En toda democracia es imprescindible contar con pluralidad de medios. Eso significa que es necesario que coexistan los tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y de servicio público. La pluralidad también implica diversidad en la posesión de los medios, es decir, en sus dueños o propietarios.
La pluralidad mediática –y así lo ha señalado en muchas ocasiones la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la CIDH- favorece el balance de opiniones porque permite y hasta promueve la presencia de muchas voces, los pesos y contrapesos que necesita cualquier democracia sana. El pleno ejercicio de la libertad de expresión como derecho individual y colectivo se concreta en la posibilidad de transmitir nuestro pensamiento a través de los medios de comunicación.
En Costa Rica entre un 90% y un 95% de los medios son de carácter comercial. Las consecuencias de la inacción política y gubernamental que no ha generado una ley actualizada que asegure la pluralidad de medios –la ley vigente es de 1954- ha traído muchas consecuencias negativas para la sociedad en las que no voy a ahondar en estas pocas líneas. A pesar de eso contamos en nuestro país con dos sistemas de medios de servicio público, el sistema de medios de la Universidad de Costa Rica y el Sinart: medios independientes que no están al servicio de intereses comerciales ni políticos.
Ha sido evidente el desinterés de varios gobiernos por hacer del Sinart un sistema de medios fuerte e influyente en la opinión pública. Algunas personas, carentes de visión y de entendimiento de lo que es un sistema de medios de servicio público, lo circunscribieron dentro de una sociedad anónima y se le pidió que generara recursos económicos. Es decir, el Sinart tiene todas las limitaciones de una institución pública –para procesos y contrataciones pero se espera que funcione como una empresa privada que genere dinero.
Los problemas económicos del Sinart son harto conocidos y visibles. No tiene el presupuesto público ni para cubrir el salario de sus funcionarios y funcionarias, menos aún para desarrollar proyectos propios de pequeña escala, renovar equipos básicos o publicitar de alguna manera sus contenidos por buenos que puedan ser. Es un círculo vicioso, no hay dinero para producir, tampoco para publicitar pero se le pide que genere recursos económicos y audiencia cual empresa privada. Ahí radica la peligrosa trampa en la que transitan nuestros medios del Sinart.
Si los medios públicos respondieran a lógicas del mercado dejarían de ser medios públicos. Es así de sencillo. Los contenidos de los medios del Sinart no pueden ni deben estar al servicio de la generación de recursos, porque precisamente existen para servir a necesidades amplias de la ciudadanía y abonar a la discusión plural de la que hablé al inicio. Eso no significa que esté mal buscar la generación de recursos, el Sinart cuenta con una agencia de publicidad y vende servicios, pero no debe ser ese su único norte.
¿Salidas? Las hay. La ley Orgánica del Sinart o Ley 8346 de 2003 le exige a las instituciones públicas poner un 10% de su pauta comercial en el Sinart, pero eso no se cumple. Me atrevo a decir que si eso se cumpliera sería otra la realidad financiera del Sinart. Es necesario que este gobierno le dé a los medios públicos la importancia que merecen, que haga cumplir la ley, algo que no parece nada complicado si existiera voluntad política.
Si no se toman decisiones a tiempo, asistiremos a una debacle del Sinart, con programas que intentarán competir con medios comerciales pero sin recursos para hacerlo y seguramente con contenidos de más de lo mismo. Ese no es el camino a seguir, urge un golpe de timón.
Cerrar los medios públicos o hacer que mueran de inanición será un duro golpe a la democracia y a la pluralidad mediática, no se nos olvide que son medios que nos pertenecen a todas y todos.