombino, de artes visuales y de numismática de dicha entidad bancaria. En el 2014, el Instituto Nacional de Seguros estrenó nuevas instalaciones destinadas para el Museo del Jade, en las cuales se acopiaría a una de las colecciones estatales más antiguas del país. La tercera edificación fue el Sitio Museo Finca 6 en Palmar Sur (Osa, Puntarenas), cuyas puertas se abrieron en el 2013.
Por lo tanto, en forma sistemática y coherente, se promulgaron normativas a partir de las cuales se constituyó una estructura legal que permitió crear instituciones de índole cultural y, además, se les asignó edificaciones patrimoniales donde instalarse. Estas fueron declaradas de interés histórico, arquitectónico, cultural o monumento nacional; luego, fueron cobijadas por la Ley sobre Patrimonio Histórico Arquitectónico (1995).
En el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), esta resguarda inmuebles museísticos que han sido declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico, tales como el Museo Regional de San Ramón y el Museo Regional Omar Salazar Obando, por ejemplo. Sin embargo, la UCR cuenta con otras construcciones que pueden considerarse patrimoniales por su valor histórico, arquitectónico y cultural, específicamente las edificaciones que se construyeron en la década de 1950 en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes. Una de las personas que más ha investigado este espacio es el arquitecto Carlos Jankilevich. En varios de sus estudios, ha propuesto declarar de valor patrimonial a 13 edificios y la posibilidad de intervenir de forma reservada o restringida a 12 construcciones más. Esto podría ser una base para que el Consejo Universitario declarara dichas edificaciones, así como sus entornos, de interés histórico, arquitectónico y cultural, y así impedir la realización de trabajos que afecten su edificación o aspecto. Desgraciadamente, varios de estos ya han sido manoseados y alterados de manera irreversible. Ante el ejemplar diseño espacial, arquitectónico y paisajístico, heredado de ilustres académicos e intelectuales como Rodrigo Facio Brenes, una resolución de esta índole sería una forma de recordar y enaltecer su legado, así como un ejemplo para el país de conservación de la memoria histórica.