En su carta de despedida, como ministro de Educación Pública, Edgar Mora señala la importancia de abrir “ríos de diálogo” y “compromiso mutuo”. Me llamó la atención la metáfora utilizada por el señor Mora, pues el descontento social y la fragmentación de las demandas ciudadanas se parecen bastante a la crecida de un río, que no se puede ignorar, detener o desviar. Cuando un río se desborda, se requieren esfuerzos institucionales importantes para atender sus estragos y, en la mayoría de los casos, sería mejor la prevención del desastre que su atención. Así, el llamado del señor Mora es bastante simbólico, pero inútil, sin la voluntad política y, sobre todo, el entramado institucional que lo facilite.
El problema de nuestro sistema político es, precisamente, que esas demandas ciudadanas usualmente se dirigen al Poder Ejecutivo pero se resuelven en el Poder Legislativo. Se tiene, entonces, un Ejecutivo institucionalmente débil, que además erosiona su exiguo capital con un mal manejo político y de comunicación, y que debe buscar al Legislativo para obtener recursos y frenar o propiciar los cambios legales que requieren los sectores.
Por su parte, el Legislativo, debilitado en la opinión pública y fragmentado partidariamente, no asume su responsabilidad política con la ciudadanía, a menos que el cálculo político así lo requiera. Si a esto se le agregan otros factores como la crisis fiscal, el bajo nivel del debate, el populismo, noticias falsas y un largo etcétera tenemos al frente una tormenta perfecta.
Sin embargo, el mayor problema de nuestro sistema político radica en las deficiencias en la representatividad y el diseño institucional, que no permiten que esa multiplicidad de actores sociales encuentre un canal formal para expresar su descontento y contar con espacios de diálogo. Dicho en breve, las deficiencias de la democracia, del sistema político y en particular de la Asamblea Legislativa se resuelven en la calle, con un alto costo social y económico para las familias, las empresas y el conjunto de la sociedad. En otros casos, la disfuncionalidad del Congreso impide que se atiendan los problemas del desarrollo y eso se paga aún más caro con el sufrimiento de miles de personas.
En las últimas semanas, se ha discutido un cambio en la forma en que se eligen a las y los diputados de nuestra Asamblea Legislativa. El proyecto de ley, que promueve la organización Poder Ciudadano Ya, ha conseguido ponernos a discutir sobre este tema. Cabe advertir que su propuesta de un sistema uninominal (el que gana se lleva todo) aún en combinación con el sistema proporcional reduciría la representatividad y la proporcionalidad del Congreso y empeoraría el problema señalado antes. Considero que es muy importante retomar la idea de aumentar el tamaño de la Asamblea Legislativa, pues una mayor cantidad de diputaciones mejoraría la eficiencia del trabajo legislativo y, además, aseguraría que la diversidad de actores presentes en nuestra sociedad tengan una representación legislativa que canalice sus demandas institucionalmente. Es necesario señalar también que será imprescindible realizar reformas claves para, en efecto, mejorar la eficiencia legislativa y la preparación de las personas electas.
Los partidos políticos fueron concebidos para servir de guía ideológica a la ciudadanía, formar gobierno (cuando ganan las elecciones), preparar y seleccionar a los cuadros políticos que compiten por los puestos de elección popular, así como para canalizar las demandas ciudadanas en los sistemas políticos. El parlamento es el hábitat natural de los partidos políticos y su exclusión los debilita y obliga a buscar aliados fuera del sistema. Un ecosistema político más pequeño también limita la cantidad de actores presentes en el Congreso y ello dificulta la canalización institucional de la creciente diversidad de demandas sociales.
La primera reacción a la propuesta de aumentar el tamaño del Congreso es rechazarla por su alto costo económico. El presupuesto ordinario de la Asamblea Legislativa, según el Ministerio de Hacienda, para el año 2018 fue de ₡36.715 millones. Si uno supone simplemente que se va a duplicar la cantidad de curules, esto es a 114 diputaciones, y asumiendo que los costos totales se duplican (lo cual no es necesariamente cierto), el nuevo presupuesto (₡73.430 millones) sería prácticamente igual al del TSE (₡68.223 millones) para ese mismo 2018 y aún sería muy inferior a los ₡114.749 millones que el país dispuso en 2018 para la administración penitenciaria que realiza el Ministerio de Justicia.
El deseo bienintencionado de abrir ríos de diálogo no es suficiente si nuestro sistema político y nuestra democracia no tienen el calado suficiente para encauzar las turbulentas aguas de las demandas ciudadanas. Una Asamblea Legislativa más grande y más eficiente permitiría una mejor canalización de los necesidades de los sectores y, sobre todo, fortalecería el debate político. Esto último no es del interés de algunos, quienes solo quieren que los cauces institucionales se desborden para pescar en los ríos revueltos del caos e imponer así su voluntad. Esos autoritarismos son nuestro mayor riesgo, bien vale una mayor inversión en democracia para evitar hundirnos en ese pesado lodo.
