Aunque simpatizo con la reivindicación del movimiento estudiantil de que la evaluación docente —efectuada por los estudiantes— se incorpore en la evaluación del desempeño —realizada por la Universidad de Costa Rica (UCR)—, tal iniciativa, en las circunstancias actuales, es inviable por tres razones.
- Para incorporar la evaluación estudiantil es necesario establecer un procedimiento para que los docentes, si no están de acuerdo, impugnen la calificación recibida, lo cual podría implicar que la UCR instale dispositivos que graben audio y video en aulas, laboratorios y oficinas.
- En una proporción considerable de las evaluaciones estudiantiles, persiste el problema de la escasa participación (menos del 50% de las personas matriculadas), por lo que los resultados obtenidos no son representativos.
De esta forma, si la evaluación estudiantil se incorpora a la evaluación del desempeño, podrían ocurrir dos situaciones: que se omita por su falta de representatividad o que se aplique una y otra vez —con los costos respectivos— hasta lograr una participación superior al 50%.
Conviene señalar que, en algunas evaluaciones estudiantiles efectuadas en los últimos años, las propias asociaciones estudiantiles no han colaborado con las direcciones de escuela o decanaturas en instar a los alumnos a que participen en la evaluación.
Además, la representatividad no asegura necesariamente la objetividad, pues un pequeño grupo de estudiantes, que califica al docente con ceros y unos, puede traerse abajo la calificación del curso.
- El instrumento de evaluación elaborado por el Centro de Evaluación Académica (CEA) tiene deficiencias y omisiones que promueven que los estudiantes califiquen con notas bajas a quienes imparten los cursos con un alto nivel de exigencia y que premien a quienes exigen poco.
Hay preguntas, además, que pueden inducir a respuestas sesgadas. Una docente me comentó que fue calificada con ceros y unos en estos temas: “Mantiene una relación de cortesía con el estudiantado”, “Le respeta a usted como persona”, “Acepta críticas por parte del estudiantado”. Se le calificó mal porque rechazó una propuesta estudiantil para que los exámenes, en vez de hacerlos en clase, los hiciera para llevar a la casa.
Otros docentes me indicaron que obtuvieron ceros y unos en estas preguntas: “Cuando la materia lo permite, logra un balance adecuado entre la teoría y la práctica”, “Cuando la materia lo permite, utiliza ejemplos relacionados con su futura profesión”, “Cuando la materia lo permite, relaciona los temas tratados con la realidad del país”. Pese a que los cursos que impartían no permitían evaluar estos aspectos, los estudiantes siempre los calificaron, y consignaron las notas más bajas.
Un docente me dijo que fue mal calificado en la pregunta: “Integra temas de ética, valores y responsabilidad en las clases”, pese a que el curso que daba no se prestaba eso. Otro me comentó que se refirió a la responsabilidad estudiantil de asistir a clase y cumplir con las lecturas del curso y que los estudiantes interpretaron esto como una falta de respeto.
Asimismo, una docente me refirió que obtuvo ceros y unos en la pregunta: “Desarrolla la clase y actividades con equidad de género y muestra respeto por razones de etnia, credo religioso e ideología”. Su mala calificación se debió a que, al analizar un conflicto internacional actual, un grupo de estudiantes, identificado con una de las partes beligerantes, se sintió ofendido porque en clase se consideraron los argumentos a favor y en contra de ambos bandos. Como muestra este caso, el instrumento de evaluación del CEA puede prestarse para impugnar la libertad de cátedra.
Por último, el CEA se ha resistido a incorporar preguntas para que los alumnos califiquen el nivel de exigencia del curso y su desempeño como estudiantes (si asisten a clase, si leen los materiales asignados y si cumplen con otras responsabilidades académicas).
En fin, para que la reivindicación del movimiento estudiantil pueda ser viable, es necesario resolver antes los problemas aquí analizados.
