En lugar de acusar, debatir

A la Vicerrectoría de Acción Social llegó una carta, una más con acusaciones contra el Programa Kioscos desde el actual Gobierno,

A la Vicerrectoría de Acción Social llegó una carta, una más con acusaciones contra el Programa Kioscos desde el actual Gobierno, en este caso por parte del Senara y del Ministerio de Agricultura, que se suman a una serie de misivas de la Junta Directiva de Fonafifo enviadas en meses anteriores. Extraña sobremanera que desde 2014 sean instituciones del Estado y no inversionistas o cámaras empresariales, como era usual, los que se “preocupen” por nuestro quehacer.

En el caso del Senara y el MAG se nos acusa de realizar acciones “belicosas”, “parar obras en el campo” y de “usar material tendencioso e inexacto” referido a proyectos de riego en el Pacífico Central. Sobre estas aseveraciones ya puntualizaremos en el momento y espacio adecuados.

En el caso de Fonafifo, llamó a cuentas al Vicerrector de Acción Social para que diera explicaciones acerca de nuestros cuestionamientos al mecanismo REDD en territorios indígenas y su proceso de construcción (http://www.semanariouniversidad.com/opinion/13331-indigenas-denuncian-irregularidades-de-representatividad-en-proceso-de-preparacion-a-redd.html).

La respuesta del señor Vicerrector fue invitarlos a debatir sobre el tema con las comunidades involucradas, por cierto aún esperamos después de muchos meses, la respuesta por parte de Fonafifo a dicha invitación.

La misma forma ha operado: por medios oficiales, incluso extraoficiales, se le externa una queja a una jefatura, pero no solicitando un espacio de diálogo directo con los docentes responsables del Programa Kioscos donde se expongan las discrepancias o se conozca a fondo nuestro quehacer académico.

Kioscos Socioambientales tiene claro su papel académico-universitario desde donde hemos realizado diversas actividades para el diálogo a lo interno de las comunidades y con instituciones, por ejemplo las audiencias con el Ministro de Ambiente y comunidades de la zona norte afectadas por el monocultivo de piña, conversatorios entre la presidencia del AyA y dirigentes de Asadas y de igual forma, en el caso de Guacimal, donde atendimos una mesa de diálogo por invitación del Gobierno de Costa Rica.

Como ya lo hemos expuesto en esta columna, lo que presenciamos es un extravío del rumbo que suponía este Gobierno “del cambio” en política ambiental y comunitaria: el engaño con la moratoria de la piña (promesa aparecida en el PACto Ambiental), las fallidas negociaciones en Salitre y sus graves consecuencias para las mujeres indígenas, el cuestionado proyecto de riego en Pacífico Central, indagaciones de la Comisión de Control y Gasto Público contra Fonafifo (www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/55219/516/fonafifo-hace-pinata-con-recursos-publicos), la incapacidad del Gobierno de atender el conflicto de Chánguina como un problema agrario (ya aceptado por el Ministro de Presidencia), entre muchos otros.

Sin embargo, para Kioscos sí resultó ser el gobierno “del cambio”, porque lo cierto es que nunca antes habíamos recibido este tipo de presión por el Estado. Durante los dos gobiernos anteriores la cartas llegaban de empresas como Industrias Infinito, PH Parismina, Cámaras de Ornamentales, y de Productores de Piña o del Grupo Intelego en Bahía Cocodrilo y Puerto Jiménez; representantes de la Marina Puerto Viejo, interesados en minería en Talamanca o de los interesados en el desarrollo inmobiliario de la Fila Costeña (Semanario UNIVERSIDAD, 19 -5- 2009).

Todas fueron presiones y amenazas solapadas. Ninguna se concretó en una acción legal pero se dan en un contexto donde cada vez más defender el ambiente o los derechos comunitarios implica estigmatización, judicialización, amenazas, ataques y muerte.

El proyecto de riego en el río Veracruz ha sido paralizado por orden de la sala IV por la violación de la Constitución, gracias a la acción emprendida por la comunidad de Guacimal autónoma y con capacidades propias de hacer valer sus argumentos, sin embargo por este caso se nos tilda que hemos sido “tendenciosos e inexactos”.

Lo paradójico es que la mayoría de jerarcas de las instituciones aludidas son exacadémicos de la UCR, por tanto deberían conocer y respetar los límites de la autonomía universitaria, asumir su envestidura actual y finalmente no recurrir a la queja sino a la discusión, espíritu del ejercicio académico. Acusar no, debatir sí. Así ¡sí se vale!


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