Mujeres por Costa Rica pide aclaraciones por acuerdos tomados por el Consejo Superior de Educación

Señoras y señores miembros del Consejo Superior de Educación

• Señora Anna Katharina Müller Castro, ministra de Educación Pública y presidenta del Consejo Superior de Educación
• Señor José Guillermo Malavassi Vargas, exministro de Educación Pública
• Señora Astrid Fischel Volio, exministra de Educación Pública
• Señor Eldon Caldwell Marín, representante Universidad de Costa Rica
• Señora Betania Seas Molina, representante de Educación Primaria
• Señora Jacqueline Eunice Badilla Jara, representante de Educación Secundaria.
• Señor Javier Cascante Granados, representante de Educación Secundaria
• Señor Johnny Jesús Varela Elizondo, representante de las organizaciones de educadores inscritas conforme la ley.
• Señora María Esther Caamaño Vargas, representante de las organizaciones de educadores inscritas conforme la ley

Estimadas Señoras y estimados Señores

Agradecemos a la Dra. Astrid Fischel las gestiones realizadas para concretar una visita de representantes de nuestro Colectivo Mujeres por Costa Rica con la Sra. ministra Anna Katharina Müller el pasado 14 de abril para conversar en su despacho sobre inquietudes de nuestro grupo en relación con algunas medidas tomadas para la educación costarricense.  Asimismo nuestro agradecimiento a doña Katharina por su cordialidad y por dedicar un amplio margen de su tiempo para atendernos así como al señor Viceministro Académico don Melvin Chaves y los demás funcionarios y funcionarias del ministerio que acompañaron en la visita.  Fue valioso escuchar detalles de la gestión del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Educación Pública (MEP) según lo relatado por la Sra. ministra y el personal asistente a su cargo, sin embargo, quedaron pendientes aclaraciones a preguntas que son competencia directa del Consejo Superior de Educación (CSE), máximo organismo rector de la educación costarricense, establecido por la Constitución Política, encargado de la dirección general de la enseñanza oficial y de velar por el desarrollo y la calidad de la educación de nuestro país.  De ahí que les hacemos llegar este documento con preguntas que recogen el sentir de nuestro colectivo y de grupos afines en los que participamos.

El colectivo Mujeres por Costa Rica es un grupo conformado por mujeres en todo el país, con diferentes ocupaciones y formaciones, unidas por el deseo de apoyar y enlazar esfuerzos, inspiradas en los principios que fundamentan la construcción de una cultura de paz, para colaborar con un mejor desarrollo nacional y en especial el de la educación, como pilar de nuestra democracia.  En educación colectivamente buscamos alternativas para enfrentar el impase en el que se encuentra el país, especialmente tras años de pandemia y conflictos que han mermado la calidad de los procesos educativos en detrimento del futuro de nuestra población estudiantil y, por ende, el de Costa Rica.  Nuestro colectivo, como parte de la sociedad civil se dirige a ustedes, como representantes que conforman el ente máximo de la educación en el país, para aportar a un debate sano y mesurado sobre la educación costarricense que nos compete a todas y a todos.

En primer lugar, nos unimos a la preocupación que manifiestan diversos grupos políticos y sociales sobre la ausencia de las actas recientes, desde el inicio de esta administración gubernamental, lo que impide conocer el registro de deliberaciones de ese Consejo.  Por ley, es obligación poner las actas a disposición del público.  Esta situación se planteó en la reunión con la señora ministra y sus acompañantes y se nos dijo que eran muy extensas porque tenían que ser transcripciones textuales de lo discutido, según una nueva ley de transparencia.  Si bien comprendemos la situación, también reiteramos nuestro derecho y el derecho de la ciudadanía de conocer los detalles de las discusiones y acuerdos tomados en relación con la fundamentación y las argumentaciones que están sustentando las decisiones del Consejo Superior de Educación, decisiones que inciden directamente en la educación nacional y por ende en la vida de todas las personas en nuestro país, especialmente nuestros niños y jóvenes.  Esta es una situación que nunca se había presentado en nuestro país.  Entonces, ¿cuándo podremos tener a disposición esas actas?

En segundo lugar, nos preocupan una serie de medidas que se vienen tomando recientemente y que provocan cambios en el quehacer educativo.   Son cambios que podrían ir a contrapelo de lo que hemos acordado en el país.

Como lo planteamos en el documento Educación:  Camino andado y desafíos del presente publicado el 15 de agosto 2022 (ver adjunto), la educación ha sido el pilar fundamental indispensable (a la par de la salud) para lograr nuestro desarrollo.  Reconocemos que, a lo largo de sus 200 años de vida independiente Costa Rica ha posicionado la educación como un bien público y como un derecho humano, defendiéndola por encima de cualquier otro interés.  Son muchos años de historia y en forma más reciente, ante los retos y complejidades que plantea el Siglo XXI, se viene impulsando en el país una transformación educativa, muy bien valorada por entidades nacionales e internacionales, basada en nuevas políticas debidamente aprobadas por el Consejo Superior de Educación (CSE), sólidamente fundamentadas y coherentes con las más contemporáneas tendencias internacionales en educación.  Estas políticas orientan el desarrollo de habilidades, las competencias lingüísticas o técnicas y las formas de aprendizaje centradas en la persona estudiante para su mejor desarrollo humano, económico y cultural, a lo largo de su vida y concretamente son:

• El Centro Educativo de Calidad como eje de la educación costarricense (2008)
• Política curricular bajo la visión de educar para una nueva ciudadanía (2016)
• Política educativa La persona: Centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad (2017)
• Política para el Desarrollo sostenible y su plan de acción (2020)
• Política educativa para la promoción de idiomas (2021)

Su orientación ha sustentado nuevos programas en casi todas las asignaturas, así como proyectos que hoy son parte del quehacer académico institucional, regional y nacional.  Más hoy, sin embargo, se evidencian cambios que no están acordes con lo planteado en las políticas, a saber:

1. El concepto del ciudadano que se desea formar. En la presentación de imágenes realizada por la ministra de Educación en febrero 2023, sobre la denominada Ruta de la Educación, se establece que la formación de “el ciudadano que deseamos que el sistema educativo forme” tiene como eje fundamental el desarrollo de la “cultura emprendedora transversal” conformada por tres grupos de competencias:
2. Competencias para una ciudadanía responsable y solidaria,
3. Competencias para la vida y
4. Competencias para la empleabilidad digna.”

Para cada una de ellas, se describe someramente el qué y el cómo y eso es todo lo que sabemos al respecto.  Nuestras preguntas en ese sentido son:

¿Adónde quedan las políticas educativa y curricular aprobadas por el CSE?  ¿Cómo se integra esta iniciativa de formar ese tipo de ciudadano con los lineamientos aprobados existentes según las políticas de años anteriores?

¿Cuál es el acuerdo del CSE que determinó la modificación de la Política Curricular aprobada en el 2016, la cual orienta la formación de habilidades y competencias en el estudiantado, definidas y explicitadas en todos los programas de estudio, desde preescolar hasta la educación diversificada?

2. Sobre la política curricular vigente aprobada en el 2016. Esa política orienta la formación estudiantil en cuatro dimensiones y trece habilidades, a saber:
3. Las nuevas maneras de pensar: pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad e innovación,
4. las nuevas formas de vivir en el mundo: ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable y vida y carrera,
5. las formas de relacionarse con otros: colaboración y comunicación y,
6. las herramientas para integrarse al mundo: apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información.

Cada habilidad tiene indicadores claros que permiten su trazabilidad en los nuevos programas y la evaluación integrada al aprendizaje. Preguntamos:

• ¿Desaparecieron entonces los indicadores para cada una de las habilidades de la política? Tomar en cuenta que en el sistema que se utiliza actualmente (Sistema de Evaluación Ágil – SEA) que sustituye al anterior SIRIMEP, se elimina la información de los niveles de logro de cada estudiante, según los indicadores planteados en la política curricular.  ¿Cómo se va a reconocer el avance de cada estudiante sin indicadores ni niveles de logro?
• ¿Cuál es el acuerdo del CSE que eliminó esos indicadores y niveles de logro de la política educativa y cuáles son las razones?
• ¿En cuál acuerdo del CSE se define sustituir trece habilidades por tres competencias?
• ¿Cómo afecta lo anterior a cada uno de los programas vigentes?
• ¿Han sido revisados y debidamente aprobados esos programas?
• ¿Las modificaciones han sido aprobadas por el CSE como corresponde?

En relación con lo anterior, la Política Educativa menciona el desarrollo de competencias para especialidades técnicas y para los programas de idiomas (competencias lingüísticas), además de incorporar en esos programas de estudio las trece habilidades de la Política Curricular.   Preguntamos:

• ¿En qué momento se aprobaron nuevos programas de estudio para incorporar solo tres competencias según lo expuesto por la ministra en la imagen presentada sobre “La ruta de la educación”?

3. La evaluación. Este aspecto fue mencionado en la reunión que tuvimos con la señora ministra y los demás funcionarios asistentes. Manifestamos que nuestro colectivo ha expresado en diversos momentos una profunda preocupación por medidas tomadas recientemente.  Las políticas evaluativas vigentes, (la educativa y la curricular) sustentan el desarrollo educativo en una evaluación transformadora, lo cual quiere decir que los procesos educativos incorporan en el aprendizaje la evaluación diagnóstica, para monitorear continuamente el grado de avance que tiene cada estudiante en el aprendizaje de determinado tema, y solventar las “lagunas” de conocimiento que impidan la construcción de nuevos aprendizajes.

En diversas ocasiones, la señora ministra ha informado públicamente, acerca de cambios gruesos en la forma de evaluar, algunas veces a contrapelo de lo establecido. Específicamente, en la Política Educativa de Promoción de Idiomas se incorpora una prueba de dominio lingüístico, pero según los cambios realizados en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes por acuerdo del Consejo Superior de Educación recientemente, se define que, para aprobar inglés de bachillerato el estudiante debe realizar la prueba escrita de inglés la cual es una prueba diferente a la prueba de dominio lingüístico. De esta forma, con base en el acuerdo tomado por el CSE (CSE-SG-0057-2023) el MEP decidió sustituir las pruebas de dominio lingüístico para aplicar “la prueba nacional estandarizada de lengua extranjera” aunque en la reunión que tuvimos con la señora ministra y los demás funcionarios, se nos dijo que se mantiene la prueba construida por la Universidad de Costa Rica el año pasado y según lo señala la Política de Promoción de Idiomas probada por el CSE.  Sin embargo, no queda claro lo siguiente:

-¿Cuál es el acuerdo que modifica el cambio en la política de Promoción de Idiomas?

-¿Tiene el MEP la capacidad de certificar dominio lingüístico en la parte escrita y oral, como lo hizo la Universidad de Costa Rica en el 2022 y lo propuso para el 2023 incorporando el uso de inteligencia artificial para evaluar la parte oral?

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas. De acuerdo con la información que conocemos sobre las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) para estudiantes de primaria y de secundaria, consideramos que existen serios problemas de validez y de equidad en dichos exámenes, que pueden provocar consecuencias negativas en el proceso educativo estudiantil y en la toma de decisiones con respecto al sistema educativo costarricense. Estas conclusiones se deben a las siguientes razones:

1. La ausencia de una tabla de especificaciones para que las personas examinadas puedan ejercer su legítimo derecho de conocer en qué y cómo van a ser evaluadas; y sea del conocimiento de las familias y de la comunidad nacional.
2. La escasa cantidad de ítems que se están empleando, por asignatura, para evaluar a cada persona, lo cual impide realizar, individualmente y por estudiante, un diagnóstico adecuado correspondiente a varios niveles educativos. Si bien en el documento del marco de referencia para las PNE se indica el uso de un Diseño de Bloques Incompletos Parcialmente Balanceados (DBI-PB) es necesario señalar que estos diseños no permiten generar estimaciones con suficiente precisión para cada persona examinada, de ahí que pruebas internacionales como PISA solo reportan oficialmente resultados grupales y no individuales.
3. La falta de una apropiada correspondencia o alineación con el currículum vigente.
4. El utilizar solamente ítems de selección única, los cuales no son óptimos para valorar los procesos de razonamiento, aspecto fundamental en la Política Educativa vigente.
5. La discriminación de facto que se genera al existir dos formatos de aplicación, uno digital y otro en papel.
6. La exclusión de la realización de la prueba a personas en situación de discapacidad o que requieren de apoyos educativos.

 

4. La responsabilidad del CSE sobre la evaluación. Hemos escuchado que algunos miembros del CSE sostienen, en una clara evasión de su responsabilidad en el campo de la evaluación, que ésta corresponde al Ministerio de Educación y no al CSE. Consideramos que esa es una interpretación equivocada porque al CSE como ente rector de la enseñanza oficial, le corresponde velar por la calidad de la educación y ésta solamente es posible determinarla mediante la evaluación.  De manera que, es tarea del CSE emitir las políticas, darles seguimiento y velar porque se desarrollen con el necesario sustento científico.  Los detalles de su elaboración corresponderán al MEP, bajo la vigilancia del CSE. Preguntamos:   ¿Cómo se está haciendo ese proceso?

Quedan muchas preguntas pendientes, no obstante, priorizamos las que inicialmente urgen de una respuesta. Es deseable que compartamos con ustedes la necesidad de unir esfuerzos, como país y con diferentes grupos, para sacar adelante nuestra educación y reiteramos nuestro ofrecimiento de colaborar con todas nuestras posibilidades para avanzar en este campo trascendental para nuestro adecuado desarrollo.  La historia de la educación en nuestro país registra los avances que hemos logrado.  También registra las deficiencias.  Tenemos suficientes investigaciones que muestran la realidad educativa y cuáles son los mayores retos y por ello nos parece que sería mucho más productivo y beneficioso para el país atender en este momento las deficiencias que intentar “cambios” en lo que está funcionando bien y sin la debida fundamentación científica o académica.  Recordemos que lo que no invirtamos en educación en este momento lo tendremos que gastar en atender problemas de violencia, deterioro y pobreza en el futuro próximo, y que el daño que hagamos a la educación no se repara en el corto plazo.

Adjuntamos a la presente, los siguientes documentos que son algunos de los que hemos elaborado en nuestro colectivo, para ampliar nuestras posiciones:

• Educación: camino andado y desafíos del presente (15 agosto 2022)
• Hablemos de Evaluación Educativa (14 de marzo 2023)
• La Educación superior pública: Valioso legado y un derecho de nuestro pueblo (16 de marzo 2023)
• Características de una prueba educativa estandarizada válida. ¿Qué debemos buscar? (28 de marzo 2023)

Agradeceremos su pronta respuesta a nuestras inquietudes, en el tiempo y forma establecidos según la legislación vigente.  Esperamos también que el futuro nos permita contar con espacios de diálogo constructivo y fructífero, que redunden en acuerdos viables para el mejor desarrollo, integral y solidario de nuestro país.  De nuestra parte reiteramos nuestro apoyo y colaboración para enfrentar a fondo,  los grandes desafíos de nuestra educación.

Con un cordial saludo, por el colectivo Mujeres por Costa Rica,

 

Dra. Yamileth González García Cédula 2-0246-0555	Dra Yolanda Rojas Rodríguez Cédula 9-0012-0762
Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras Cédula 1-0362-0899