Todos los días observamos la protesta contra las pensiones de lujo. Esta inconformidad se expresa, no pocas veces, rayando en la diatriba y el insulto, pero son pocos los argumentos que van más allá de una salida emocional denunciando una injusticia.
Los pensionados de lujo replican tímidamente, como si la cosa no fuera con ellos, y siempre con el mismo y único argumento para ellos categórico: “Son derechos adquiridos”.
Cualquier estudiante de primer año de derecho conoce la tradicional y añeja diferencia entre derecho y moral, pero no interesa hablar aquí de axiología jurídica para acreditar esa diferencia ni de la constante lucha de la doctrina por alcanzar el “deber ser” en la convivencia humana. Se trata simplemente de elucidar, de la forma más sencilla, por qué las pensiones de lujo son inmorales e inconstitucionales y por qué, sin grandes elaboraciones y aplicando el sentido común, no pueden ser derechos adquiridos. Estos, solo cuando se adquieren de la forma moral y legal aceptada por “todo” el ordenamiento jurídico y por la sociedad, pueden ser bien disfrutados.
Se nos enseña que los contenidos del derecho y de la moral forman, cada uno, círculos que se intersecan como se esquematiza en la Teoría de Conjuntos; es decir, se superponen parcialmente, de tal forma que solamente la parte en que ambos se superponen corresponde a un derecho que es totalmente moral y a una moral que es, digamos, “legal”, mientras que las otras dos partes en que no se superponen serán solo derecho o solo moral. Sin embargo, eso arranca de una Filosofía del Derecho ya casi superada, al menos en teoría, porque las nuevas corrientes proponen que casi todo derecho “debe ser” moral, ¡así de fácil y de lógico! Pero, hay algo más: todo derecho que provenga del Estado “debe ser” totalmente moral.
Toda norma que salga del Estado debe estimular el orden, la paz, la equidad social, la solidaridad, la reducción de la pobreza, el bienestar general y tender a todos esos anhelos y principios por los que una sociedad soporta tener Estado, gobiernos y políticos que con frecuencia se convierten en los grandes enemigos de la población. Todo lo que atente contra esos anhelos y principios “debe ser” inmoral.
Las pensiones de lujo provienen de leyes que han sido dictadas en la intimidad de grupos cerrados, convenciones abusivas y otros decretos que violentan esos principios; es decir, son, por esa vía, totalmente inmorales.
Si fueran leyes provenientes de la Asamblea Legislativa, compuesta por los “representantes del pueblo”, tal representación no puede, jamás, trascender la moral de la comunidad ni, jurídicamente, estar sobre la Constitución y sus derechos civiles. Eso agregaría también su inconstitucionalidad.
Además, que un Recurso de Inconstitucionalidad contra las pensiones de lujo no sea admitido o sea rechazado por una corte de turno no significa que esos “privilegios adquiridos” no sean inconstitucionales.
El fundamento que perciben los ciudadanos con sentido común para su protesta es que, en el fondo, algo anda muy mal con tales privilegios. De ahí que su reclamo pueda parecer muy emotivo, pero comprensible, justo y moral.
Y, si todo esto fuera poco, podemos estar seguros de que las pensiones de lujo, como todos los privilegios “legales” semejantes a ellas, están contra las “leyes naturales” que son criterios universales y principios inmutables, invocables desde cualquier situación, porque
“Son principios de justicia
que valen eternamente
sobre la ley existente
del pasado o del futuro;
¡el derecho más seguro
para todo hombre decente!”
