Nos ha correspondido ser parte de la coyuntura histórica en la que nuestra querida UCR alcanzó la bellísima edad de 75 años.
Como institución Benemérita de la Patria goza de una legitimidad nacional e internacional incuestionable, solo posible, gracias al protagonismo con que, sus sectores docente, estudiantil y administrativo la crean y recrean diariamente.
La madurez alcanzada por nuestra alma máter nos demanda reflexionar críticamente sobre la realidad institucional que estamos experimentando hoy, con miras a nortear su futuro. Respetuosamente someto a consideración algunas situaciones que resultan paradójicas:
Por primera vez en 75 años, -al son de las tendencias del pensamiento predominante y las actuales políticas laborales regresivas-, sin evidencias sólidas y con procedimientos cuestionables, se propone internamente rebajar los salarios del talento humano de nuestra institución, me refiero a las anualidades.
El argumento: un “sistema salarial insostenible”, situación que, en caso de ser comprobada, debe ser discutida amplia y profundamente, así como resuelta por las autoridades y comunidad universitarias, pero jamás dada como primicia a la Asamblea Legislativa, comprometiendo nuestra autonomía universitaria. ¿Por qué el tema no se ha vuelto a agendar en el Consejo Universitario (CU)?
Irrespetando los derechos de las personas jubiladas del Magisterio Nacional, en el 2013 se tomó la decisión inconsulta de modificar la metodología de cálculo utilizada históricamente por la Institución para que el Magisterio determine las pensiones. Sin considerar parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y justicia, primó un criterio técnico que, además fue modificado una segunda vez, sin que mediaran explicaciones satisfactorias a las instancias universitarias y a quienes vivieron afectación negativa de sus ingresos.
La política establecida por el CU (1991) para resguardar el equilibrio financiero institucional mediante la relación 80/20 en la ejecución presupuestaria (80% masa salarial / 20% operación), muestra una tendencia de disminución del % de masa salarial.
Según la Oficina de Administración Financiera en la ejecución presupuestaria de fondos totales (egreso real) para el 2011 esa relación fue de 75,80/24,20 y para el 2015 fue de 74,81/25,19.
Si el talento humano es el componente esencial en una Universidad, en la UCR continúa en aumento el “interinazgo” docente, condición injusta que hoy debe soportar más del 60% del total de docentes.
Entre el 2012 y 2015 el promedio de creación de nuevas plazas fue de 137,7 tiempos completos por año; para el 2016 esa cifra se redujo en más de un 50% al presupuestarse solo 59,75 nuevas plazas (30,5 docentes) y, a pesar de una política institucional en contrario, la tercerización de servicios crece un 9,97% respecto del año anterior.
La lucha por un FEES que asegure el desarrollo y sostenibilidad financiera Institucional, no ha sido acompañada por una distribución presupuestaria más equitativa y equilibrada entre áreas académicas y actividades sustantivas. El presupuesto institucional dividido en 8 Programas, para el 2015 proyectó: Docencia (35,56%), Dirección Superior (15,29%), Investigación (12,45%), Vida Estudiantil (11,27%), Administración (10,80%), Desarrollo Regional (10,74%), Acción Social (2,76%) e Inversiones(1,13%).
Para el Programa Desarrollo Regional se presupuestó en el 2012 (11,04%). En el 2013 esa proyección cayó a un 10,47% y aunque aumenta en 2015 no recupera la cifra alcanzada en 2012.
Actualmente, el Sistema de Estudios de Posgrado recibe menos de un 1% (0,83%) del presupuesto institucional, y su sustento principal son matrículas de los posgrados con financiamiento complementario.
La capacidad de negociación por beneficios específicos por parte de algunos sectores universitarios, así como prácticas clientelistas parecen superponerse a necesidades de la colectividad y a la planificación de desafíos institucionales.
Finalizo señalando que, al lado de una ilusoria imagen de transparencia, progresa sigilosamente una desvalorización e irrespeto al diálogo y negociación política, lo que no contribuye a fortalecer las instancias democráticas que deben ser respetadas y protegidas para garantizar la participación activa e informada que deben protagonizar en la toma de decisiones pendientes los diferentes sectores que componen nuestra UCR.