Sin duda alguna si alguien pensó en impulsar alguna vez esta o aquella medida de la llamada “economía solidaria”, el chasco en tiempos de pandemia no tiene parangón en la historia del país. En virtud de los viejos Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica (UCR), benemérita de la Educación Superior, supimos quiénes verdaderamente gobernaban desde los tiempos coloniales, con el látigo en la mano –por mandato de Dios- para que los “salvajes” de estas tierras se acomodaran a los goces de la Europa cristiana y “culta”; aunque a decir verdad luego establecieron otras instituciones de control social, como el Cabildo, entre otras, con resultados más efectivos y menos dantescos, en cuanto la perpetuación del poder político y económico.
El COVID-19 tiene la virtud de retratar de cuerpo entero la sociedad a la que pertenecemos y los intereses a los que estamos inmersos. Uruguay, por ejemplo, no aplicó baile ni martillo y salió de la cuarentena voluntariamente la semana pasada por dos razones concretas: su sistema sanitario soportó las exigencias de la pandemia y su Gobierno, pensando en quienes perderían empleos, cancelarían deudas y necesitaban techo y vestido, financió de inmediato la emergencia con solo un impuesto del 20% a todos los ingresos mensuales mayores de $1.800. Es decir, no solo ministros, jueces, jefes de instituciones, sino también por concepto de otros ingresos como dietas.
Sin embargo, oyendo a la subjefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Karina Niño (Noticias Repretel mediodía 1/7/2020), la ruta trazada por nuestro país es mantener intocable los grandes ingresos y dietas no solo en el plano estatal.
En este sentido, recientemente el presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR), Ennio Rodriguez, golpeó la mesa al Partido Acción Ciudadana (PAC) por considerar que oficialmente hace falta una hoja de ruta frente a la crisis (https://cambiopolitico.com/carta-del-colegio-de-ciencias-economicas-al-presidente-del-congreso/122454/). Este colegio, junto a las escuelas de economía, son claves para entender con plenitud la “hoja de ruta” y lo ocurrido en el país en las últimas tres décadas desde la firma de aquel Primer Ajuste Estructural (PAE I) impulsado por el hoy finado Luis Alberto Monge Alvarez.
Lo singular del asunto es que el PAC se las ingenió para orear unos cuantos trapos sucios con el manejo de dineros y gastos en cenas, hoteles y boutiques realizados por la Junta Directiva del CCECR y su directora ejecutiva Zoila Víquez (https://amprensa.com/2020/06/cenas-costosas-ropa-de-boutique-y-hotel-de-lujo-se-pago-con-tarjeta-corporativa-del-colegio-de-ciencias-economicas/ ). No es la primera vez que a don Ennio le toca “bailar con la más fea”: en el último gobierno de Oscar Arias renunció como presidente del Banhvi “por almuerzo de ¢627.000” (http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/05/pais1864593.html). A lo anterior se suma que solo en el período fiscal anual, cerrado en 2019, ese colegio gastó más de ¢3.000 millones (https://www.colegiocienciaseconomicas.cr/documentos/asamblea/memoria-anual-2019.pdf). Un 70% de ese monto por concepto de servicios personales y no personales (bailes navideños, fiestas familiares, día del padre y la madre, Junta Directiva, Fiscalía, etc.), invirtiendo solamente un 30% en actividades de mayor significado social, como beneficio por fallecimiento y desarrollo profesional. El monto de cuentas en bancos cerró en la cifra de ¢3.097 millones y el patrimonio superó los ¢6.409 millones.
Estos gastos no serían contrastantes con la situación en época de pandemia si Rodríguez no hubiera llamado al gobierno del PAC a la austeridad, a reducir el gasto y a disminuir el déficit fiscal ante la delicada situación económica.
¿Con cuánto contribuyeron los colegios profesionales con los principios de la llamada “economía solidaria” en tiempo de pandemia? Quienes saben sobre esta ciencia, entenderán que su solidaridad radica en poner a la persona por encima del lucro desbocado.
Sin embargo, que no cunda el pánico, porque la Contraloría General de la República ya “alertó” sobre los riesgos del plan de ley de economía solidaria (La Nación 30/6/2020). El 1% del IVA sobre los alimentos elementales de la canasta básica es por necesidad frente al contrabando y un asunto de trazabilidad, según nos ilustró la diputada Niño.
Para Eric Ulate, defensor de los consumidores, es inaceptable el impuesto a los alimentos como los de la canasta básica, mientras que el secretario General de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, considera que unos 28 proyectos sobre economía que esperan trámite rápido en la Asamblea Legislativa seguirán golpeado a los empleados estatales.
¡Cuidado: ni se le ocurra protestar, aunque sea con una hoja de ruta, le da COVID-19!
