Según figura en su edición en papel, Guiselly Mora tiene en el periódico La Nación la responsabilidad de editora de opinión. Cargo que también utiliza para publicar sus artículos. La periodista Mora parece empeñada en encabezar al sector del periódico (dueños y funcionarios) para el cual ha llegado el momento de la solución final. Todos los males del país tienen como referente axial los excesos salariales de los trabajadores públicos que han sido obtenidos “de forma espuria, mediante el chantaje permitido por la paralización de servicios esenciales y la vieja escuela, retomada ahora por el PAC, de ceder para no perder mano de obra electoral ni votos” (Mora, “Engaña bobos”, La Nación, 15/08/ 2019).
La “vieja escuela” comprendería al menos al PLN y al PUSC y, si se escarba más, se relaciona con la creación de la CCSS, de la Universidad de Costa Rica y del Código del Trabajo. Es decir, con las Garantías Sociales de finales de la década del 48. Como se sabe, esas fundaciones “…generaron un gran apoyo popular pero también el descontento y la ira de las clases más poderosas”. Disgusto e ira inspiran revanchas, y el gran dinero costarricense (aquel que cuesta, diga su nombre, aunque lo exija la OCDE) intentó su desquite en los 90. Ahora, como “remedio” para un déficit fiscal, en el que concurren responsabilidades políticas variadas, estiman que llegó el momento de cobrar.
La funcionaria Mora va de frente (La Nación no tiene periodistas, sino funcionarios y le resulta bien. La derrota la sufre el periodismo). El movimiento sindical (y los sindicatos) son “terroristas”; escribe: “Llega un momento en que se debe pagar la factura. Costa Rica ha respetado los derechos la protesta, a la huelga y a todas manifestación de malestar de algunos funcionarios públicos” (La Nación, 30/07/2019, p.15).
En realidad, no es Costa Rica (así en el aire), sino su Estado. Y tanto Estado comy autoridades han “respetado”, porque protesta, huelga y malestar están dentro de la legislación, y esta legislación es parte de su prestigio como nación y destino turístico. Lo de “algunos funcionarios públicos” pudo no escribirlo Mora. La cegó su celo patronal. Si existen funcionarios públicos, también los habrá privados. Pero entre ellos no hay protestas, huelgas ni malestares.
Según los estudios, de estos últimos, entre un 28 y 33% por ciento no reciben el salario mínimo de ley. ¡Leales al patrón las muchachas y los muchachos! Patrón y trabajadores son aquí como una familia extensa. ¿O será que tienen miedo? Bueno, en las familias también se cultivan miedos. Y en Costa Rica, población pequeña, mercado laboral diminuto, para un asalariado resultar despedido por “problemático” equivale a prestigiarse como “comunista” o “anarquista”.
Cierto, también están las asociaciones solidaristas. Porque sindicatos para la empresa privada no; el buen trabajador se defiende solo.
En todo caso, Mora declara que para los trabajadores sindicalizados que protestan la “suerte ya está echada”. Recuerda que en 20 años (suponemos los últimos) se encontraron tres granadas de fragmentación (a lo que parece ninguna explotó), dos cartuchos de dinamita entre la basura, y una profesora que adoctrina a niños indefensos. ¡Es una historia salvaje! (no asociar con José Capmany).
Pero lo que decidió la suerte de sindicalistas y sindicatos es “una mínima facción desequilibrada subió un escalafón: los actos de terrorismo perpetrados contra una diputada y contra Canal 7 nos han despertado a la realidad” Los “actos” son un artefacto explosivo que rompió en la madrugada (1:30 a.m.) la ventana oficial de una diputada. Ella es muy trabajadora, pero en ese momento no había nadie en su oficina. Otro aparato explotó en las inmediaciones de Canal 7, en un teléfono público. Suponemos que los organismos policiales investigan los sucesos. Nadie se hace responsable.
La funcionaria Mora está segura de que sindicatos y estudiantes están detrás de las explosiones. Como en Naciones Unidas un grupo de “expertos” (sic) declaró “terrorista” a “cualquier acto destinado a (…) causar la muerte o lesiones graves a un civil o no combatiente (…) buscando intimidar a una población”, concluye que la quema pública del periódico que paga su salario constituye una acción terrorista y que también lo son las marchas estudiantiles: “¿Quién no se siente aterrorizado o intimidado hoy hasta por ciertos estudiantes?”
La funcionaria pide a los diputados “legislar contra los terroristas”, y a los cuerpos policiales “identificarlos y detenerlos”. En realidad el país ha incorporado legislación internacional contra el terrorismo e interna contra su financiamiento. Mora llega tarde. Y desea olvidar que al terrorista hoy no se le investiga: el poder lo determina y lo asesina.
