Al reaccionar negativamente ante la aprobación en la Asamblea Legislativa, en un primer debate, de legislación que limpia la hoja de delincuencia de exreos que cumplieron penas por delitos ‘menos lesivos’, el presidente de la Unión de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial, señor Rónald Jiménez, alegó: “Los patronos tienen el derecho a saber a quién están contratando”. Ejemplificó su punto de vista: “Si se necesita personal de seguridad en una joyería o en cualquier tipo de establecimiento y, sin saber, se contrata a alguien que fue condenado por robo, nos podemos ver expuestos a ser sus próximas víctimas” (LN: 30/04/16). Suena a sentido común: un eventual empleado ha de resultar transparente a los ojos del patrón. Las cosas pueden enredarse si son de otra manera.
La legislación mencionada tiene su historia. Se originó en la voluntad de limpiar el historial de vida de mujeres que cometen delitos, introducir drogas en un penal, por ejemplo, inducidas, quiere decir obligadas, por sus parejas masculinas. Legisladores machos la ampliaron para que favoreciera también a “personas vulnerables”. O sea a todos los valorados exreos ‘menos lesivos’.
Conviene retornar ahora al sentido común del señor Ronald Jiménez. En efecto, es útil que un empresario sepa a quién está contratando. Los contratos de trabajo han de firmarse entre individuos (o empresas) transparentes. Pero también el contratado debería saber quién es el que lo contrata. Lo que es bueno y útil para el contratante resulta asimismo bueno y útil para el contratado. Ya sabemos que el contratado ha de presentar su hoja de delincuencia efectiva: purgada, según propone la nueva legislación, o tradicional. Pero el empleador o patrono también debería presentar sus antecedentes.
Por ejemplo: ¿tiene reclamos o condenas por no pagar aguinaldos navideños u horas extras? ¿Paga los salarios de ley? ¿Le han hecho reclamos o sanciones por evadir (directa o indirectamente) impuestos? ¿Si es divorciado una o varias veces, cuál es el monto de pensión que le exigen sus ex familias? ¿Lo paga sin chistar? ¿Puede probar que su trato con sus empleados es institucional y de acuerdo con la dignidad humana, o sea nunca grosera? ¿Acepta sindicatos u organizaciones solidaristas? ¿No rebaja (o intenta abusar de) a sus empleadas o trabajadoras ni a los empleados novatos? Los ministerios de Hacienda, de Trabajo, los circuitos judiciales, el Ministerio de la Condición de la Mujer y la Defensoría de los Habitantes extenderían las certificaciones locales. Y como los negocios están hoy mundializados, Interpol informaría acerca de que el empresario no es sospechoso de lavar dinero, asociación con el crimen organizado ni uso ‘peculiar’ de la banca offshore. El empresario podría deducir de sus impuestos los gastos exigidos para conseguir estos certificados. Las certificaciones se renovarían cada cierto tiempo. No tener los papeles al día se consideraría delito, pero las penas no contemplarían cárcel (el presidio en Costa Rica no favorece la formación ni la rehabilitación de personas. Han de darse excepciones, pero no conviene jugar esa lotería).
La razón ideológica de las mutuas transparencias implicadas por un contrato de trabajo es obvia. Ambas partes son individuos libres y ciudadanos iguales y como tales ambos son responsables por sus acciones, lo que implica que pueden cometer errores y, también violar reglamentos y leyes. Ninguno es un ciudadano por encima de toda sospecha. Ambos deben sentir que la confianza que depositan en el otro es legítima. Y que incluso, además de ser uno patrón y el otro trabajador, con el tiempo podrían extender su confianza mutua en amistad.
Lo anterior vale y es bello excepto que se estime que en un contrato laboral una de las partes es desconfiable por naturaleza y la otra siempre-confiable por la misma razón. O que quien solicita trabajo es menos ciudadano y persona que quien lo ofrece.
Pero es seguro que el presidente de la Unión de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial no acuerpa esos prejuicios. Menos todavía cuando se ha conseguido (abril del 2016) un muy difícil principio de acuerdo en la Asamblea Legislativa para que los beneficiarios personales de los negocios domiciliados en el país sean al menos conocidos por el Banco Central.
O sea que la transparencia en todas las relaciones beneficia a todos. Mundo bello este.
