El Gobierno de Luis Guillermo Solís impone severo tijeretazo al presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), afectando a la niñez en riesgo, a la más necesitada y desprotegida. Esta medida se toma para financiar a la policía, que en un Estado capitalista como el nuestro (aunque se disfrace de democracia), no es más que el brazo armado de la clase dominante. Se supone que más policías y pertrechos militares, se utilizarán para detener el incremento en la inseguridad ciudadana.
Falso. Absolutamente falso.
Cualquier marxista digno de ese nombre, de modo alguno puede prestarse a fortalecer el aparato represivo, que es el mismo que, cuando están en juego los intereses de los capitalistas, está presto a garrotear con saña al movimiento popular, como hace poco se evidenció en el accionar de la “fuerza pública” contra una protesta pacífica de taxistas.
Además, en países altamente militarizados, como México, con fenómenos como el monstruoso desarrollo de las bandas que trafican drogas, ofrecen “servicios” de sicariato y se dedican al secuestro y trata de personas con fines de esclavitud laboral y sexual, la militarización del Estado, en vez de resolver la inseguridad, la ha incrementado.
¿Por qué? Porque la descomposición social del sistema cada vez más brutalmente desigual, así como los hilos de la corrupción que tejen esas bandas, en su asocio con políticos de carrera y sectores de la burguesía “respetable” (por ejemplo para lavar dólares provenientes de los negocios ilícitos), tienen a México en un estado de constante incremento de crímenes y asesinatos. Aún peor, con frecuencia, policías y jueces corruptos, prestos al soborno y a las dádivas de los carteles, son más bien un acicate para la mencionada inseguridad. Es por ello que en México, sobre todo en el sur: en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se han creado autodefensas comunitarias que enfrentan tanto a los carteles narcos como a la policía federal, misma que comete crímenes horrendos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, solo para señalar un ejemplo ampliamente conocido.
El movimiento popular costarricense debería seguir ese ejemplo: en cada pueblo y barrio, organizar la autodefensa comunitaria y exigir armas al Estado y someter a un control democrático asambleario a tales cuerpos de autodefensa, por parte de toda la comunidad.
En lugar de la militarización estatal, lo que corresponde es garantizar empleo y condiciones de vida dignas para todo el pueblo. Esa es la solución de fondo del problema de la inseguridad ciudadana, solución que es imposible en el marco del capitalismo rapaz que cada vez empobrece más al pueblo.
Por ello, es un total contrasentido quitarle recursos al PANI, pues se están generando así las condiciones para que la niñez de hoy en estado de desamparo, sea fácil semillero para las futuras generaciones de delincuentes organizados.
También, es lamentable que se trafique la elevación del impuesto a las personas jurídicas con un destino específico, como otra forma más de aumentar la militarización. Es decir, no basta con recortar presupuesto al PANI, las diputadas y los diputados se aprestan a elevar el citado impuesto para darle otra suculenta tajada a las fuerzas represivas, incluida en esa danza la cúpula del Frente Amplio, en alianza con el PLN y el PAC, como se puede leer el 28 de octubre del año en curso en La Nación (página 6A).
Es muy grave que el movimiento popular no se percate de las temibles consecuencias que tendrá en perspectiva la militarización que se está fraguando en Cuesta de Moras, y no se pronuncie claramente al respecto.
Llamamos a romper ese silencio.
