Estamos frente a un momento histórico en la Educación Pública costarricense, un momento en esta línea de tiempo donde la Educación Superior de nuestro país se encuentra en un riesgo inminente de un cierre técnico ante la propuesta generada por el Ejecutivo en la Comisión de Enlace.
No es suficiente para el Gobierno déspota de Chaves, las limitaciones presupuestarias establecidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ley 9635), sino que, mediante un populismo palpable y faltando a nuestra Carta Magna, propone un porcentaje del 1% insuficiente para que las instituciones públicas de nuestro país cumplan su objetivo de formar profesionales con las mejores condiciones.
Con estas actuaciones por parte del Ejecutivo, vicia por completo el Estado social de derecho, al no ser cumplidor de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, a lo que nos pone frente a una incapacidad del Ejecutivo de cumplir con un monto porcentual para la sostenibilidad de las universidades públicas, pasando por legalidad la competencia para definir el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a la Asamblea Legislativa, siendo la primera vez en este Estado social de derecho.
Es menester de importancia que los «padres y madres de la patria» tienen una obligación con el pueblo costarricense de cumplir con lo normado por los constituyentes, y ser ejemplo del respeto a la primera normativa jerárquica de nuestro país, la cual define el mecanismo y protección de la educación pública costarricense y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
No puede ser omiso por la Asamblea Legislativa que para el año 2024 el ente contralor de la república informó que el presupuesto destinado a la educación pública es de ₡2.601.664,0 millones, esto significa un 5,2% respecto al PIB, que por análisis histórico es el más bajo de la última década, a lo que la responsabilidad que asumen en este momento los diputados y diputadas de nuestro país es proporcional a lo que representará la fuerza laboral a futuro, sin dejar de lado las banderas de proteger un sistema de educación cada vez más limitado por los ataques incesantes de los administradores de la patria.
Como punto final, es lastimoso observar cómo una ministra de Educación se convierte en pilar en el deterioro del sistema educativo costarricense, ya que lo planteado por el Gobierno no tuvo ninguna oposición por el ente rector de Educación, con una latencia profunda de repercusiones negativas a corto plazo con el debilitamiento de la educación, pero la crisis a futuro recae en un alto riesgo de una “generación perdida” cuando los jóvenes de hoy no tengan oportunidades de trabajos profesionales por la falta de acceso a la educación superior ante los recortes presupuestarios del presente.
