Si los estudiantes no están al nivel que les corresponde en escritura, lectura, matemáticas y ciencias entonces el país está en serios problemas. Es casi un hecho que el país tendrá que ocuparse, por segunda vez en la historia reciente, —con urgencia— en la atención de una “nueva generación perdida” del sistema educativo costarricense.
Ante la ausencia de políticas públicas claras para enfrentar esta peligrosa crisis, bien podemos escuchar las recomendaciones de los expertos, para quienes, en primer lugar, debemos concentrarnos en mejorar el presupuesto para la educación, tema que he citado en artículos de opinión anteriores.
Si la inversión se mantiene por debajo del 5% del producto interno bruto (PIB) será difícil atender la crisis. No obstante, en forma propositiva podemos alentar el establecimiento de políticas públicas generales que incluyan, al menos: a) mantener los mínimos actuales de aprendizaje y que estos no desmejoren y b) atenuar los efectos negativos de la “crisis educativa” y el “apagón educativo”.
Dos son los grupos meta en los que las instituciones deben enfocarse: los que abandonaron el sistema educativo y no regresaron, y quienes aún están en el sistema y se pueden revertir en ellos los efectos adversos de la crisis que pesa en su formación, antes de que terminen sus estudios.
Según el Informe del Estado de la Educación el país debe “mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes y su evaluación” particularmente quienes se mantienen en el sistema y aún se pueden generar condiciones favorables para llenar los vacíos o deficiencias indicadas antes.
Es decir, como mínimo contar con una propuesta técnica que se conecte con los programas existentes y permita nivelar los aprendizajes a partir de la información disponible del estado en que se encuentran los estudiantes que, como todos sabemos, apunta a un rezago no menor a dos años.
Siendo que este dato es un promedio, en algunas circunstancias el rezago puede ser mayor y se requerirá atender profundamente. Es decir, no en forma literal, pero debemos pensar en que la crisis del sistema educativo requiere un tipo de “declaración de emergencia nacional”.
Dada esa “emergencia” es necesario reiterar que las materias en las que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe enfocarse en nivelar son la lectura, escritura, ciencias, matemáticas y, sin duda alguna, el idioma inglés y formación tecnológica. Eso no quiere decir que se abandone la formación humanista y cultural por razones que son ampliamente conocidas. Para lograrlo, debemos incluir a las Universidades Públicas en la solución.
Por otra parte, como una política pública para frenar el impacto en la denominada “generación perdida” el Gobierno debe establecer programas de educación flexible y formación técnica que les brinden habilidades prácticas para el empleo a quienes no están en el sistema educativo o salieron de este. Recordemos que una vez que las personas abandonan la educación formal es muy difícil que puedan reinsertarse y retomar el ritmo de estudios deseable.
Para lograrlo se debe incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), una institución que sufre fuertes críticas, como me lo expresaron dirigentes de la Comunidad de Tirrases de Curridabat hace pocos días, que la calificaron como alejada de las necesidades sociales. El INA debe modernizarse para atender con rapidez las exigencias del mercado y a las personas que necesitan este tipo de formación para insertarse laboralmente en mejores condiciones.
Es deseable fomentar las alianzas con el sector privado para generar oportunidades de aprendizaje en el trabajo, así como fortalecer los programas de mentorías, orientación vocacional y Educación y Formación Técnica Profesional Dual.
Especial mención se debe hacer a la iniciativa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que dio forma al Programa de Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento, que otorgó títulos de bachillerato a un importante grupo de personas que tenían pendiente terminar esa etapa, pese a las críticas que ha lanzado el MEP a la educación superior y su negativa a dar los dineros que corresponden al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
No obstante, el camino es largo. Para ilustrar, entre 1988 y el año 2019 una cantidad cercana a las 48 mil personas no presentaron sus pruebas de bachillerato de educación media y, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta el año 2021 el 61,6% de los desempleados, unas 216.305 personas, no cuentan con la secundaria completa.
Que inspire en tal inmensa labor el pensamiento del educador Joaquín García Monge quien expresó: “la patria es obra de concordia, de cooperación y simpatía, que los hijos unidos hacen la patria superior con la que los buenos soñaron”.
