A raíz del excelente artículo de Ifigenia Quintanilla: “¿Siete esferas a cambio de qué?”, publicado en redes sociales y que nos recuerda que las esferas de piedra son un símbolo nacional, cuya presencia en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa debe retribuir en algo a los pueblos indígenas, verdaderos propietarios de dichos símbolos, recordé parte de mi gestión con pueblos y territorios indígenas, como funcionario de planificación eléctrica del ICE ante autoridades y verdaderos señores indígenas costarricenses. Recuerdo, en Suretka, al bribri don Alejandro Swabi; en Quetzal, al cabécar don Oldemar Salazar; en Térraba, a don Enrique Rivera; en Curré, a don Daniel Leiva y a Hugo Lázaro, como líder emergente.
El Gobierno de Costa Rica solicitó y recibió una visita del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) James Anaya en el año 2011, para evaluar y elaborar recomendaciones en el caso de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís. El relator Anaya expresó preocupación sobre la forma en que se buscó el objetivo para lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. No se logró establecer un ambiente de confianza entre las partes. Yo agrego que fruto de una precipitación inicial del ingeniero Hernán Fournier, continuada por el ingeniero Carlos Obregón, por canalizar permisos y consultas al pueblo Térraba por medio del cuestionado líder Genaro Gutiérrez, no fue posible mostrar ninguna propuesta de compromiso o Política Institucional Indígena ni divulgar estudios ya completados.
Lo anterior suscitó críticas y desconfianza en contra del ICE, quizás la institución nacional más interesada en lograr acuerdos con pueblos indígenas. Se perdió la disponibilidad, casi unánime, de los dirigentes indígenas para entrar en un diálogo y buscar fórmulas para proteger sus derechos y compartir los beneficios de proyectos que los afectan directamente.
Esta situación de vacío de política o compromiso con los pueblos indígenas y la necesidad de una consulta adecuada podrían aportar detalles a la imagen objetivo que planteo en mi libro: Costa Rica, Geografía del futuro, un ensayo de imágenes objetivo, que reitera la necesidad histórica de desconcentración y descentralización del Estado costarricense y propone una regionalización oficializada, de nueve provincias o regiones con sus correspondiente Consejos de Desarrollo Regional o Provincial (CDRP) debidamente instalados.
Dentro del marco de la Ley Nacional de Planificación (N°5525), el subsistema regional sectorial podría complementarse con Consejos Indígenas Regionales reconocidos y avalados por la Mesa Indígena Nacional de Costa Rica, como instancia representativa y no estatal de los pueblos indígenas. En el marco de los CDRP, deberían ser presentados y consultados los proyectos de Gobierno, identificados por las instancias del Estado y susceptibles a afectar territorios indígenas.
En caso de implementarse la ejecución de dichos proyectos se deben acordar, siempre en el marco de los CDRP, las correspondientes acciones de seguimiento y auditoría de dicha inversión pública. Todo lo planteado sería posible, mediante una reforma de las leyes del Sistema Nacional de Planificación y de División Territorial Administrativa, para darle viabilidad a la consulta indígena en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Volviendo al artículo de Ifiguenia, el Museo Nacional dispuso de las esferas precolombinas y las trasladó al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa sin negociar una retribución política por parte del Estado hacia los territorios y pueblos indígenas. Por supuesto que la aprobación del proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas sería una excelente compensación, como lo sugiere la arqueóloga Quintanilla.
Hay señores indígenas respetables y dispuestos, junto a jóvenes indígenas universitarios inteligentes y diestros en las nuevas tecnologías de comunicación digital, con los que se puede dialogar y hasta negociar un encuentro cultural, pendiente desde hace más de 500 años.
