Los vacíos del Consejo Universitario

La discusión del Consejo Universitario de la UCR sobre el visto bueno del Rector, en el financiamiento de la plaza que ocupó su hija

“El peor código sirve como anestesia para que la conciencia ética

no les desvele demasiado”.

Fernando Savater

La discusión del Consejo Universitario de la UCR sobre el visto bueno del Rector, en el financiamiento de la plaza que ocupó su hija en el Centro Infantil Laboratorio, es de reflexión obligatoria para la comunidad universitaria, máxime cuando el acuerdo tomado terminó con empate a seis votos.   La decisión de la Directora de desempatar por el llamado “voto de calidad” o doble voto, al considerar que no existe normativa institucional para valorar la actuación de la rectoría, es inconsistente al tratarse de  un tema conflictivo que merece una respuesta  transparente dentro y fuera de la Institución.

El Consejo Universitario tomó como referencia el dictamen de la Contraloría Universitaria, que en la conclusión número 8  señala a propósito de la partida presupuestaria para el nombramiento de la hija del Rector, que fue aprobada “directamente por el Dr. Henning Jensen P. a pesar de encontrarse ante una causa de impedimento en razón de la relación de parentesco existente entre ellos, conforme lo establecen los controles preventivos que se han incorporado a la normativa nacional”.

Sin valorar  la afirmación categórica de la Contraloría, “una mayoría” del Consejo Universitario decide archivar el caso y darle la espalda a la polémica desatada tanto en la Universidad como  en la  comunidad nacional, haciendo caso omiso de los “controles preventivos” mencionados en el ámbito nacional y de  la Asamblea Colegiada Representativa,  instancia superior al Consejo Universitario.

El vacío legal señalado por el Consejo Universitario, para resolver sobre el proceder del Rector,  borra de un plumazo toda la legislación vigente al respecto tanto dentro de la Universidad como fuera de ella. Recordemos que el Consejo Universitario es un órgano legislativo pero también fiscalizador de la gestión universitaria.  Además, tanto el dictamen de  la Contraloría como el de la Oficina Jurídica  subrayan “el impedimento o deber de abstención para conocer y resolver en casos donde existe relación de parentesco…”, impedimento claramente señalado en el reglamento del Consejo Universitario: “las personas miembros del Consejo estarán impedidas para conocer asuntos de la Institución en que tengan relación directa, ellos o ellas o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad…”.

En el ámbito nacional  la Constitución Política y  la Ley General de Administración Pública, son contundentes en cuanto a la exigencia de probidad en la función pública, en donde debe prevalecer el interés general sobre los intereses particulares.

La Universidad de Costa Rica debe mantenerse firme en los principios que la sustentan como  propulsora “de una conciencia creativa y crítica”, que “busca de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza…”, que impulsa en sus estudiantes “todos los campos del saber que integran una cultura humanística”.  El silencio, el archivar la discusión sobre acciones que  más allá de lo legal tocan principios éticos fundamentales, es un grave error que le hace daño a la comunidad universitaria y al país, al cual nos debemos como “conciencia lúcida de la Patria”.   No podemos hablar   de “vacío legal” de manera precipitada y absurda, en una situación en que la legalidad y la moralidad  están íntimamente vinculadas.  Al final, el acuerdo del Consejo ha dejado vacíos innecesarios y contraproducentes.

Se ha hablado de “campaña de desprestigio” para el Rector y la Universidad y de debilitamiento de “la legitimidad democrática de la institución.”   La verdadera “campaña de desprestigio” comienza cuando se pretende eludir la rendición de cuentas de la Universidad pública más importante del país, debilitando así “su legitimidad democrática.”

En el mejor espíritu kantiano, “puede suceder que el soberano, apartándose de la razón cometa injusticia”, que un comportamiento cuya legalidad se ha forzado,  puede ser al mismo tiempo inmoral, pues la mera legalidad  (más aun si esta ha sido manipulada ) no exige el compromiso de la virtud.

Se han dado ya reuniones de Conare para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, en la que se busca alcanzar un porcentaje suficiente para becas, equipo y mejora en las instalaciones.   Nuestra Universidad debe llegar a la mesa de negociación con la solidez de sus años de existencia, reafirmando sus principios de transparencia, su deber de probidad y de conciencia lúcida.


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